Este miércoles se iniciará formalmente el juicio contra cuatro militares adscritos del Batallón Antiaéreo Nueva Granada por su presunta participación en los hechos que rodearon el asesinato del sindicalista Alejandro Uribe Chacón, integrante de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol).
Los uniformados serán acusados ante el juzgado tercero penal de Cartagena del delito de homicidio en persona protegida por los hechos registrados el 19 de septiembre de 2006, en zona rural del municipio de Morales, departamento de Bolívar.
Según los abogados de los familiares de la víctima, existen pruebas testimoniales que vinculan a los soldados con el asesinato del dirigente de la Asociación de Mineros del Bolívar y presidente de la Junta de Acción Comunal de la comunidad de Mina Gallo quien fue presentado como guerrillero abatido en combate.
“Unos testigos informaron de que habían visto a los soldados llevar su cadáver en dirección a una base militar de San Luquitas, municipio de Santa Rosa”, precisa uno de los testimonios que fueron tenidos en cuenta para llamar a juicio al capitán, al sargento viceprimero y los dos soldados profesionales.
Igualmente un grupo de testigos manifestaron que el hecho se presentó en el marco de una serie de amenazas hechas por militares en contra de los sindicalistas que habían protestado por la presencia de las empresas mineras internacionales en la zona.
Las pruebas documentales allegadas indican que el sindicalista murió después de recibir seis impactos de bala, dos de esos disparos, según el informe de balística de Medicina Legal “fueron a corta distancia, es decir, a menos de un metro y medio se encontraban la víctima y el victimario”.
Además el CTI dejó establecido que por la “dirección de las trayectorias, es posible que la víctima se pudiera encontrar en una posición bastante inferior respecto a la ubicación del tirador o se encontraba agachada o tendida en el piso en el momento de recibir los disparos”.
Por estos mismos hechos la Procuraduría General archivó la investigación porque estableció que, de acuerdo con el material probatorio, la muerte del líder campesino “se vería más como un daño colateral por el accionar del Ejército ante la ejecución de una orden de operaciones debidamente planeada a efectos de controlar el área, sin que se tuviera conocimiento de que allí había civiles”.