“Que si está la manga no aparezca el chaleco”. Estas palabras, ya famosas, hacen parte de una conversación que sostuvieron el coronel Luis Carlos Sadovnick, ya fallecido, y el coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, durante el holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. En ella, Sánchez, entonces jefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, le dijo a Sadovnick, subcomandante de esa unidad, que tenía detenida a una abogada sospechosa de pertenecer al M-19. Fue en ese momento que Sadovnick lanzó su sentencia. Para el Juzgado 52 de Conocimiento de Bogotá, lo que hizo Sadovnick fue claro: ordenarle a Sánchez, encargado del manejo de quienes parecieran sospechosos, que la desapareciera.
Según el juez 52, de la abogada nunca se supo su nombre ni su paradero. ¿Acaso Sadovnick y Sánchez Rubiano hablaban de Irma Franco, la guerrillera del M-19 que había estudiado derecho?
Sánchez Rubiano sabía que a las personas no identificadas plenamente, “los sospechosos”, debía mantenerlos aislados, incomunicados, afirma el fallo. Sabía perfectamente, como comandante de inteligencia de la Brigada 13, que se estaban poniendo filtros a los evacuados con el propósito de identificar a eventuales miembros o colaboradores del M-19. Que para cuando se dio la conversación ya había por lo menos una mujer identificada, “señalada por todo el personal en la Casa del Florero como parte del grupo asaltante”. Y era consciente de que “el destino de esa persona debía ser ocultado. Que esa persona debía desaparecer, ante lo cual simplemente acusó el recibido y lo dio por entendido”, dijo el funcionario judicial en el fallo de 479 páginas divulgado ayer.
Para llegar a esta conclusión, el juez le dio validez a varios testimonios que, valga decirlo, fueron desechados por la Corte Suprema de Justicia en el fallo en el que absolvió al coronel (r) Alfonso Plazas Vega hace menos de un mes. Por ejemplo, las declaraciones del cabo (r) Édgar Villamizar y del abogado César Augusto Sánchez Cuesta. De la misma forma se tuvieron en cuenta las declaraciones del mismo Plazas Vega y del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada 13 y condenado a 35 años de prisión por estos hechos, quienes indicaron que Sánchez Rubiano fue el encargado de identificar e interrogar a los evacuados que los militares señalaban de pertenecer al M-19.
Con estas declaraciones, y con base en otras pruebas, el juez condenó a Sánchez Rubiano a 40 años de prisión por las desapariciones del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez, y de un mesero, Bernardo Beltrán Hernández, sobre quienes se tiene certeza, dijo el juez, de que salieron vivos del Palacio de Justicia y ahora se encuentran desaparecidos. Lo mismo dijo de Irma Franco. En lo que a los otros ocho desaparecidos se refiere, el juez le ordenó a la Fiscalía iniciar una nueva investigación para esclarecer lo sucedido con ellos.
Sánchez permitió, según el juez “con su anuencia y complacencia”, que se desapareciera a estas dos personas, “desaparecer el chaleco”, pues, de lo contrario, “sabiéndose responsable directo de las personas evacuadas del Palacio de Justicia, y en especial de los sospechosos, hubiera hecho algo, tomado alguna precaución, para evitar la consumación de las órdenes irregulares y garantizar la seguridad de esas personas”.
De la misma forma, el juez 52 indicó que, teniendo en cuenta la sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por estos hechos, tanto la Fiscalía como las víctimas estaban “en libertad” de adelantar las acciones necesarias para dejar sin efecto una decisión de la justicia penal militar que exoneraba a Sánchez Rubiano por la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco.
“La Fiscalía deberá estudiar la posibilidad de reiniciar la investigación en contra de Sánchez Rubiano por ese hecho en particular, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas”, sostuvo el juez, quien, además, condenó al mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez, mano derecha de Sánchez Rubiano durante el 6 y el 7 de noviembre de 1985, por las desapariciones de Rodríguez y Beltrán, así como por la desaparición de Irma Franco. Para el juez no hay duda de que Vásquez hizo parte de este “designio criminal”.
El juez 52 de conocimiento concluyó que tanto Sánchez como Vásquez, en su calidad de oficiales de las Fuerzas Militares, sabían que estaban obligados a proteger a todas las personas, incluso a los guerrilleros del M-19 desarmados y puestos fuera de combate. “Que derrotar al enemigo no significaba exterminarlo, suprimirlo, desaparecerlo”. El coronel (r) Sánchez Rubiano afirmó en declaraciones a Blu Radio que esto es una gran injusticia, que él es un hombre condenado sin pruebas. Ahora es turno del Tribunal Superior de Bogotá decidir si hubo tal injusticia o si la condena se mantiene en firme.