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Camilo Bula ya empezó a colaborar con la justicia para develar todo cuanto sabe del escandaloso episodio de la Dirección Nacional de Estupefacientes y, formalmente, en diligencia de interrogatorio ante un fiscal especializado, destapó sus cartas para pedir un principio de oportunidad y convertirse en testigo estelar de este caso. Al primero que echó al agua fue al expresidente del Congreso Javier Cáceres Leal —condenado por sus vínculos con los paramilitares a nueve años de prisión—, de quien dijo que recibió $1.000 millones de Bula como resultado de maniobras ilegales en la administración de bienes decomisados a la mafia.
Bula, exfiscal antimafia, fue capturado en enero pasado luego de que la Fiscalía lo acusara de haber ocasionado la pérdida de más de $20 mil millones durante su gestión como depositario de la DNE. Por esa razón le imputó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, peculado por apropiación y prevaricato. Ante la avalancha de evidencias en su contra, Bula no dudó en negociar con la Fiscalía y ya encendió su ventilador para señalar al exdirector de la DNE Carlos Albornoz, los congresistas Myriam Paredes y Álvaro Ashton, y el detenido exsenador Javier Cáceres. Su marco de colaboración, por ahora, se concentra en esos cuatro nombres.
En su primera sesión de interrogatorio, el pasado 25 de abril, Bula básicamente concentró su testimonio en Cáceres. Según señaló, a través de la empresa Promociones y Construcciones del Caribe y Compañía (Promocom), de Barranquilla, donde Bula fue nombrado liquidador, se realizaron operaciones ilegales con bienes de la mafia que terminaron en los bolsillos de Cáceres. Bula sostuvo que el abogado Fernando Navarro era el enlace del entonces influyente senador cartagenero para realizar estas maniobras ilícitas, pues buena parte del dinero del ‘saqueo’ se consignaba en las cuentas personales de Navarro. Los depósitos supuestamente se realizaban desde una oficina de Barranquilla del Banco Colmena que quedaba muy cerca de la firma Promocom.
De acuerdo con su relato —que hoy es evaluado por un grupo de investigadores mientras se define la contundencia de sus confesiones—, cuando ingresó como depositario de la DNE a mediados de 2007, a Camilo Bula le ofrecieron liquidar unos bienes del extinto capo del narcotráfico Gonzalo Rodríguez Gacha, pero se negó a tomar este negocio porque le pareció peligroso. Ya para enero de 2008 el director de la entidad, Carlos Albornoz, lo nombró liquidador de varios bienes incautados a la familia Nasser Arana. Allí empezó el festín. Y, según reconoció el propio Bula, desde entonces supo de la mano larga de Javier Cáceres en la administración y venta de estos inmuebles y de otros.
Bula manifestó en su interrogatorio que Cáceres manejaba la mitad de la nómina de Promocom y que sus delegados en los negocios de liquidación de la DNE eran supervisados por el propio Bula y el abogado Navarro. “En la Dirección de Estupefacientes, según parece, a cada congresista le daban su tajada”, le dijo a este diario un investigador del sonado expediente. Aún más, el testigo contó de toda suerte de irregularidades en la venta del Centro Comercial Villa Country, de propiedad del clan Nasser Arana. Según la Contraloría, una de las joyas de la corona de estos señalados narcotraficantes se habría vendido por $3.644 millones menos de su avalúo catastral. Por eso el ente de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal por la presunta defraudación.
Además de estas reveladores confesiones, Bula soltó otra perla: dijo que en marzo de 2010, pocos días después de que Javier Cáceres fuera detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo parapolítico, él y Navarro fueron a visitarlo a la cárcel. Una vez allí, Cáceres pidió $100 millones para contratar un abogado para llevar su defensa. Según Bula, dicho dinero salió de un cheque de gerencia de la empresa Promocom con destino a una de las cuentas personales del abogado Fernando Navarro. Éste, a su turno, giró el dinero para cancelar los honorarios del defensor del congresista.
Otra de las graves acusaciones del exfiscal contra Fernando Navarro es que un hermano del abogado, Juan Manuel Navarro, estuvo trabajando en Promocom como administrador de unos edificios. Lo grave, según añadió el exfiscal Bula, es que Juan Manuel se murió pero supuestamente su hermano Fernando siguió cobrando el dinero de su trabajo. En esencia, Bula reseñó que Navarro era la ficha de Cáceres para este tipo de negocios. Asimismo, el testigo contó que lo hasta ahora denunciado en contra de la senadora nariñense Myriam Paredes es un juego de niños en comparación con las pruebas que él tiene sobre los bienes que le entregó la DNE a sus cercanos colaboradores.
De Paredes se sabe que la Dirección de Estupefacientes le dio a su hermano Luis Gonzalo Paredes Aguirre la administración de un centenar de bienes como la Comercializadora de Plásticos Andino y las sociedades Ario Ltda., Ja Barbosa y Compañía e Inversiones Rodríguez Ramírez. Cada una de esas sociedades tenía activos representados en locales, depósitos, parqueaderos y oficinas. En su momento la periodista María Jimena Duzán dio a conocer que el hermano de la congresista, quien ofició como depositario de la DNE desde el año 2008, jamás presentó informes de gestión o reportes financieros para respaldar sus actividades administrativas. Camilo Bula les dijo a los investigadores que lo acontecido con Luis Gonzalo Paredes era bastante poco en comparación con todo lo que se le dio a la senadora.
De la misma manera, Bula sostuvo que en su próxima versión, que se realizará este martes 7 de mayo, contará lo que sabe de Paredes y del congresista Álvaro Ashton. No obstante, antes de acabar su diligencia del 25 de abril pasado, dijo dos cosas muy graves: la primera, que a través de una empresa de viajes que manejaba la compra de tiquetes a Promocom y a la DNE, con dineros de estas entidades, fueron realizados viajes al exterior por parte de varios parlamentarios. Dicho de otro modo, con la plata de las liquidaciones o administraciones de los bienes incautados a la mafia, algunos congresistas terminaron de paseo. También aseguró Bula que el mejor amigo del exdirector de la DNE Carlos Albornoz era quien desde afuera ‘cuadraba’ los negociados y garantizaba las transacciones.
Fue tan extensa como sustanciosa la primera declaración que le entregó a la justicia Camilo Bula. Por último, les relató a los investigadores que fue testigo de cómo uno de los protagonistas del escándalo, hoy en detención domiciliaria, suele reunirse en el Pan Pa’ Ya que queda muy cerca de su edificio —violando las condiciones de su detención en su casa— con algunos congresistas inquietos que podrían terminar salpicados en este accidentado proceso. Y, para finalizar, Bula le dijo a la Fiscalía que sabía que un funcionario de ese organismo investigador le estaría entregando información privilegiada a Carlos Albornoz. La gravedad de la denuncia hizo que de inmediato se conformara un equipo del CTI para corroborar lo dicho por el testigo.
Este diario se comunicó el viernes pasado con el abogado Fernando Navarro, un conocido colaborador y amigo del excongresista Javier Cáceres, señalado por Bula. Su versión es totalmente contraria a la esbozada por el exfiscal. Según dijo, estas versiones no son otra cosa que una venganza porque en su momento le ayudó a Cáceres a documentar un debate que llevó a cabo en el Congreso en donde se denunciaron supuestos malos manejos de Camilo Bula en la administración de recursos del Estado para los reinsertados. Navarro recordó que hace una década Bula era el secretario privado del ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, y que habría tenido que ver con estos señalamientos.
“Por eso es absurdo relacionarme con él”, sostuvo. Añadió que en múltiples debates le colaboró a Cáceres para denunciar malos manejos en la Dirección de Estupefacientes y que lo que pretende Bula es crear una cortina de humo para cazar culpables mientras pasa de agache que se apropió de $20 mil millones del Estado. Un dinero que, según Navarro, invirtió en viajes, propiedades y carros de alta gama. El abogado informó que su hermano Juan Manuel sí trabajó en Promocom, pero que renunció un año antes de morir, en 2010, y qué “ridículo e indignante” que se afirme “que yo seguí recibiendo los sueldos de él aun después de muerto”. También desmintió que desde sus cuentas se le consignaran a Cáceres esos $1.000 millones que denunció Bula, ni tampoco los $100 millones para el pago de sus abogados.
“A Bula lo conocí por unas denuncias que hice sobre unos bienes en Barranquilla que pertenecían a los Grajales. Tuve que ir a la Fiscalía entonces y después nos vimos ocasionalmente. Pero, eso sí, nada de negocios tuve con ese señor. También es falso que yo era el puente con Cáceres para la DNE. Sí le puedo decir que yo le dije a mi hermano Juan Manuel en su momento que pidiera trabajo en Promocom y, efectivamente, él se presentó allá como mi hermano. Pero todo lo demás es mentira. Esto es una vergüenza. La plata para pagar a los abogados de Cáceres me la consignó a mi cuenta una gente de Cartagena que recogió $50 millones. Yo giré dos cheques por $25 millones. Lo hice porque siempre he sido su amigo, él no tenía familia en Bogotá y necesitaba mi ayuda. Bula es un mitómano”, dijo el abogado Navarro.
Y agregó enfático: “El lunes lo denunciaré en la Fiscalía por injuria, pero esto me hace mucho daño. Mire, estos tipos (Ómar Figueroa, exdirector de la DNE, y Bula) le han mamado gallo a la justicia desde hace dos años con el propósito de esconder el dinero del que se apropiaron. Sé además que han intentado extorsionar a mucha gente. La plata Bula se la robó con el señor Eliécer Santos, que manejaba cosas de los Nasser Arana. Bula es un enfermo por la mentira. Yo me he hecho mi patrimonio a pulso”. Por lo pronto en esto va este cruce de acusaciones. De otro lado, la senadora Paredes siempre se ha declarado ajena al escándalo, al igual que el congresista Álvaro Ashton. La Fiscalía, entre tanto, rastrea las informaciones aportadas por Bula y evalúa la efectividad de sus delaciones. Al margen de la controversia, lo cierto es que el caso de la DNE por fin empieza a moverse. Bula fue el primero en echarse al agua. ¿Lo seguirá Ómar Figueroa?
Albornoz y la investigación en la Procuraduría
La Fiscalía no es el único ente del Estado que está detrás de las presuntas irregularidades que se presentaron en la DNE mientras Carlos Albornoz se encontraba al mando de ésta. El pasado 11 de marzo, la Procuraduría abrió pliego de cargos contra el exfuncionario por posibles omisiones en el control y vigilancia de la función que estaban realizando dos de los depositarios de bienes de la DNE: Luis Vargas Vargas, depositario provisional del predio cafetero “La Argentina”, ubicado en zona rural de Manizales y Samira Villamil, encargada del hotel Chinauta Resort . Al parecer, el exdirector no tomó las medidas necesarias para mitigar las pérdidas que produjeron estos bienes mientras fueron administrados por Vargas y Villamil. Además, el Ministerio Público busca establecer si Albornoz cometió el delito de falsedad en documento público al expediren 2008 una certificación de liquidación de una sociedad un mes antes de que la firma fuera liquidada.
Nuevas imputaciones contra exdirectores de la DNE
Un nuevo caso de irregularidades en la administración de bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes encontró la Fiscalía. Por estos hechos el ente investigador imputará nuevos cargos contra los exdirectores de la entidad Carlos Albornoz y Ómar Figueroa.
Al parecer, la administración y venta de un predio de la DNE, la “Granja 32” se produjo de manera irregular y con el fin de favorecer a terceros. Este bien pertenecía al exnarcotraficante Guillermo Ortiz y su familia y desde los años 90 estaba en manos del Estado.Para la Fiscalía, Albornoz y Figueroa incurrieron en los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación y tráfico de influencias. Otras seis personas también son investigadas por estos hechos.
La Contraloría también entra al juego
La Contraloría prendió las alarmas por las desviación de fondos que presuntamente se produjo en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). En un informe presentado a inicios de 2013, el ente de control alertó acerca de que los predios y bienes incautados en la lucha contra el narcotráfico estarían siendo entregados en arriendo a amigos y familiares de los capos de la mafia. Asimismo informó que quienes los administraron bajo la figura de depositarios provisionales beneficiaron a terceros que tienen alguna relación con las personas a las que se les realizó el proceso de extinción de dominio del bien.
Las investigaciones de la Contraloría han apoyado los expedientes que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría en contra de los exdirectores Carlos Albornoz —quien está libre y afronta su juicio— y Ómar Figueroa —recluido en la cárcel La Picota (Bogotá)—. Según las cifras que ha presentado la Contraloría, las inconsistencias se presentan en bienes valorados en $142.000 millones. Además, uno de los informes presentados por la entidad dejan al descubierto que otros bienes incautados por la DNE están desaparecidos y las autoridades aún no han podido rastrear en qué lugar o en qué manos se encuentran.