El camino que Salvatore Mancuso ha trazado en busca de llegar a Italia

Salvatore Mancuso, uno de los mayores promotores del paramilitarismo en Colombia, es hoy una manzana de la discordia. Las autoridades judiciales del país quieren que venga al país, donde, a pesar de que cumplió con los requisitos de Justicia y Paz y ha sido condenado por esa vía, aún tiene cuentas pendientes por saldar. Si no fuera por ese programa de justicia transicional que promovió el gobierno Álvaro Uribe para lograr la desmovilización de los “paras”, a Mancuso lo esperarían más de 30 sentencias de la justicia ordinaria por más de 40 años en prisión, por delitos tan graves como homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura y actos sexuales violentos, entre otros.

El gobierno, según ha dicho el presidente Iván Duque, también quiere que venga al país, aunque el tema, que parecía tan fácil, se ha enredado más de la cuenta. El 16 de marzo de este año, cuando Mancuso estaba a nueve días de terminar de pagar su pena en Estados Unidos, el Juzgado 18 de Ejecución de Penas de Bogotá le envió al Ministerio de Justicia un oficio para que este iniciara la solicitud de extradición del exjefe “para”. Ese mismo juzgado había librado dos órdenes de captura en contra de Mancuso en marzo de 2018, a raíz de una condena en su contra a 27 años de prisión por secuestro extorsivo, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca.

El asunto se convirtió en toda una discusión jurídica sobre el tiempo que Mancuso ha pasado en prisión frente a la pena alternativa de ocho años en prisión que ya tiene ejecutoriada en Colombia; sobre cuánto del tiempo que ha estado en Estados Unidos se reconoce como parte de esos ocho años; sobre procesos por fuera de la justicia transicional que estaban por resolverse y sobre información de los expedientes que, alegaron los abogados de Mancuso, ellos no tenían. El Gobierno inició la solicitud de extradición, pero el 15 de julio pasado, esas órdenes de captura perdieron validez, tras una solicitud de la defensa de Mancuso que avaló una jueza de la República. (‘Las AUC fueron engendradas, auspiciadas y entrenadas por la Fuerza Pública’: Mancuso)

Cambio de planes

La petición de la defensa de Mancuso se apoyaba en tecnicismos, pero el hecho es que las órdenes de captura quedaron sin piso y el Gobierno, sin sustento para pedir su extradición. Lo que no se sabía es que, para ese momento, Mancuso ya había echado a andar en Estados Unidos unos planes muy diferentes. Según documentos que conoció El Espectador de la Corte para el Distrito de Columbia, que sentenció en 2015 al exjefe paramilitar a 15 años de prisión por narcotráfico, este pidió desde el 11 de febrero de este año ser deportado a Italia una vez cumpliera su sentencia. En ese momento, estaba a un mes de ser un hombre libre, pero la pandemia del COVID-19 cambió su rumbo en un abrir y cerrar de ojos.

Las cárceles estadounidenses se convirtieron en un foco de contagio del nuevo coronavirus. Según el portal especializado Prison Insider, en esos centros penitenciarios hay más de 2,3 millones de reclusos, de los cuales 93.000 han arrojado resultado positivo en los test de COVID-19. En otras palabras, por cada 24 internos, uno ha estado contagiado. Esa crisis sanitaria llevó a que otros detenidos en Estados Unidos, como Daniel Rendón Herrera (alias don Mario), pidieran ser trasladados a otros lugares mientras la pandemia amainaba, petición que fue rechazada. Mancuso tampoco estuvo exento: en mayo, cuando se le esperaba para una audiencia virtual en Colombia, se supo que tenía coronavirus.

El 27 de marzo de este año, Mancuso quedó en el Centro de Detención Irwin County, en el estado de Georgia, bajo tutela del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Y esta agencia, a su vez, emitió el 15 de abril la orden administrativa que él más esperaba: la aprobación para que fuera enviado a Italia. Mancuso, por su parte, dice el documento, se encargó de hacer los trámites necesarios para acelerar la obtención del pasaporte y los arreglos de viaje necesarios para su traslado a Europa. Dos años atrás, en abril de 2018, el exjefe paramilitar había pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que lo admitiera. Esta rechazó su petición en junio de este año, cuando ya su plan de irse para Italia estaba en marcha.

Mancuso le dijo a la justicia estadounidense que, gracias a su cooperación judicial, en Colombia resultaron salpicados más de 50 congresistas, gobernadores, alcaldes y militares; que había otros con investigaciones pendientes, “incluido un expresidente” –se estima que se refería a Álvaro Uribe, el único exjefe de Estado a quien Mancuso se ha referido–, un embajador y otros políticos poderosos “con ganas de silenciarlo y de emprender retaliaciones en su contra por lo que ha revelado”. Sus delaciones, aseguró Mancuso, han causado secuestros y asesinatos de miembros de su familia, pues se hizo a “grandes enemigos”, entre ellos “altos funcionarios del partido de Gobierno en Colombia”.

Su exesposa y sus hijos, agregó, consiguieron asilo y están en Estados Unidos. Se sobreentiende que ellos viajarían con él a Italia, país del cual Mancuso ostenta la nacionalidad. Mancuso se contactó con el Consulado italiano en Miami para garantizar que tendría a mano un pasaporte de emergencia en el momento en que pudiera viajar, pero allí encontró una primera traba: la agencia ICE, contrario a sus deseos, le pidió al Consulado que hiciera una pausa en la expedición del pasaporte. Su argumento fue que Mancuso no iba a viajar durante los próximos 30 días, tiempo en el cual expira la vigencia de un documento de esa naturaleza.

Los padres de Mancuso certificaron que correrían con todos los gastos para que este pudiera viajar a Italia de inmediato. ICE señaló que debería viajar con al menos dos escoltas de seguridad, ellos dijeron que cubrirían esos costos también y que Estados Unidos no tendría que pagar ni un centavo de más por su hijo. Ambas ofertas, sin embargo, fueron rechazadas. El 10 de junio, cuando estaban por cumplirse los 90 días que, se suponía, tardaría en ser deportado, y al ver que esa deportación estaba aún lejos, Mancuso propuso algo más: que lo vincularan a un programa de detención alternativa y que quedara en libertad bajo supervisión. Argumentó, entre otras, los efectos del COVID-19 sobre su salud. (“A él le aterra un posible regreso a Colombia”, abogado de Salvatore Mancuso)

La agencia ICE, de nuevo, dijo que no. “ICE considera que el señor Mancuso puede ser una amenaza para la salud pública debido a la naturaleza de su sentencia”. Es decir, por haber sido condenado por narcotráfico, ese organismo federal deja ver que hay por lo menos un temor de que el exjefe paramilitar vuelva a recurrir a esa actividad ilícita y, de paso, afecte a los ciudadanos estadounidenses que consumen drogas. Dos semanas después de hacer la solicitud fue transferido al Centro de Detención Robert A. Dayton, también en Georgia, después de que llegara una solicitud de arresto con miras a extradición, pero un juez desestimó el pedido y volvió pronto a Irwin County.

Para ese entonces, aún no se veía una ruta clara para para transportarlo a Italia como él pedía. Entre julio y agosto 7 de este año, Mancuso escribió cartas y correos y participó en videollamadas para que la agencia ICE estableciera su ruta de partida a Italia, sin éxito. Mientras tanto, en Colombia, el tema empezaba a generar bastante inquietud. El 11 de agosto pasado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá estructuró un documento de 155 páginas, repleto de soportes, para librar una nueva orden de arresto en contra de Mancuso, y exhortó al Ministerio de Justicia a que tramitara otra solicitud de extradición para asegurarse de que el exjefe “para” volviera a Colombia.

El Tribunal elaboró su documento con base, incluso, en los ofrecimientos de información que el propio Mancuso ha hecho en versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz. En una de esas diligencias ofreció para reparar a las víctimas la sociedad L’enoteca, que alguna vez fue un próspero restaurante y vinería italiana en Cartagena y que pertenecía también a otro ciudadano italiano: Giorgio Sale. Este, que falleció en 2015 en Cartago (norte del Valle) por un cáncer, fue clave en la vida de Mancuso hacia el año 2004, cuando, todo indica, estaba ayudando al exjefe “para” con el fin de buscar vivienda y negocios en Italia con los que Mancuso y su familia pudieran establecerse allí. (“Camilo”, el segundo de Mancuso que estuvo prófugo 10 años con cédula falsa)

Para esa época, Mancuso hacía parte de los negociadores por las Autodefensas en Santa Fe de Ralito. Fue, al fin y al cabo, la mano derecha de Carlos Castaño Gil en la expansión de su proyecto paramilitar, que lo llevó de comandar estos grupos ilegales en la costa Caribe a hacerlo en Norte de Santander (frontera con Venezuela), con el Bloque Catatumbo, en el marco de una estrategia en la que el narcotráfico tuvo todo que ver. El 10 de diciembre de 2004 se desmovilizó junto con el Bloque; dos semanas atrás la Corte Suprema había aprobado su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Pero esa solicitud la frenó el gobierno Uribe, hasta que en mayo de 2008 dio luz verde.

“Conmigo extraditaron la verdad”, afirmó Mancuso un año después.

Interpol te busca

En la decisión el Tribunal de Bogotá se lee que “esta Sala considera improcedente la cancelación de la orden de captura con fines de extradición […] por cuanto solo la vigencia de la misma, le permitiría a esta jurisdicción garantizar que un postulado extraditado quede a disposición del sistema de justicia transicional interno, por cuenta de las sentencias que se han proferido en su contra”. Dos días después de que se profiriera, Mancuso divulgó un audio en el que aseguró que reiteraba su “compromiso inquebrantable, inamovible con las víctimas, las autoridades judiciales, el país, con la paz de Colombia, con la verdad”. Una semana atrás, había enviado una segunda solicitud de un pasaporte italiano de emergencia.

En Colombia, los ánimos siguieron caldeándose. Paralelo a las insistencias de Mancuso en Estados Unidos por ser deportado a Italia, el dirigente conservador Álvaro Leyva, uno de los artífices del Acuerdo de Paz con las Farc, envió una carta el pasado 20 de agosto en la que le pidió a Mancuso –y, de paso, a Rodrigo Londoño, alias Timochenko– que diera “los pasos pertinentes con el propósito de que las víctimas y la opinión nacional conozcan de manera directa la verdad que está por relatarse. Sugiero, con la mayor consideración, que, con la aquiescencia de la Comisión de la Verdad, se recurra a medios de difusión que permitan que quienes quieran escucharlos lo puedan hacer”.

El presidente Duque, por su parte, empezó a moverse también. Aunque en una reunión que tuvo con funcionarios del gobierno Trump esta semana no mencionó el caso Mancuso en lo absoluto, según reportó Joshua Goodman, periodista de la agencia AP, la Cancillería notificó este 20 de agosto que presentó una nueva solicitud de detención y extradición de Mancuso, con base en la decisión del Tribunal de Bogotá del pasado 11 de agosto. “Salvatore Mancuso tiene graves deudas pendientes con la justicia colombiana (…) “Sus crímenes no quedarán en la impunidad”, manifestó el presidente Duque. El saliente defensor del Pueblo, Carlos Negret, también ha dicho que si Mancuso se va a Italia, pierden las víctimas.

Mancuso le ha dicho a EE.UU. que si regresa a Colombia podría ser hasta torturado. “El gobierno colombiano está buscando desesperadamente una corte, cualquier corte en Colombia, dispuesta a prestar su autoridad para esta campaña desesperada; una nueva orden de arresto contra el señor Mancuso Gómez se necesitaba sin importar las violaciones al debido proceso”, alegaron en Estados Unidos sus abogados. Su argumento es que, en Colombia, los jueces están cediendo a la presión gubernamental para traer a Mancuso de regreso al país. “El riesgo de permitir que el señor Mancuso Gómez siga revelando la verdad y confrontando testigos es enorme, y también lo es el deseo de la retaliación en su contra”.

Por eso, hace unos días, Mancuso y sus abogados radicaron otro recurso para pedir su deportación inmediata a Italia. Explicaron que han agotado todos los recursos a la mano sin que haya una respuesta definitiva, que ha habido una demora sin fundamentos. Para ello, Mancuso contrató a un pull de litigantes especializados en temas migratorios; solicitud a la que le acaba de surgir un enorme obstáculo: el gobierno colombiano notificó que, en contra del exjefe paramilitar, quedaron vigentes tres circulares rojas de la Interpol. Ello significa que si él es ubicado en alguno de los 194 países que conforman esta policía internacional, deberá ser detenido y remitido a Colombia. Italia está en ese listado.