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El pasado 30 de septiembre el fiscal delegado ante la Corte, Carlos Mejía Abello, dispuso la práctica de unas pruebas, el traslado de unos testimonios y las declaraciones de varios exjefes paramilitares extraditados, con el fin de mover el proceso contra el ganadero Santiago Uribe Vélez por el famoso caso de Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar que operó en Antioquia a mediados de los años 90. Hace ya más de un año que el hermano del expresidente Álvaro Uribe rindió indagatoria por estos hechos, pero todavía no se ha resuelto su situación jurídica.
El Espectador conoció el documento de la Fiscalía que ordenó, entre otras cosas, pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le envíe cuanto antes todas las declaraciones que reposan en el llamado expediente madre de la parapolítica donde aparece mencionado el ganadero Uribe Vélez. Así mismo, se dispuso tomar las versiones de los exjefes de las autodefensas Salvatore Mancuso, Juan Carlos El Tuso Sierra; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Ramiro Cuco Vanoy y Luis Alfonso Berrío, alias Poncho Berrío.
En las próximas semanas el fiscal Mejía se desplazará a las distintas cárceles de Estados Unidos en las que desde mayo de 2008 fueron confinados estos exjefes de las autodefensas. Asimismo, se solicitaron varias pruebas que llaman la atención. Por ejemplo, realizar inspecciones judiciales a los procesos en los cuales resultó condenado el agente de policía Alexánder de Jesús Amaya por la muerte de los ciudadanos Clímaco Antonio Macías, Gustavo Macías, José Manuel Martínez y Luz Adriana Valderrama, señaladas víctimas de los llamados 12 Apóstoles en 1994.
De la misma forma, se ordenó inspeccionar el expediente adelantado por un fiscal de derechos humanos con ocasión de la masacre de El Aro —perpetrada en 1997 por las autodefensas—, por la que resultó condenado el exparamilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009. De hecho, todas las declaraciones que entregó este sujeto serán revisadas por el organismo investigador. Además, se pidió verificar el proceso de juzgamiento que se sigue contra el detenido exjefe del frente Cacique Pipintá Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero. Tanto éste como Villalba salpicaron al expresidente Uribe, quien siempre los ha tildado de mentirosos profesionales.
En ese ejercicio de escarbar en evidencias y cruzar información, la Fiscalía también pidió examinar el expediente que lleva la justicia contra el controvertido coronel Róbinson (r) González del Río —quien confesó una larga lista de falsos positivos y que cobró protagonismo luego de que trascendieran las conversaciones que desde un centro de reclusión militar sostuvo con el magistrado del Consejo de la Judicatura Henry Villarraga—. De acuerdo con la decisión del ente investigador, González del Río hizo referencia al ganadero Santiago Uribe en declaración que rindió ante un fiscal contra el Crimen Organizado. Por eso se ordenó ampliar su testimonio.
Asimismo, se solicitó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín enviar la sentencia que profirió el año pasado, en la cual se pidió investigar al expresidente Álvaro Uribe por su presunta promoción del paramilitarismo en sus tiempos como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997. En el largo listado de pruebas también se ordenó trasladar toda la información que tiene la Fiscalía, la Policía y el Ejército “con el fin de precisar la trayectoria del desmovilizado Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, sus antecedentes, el año en que inició su accionar (delictivo) y si lo desarrolló en la subregión del norte de Antioquia”.
Aún más, la Fiscalía solicitó “obtener la georreferenciación de los grupos de autodefensas del bloque Mineros, la Casa Castaño, el bloque Central Bolívar y aquel que tenía influencia en Caucasia”. Asimismo, pidió trazar el recorrido criminal, enlaces y zonas controladas por el frente 36 de las Farc a partir de 1990. El objetivo: verificar cómo estos grupos ilegales se movieron a sus anchas en Antioquia y determinar si efectivamente los llamados 12 Apóstoles, en connivencia con agentes del Estado, perpetraron una cadena de crímenes y ejecuciones extrajudiciales que aún no han sido investigados.
En desarrollo de estos procesos de verificación, la Fiscalía pidió escuchar en declaración juramentada al exagente de Policía Alexánder de Jesús Amaya, colaborador de Los 12 Apóstoles y condenado por el asesinato de los hermanos Macías en 1994. Su testimonio ha sido controvertido durante todo el proceso y de hecho durante un tiempo fue desestimado por supuestas contradicciones. Igualmente, se ordenó verificar si el testigo contra Santiago Uribe, Eunicio Pineda Luján, efectivamente vivió en las zonas de los Llanos de Cuivá, en inmediaciones de Yarumal (Antioquia) a principios de los 90.
También se solicitó al Instituto de Medicina Legal que valore la condición clínica de Pineda Luján y que envíe cuanto antes su historia médica desde 1991. Incluso, dispuso que esa entidad proceda a realizarle un dictamen médico legal. Por último, el ente investigador pidió allegar toda la información pertinente “en cuanto a las Convivir que operaron en los municipios de la subregión norte de Antioquia” y entrevistar a los exjefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez; Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, y a otros protagonistas de la violencia en esa región de Colombia, incluidos jefes del frente 36 de las Farc y algunos del Eln que están recluidos en distintas cárceles.
Como colofón, se ordenó verificar la existencia de empresas lecheras en esa zona a comienzos de los años 90 y si hubo algún tipo de vinculación o patrocinio con las Convivir y los paramilitares. El Espectador conoció, además, que el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe declaró este miércoles en la Fiscalía en horas de la mañana. Había sido citado como testigo en este expediente. “No le puedo decir qué dijo”, sostuvo su abogado Jaime Granados, y añadió: “Es bueno que el caso se agilice. Hubo un cambio de fiscal y eso generó un traumatismo entendible, pero ya comienza a verse un impulso. Esperamos que esto culmine pronto. Mi cliente quiere que se produzca el cierre definitivo del caso para acabar con una agonía de casi 18 años”. El propio Santiago Uribe ha dicho que todo esto no es más que una vulgar venganza política por ser hermano del expresidente Uribe.
* jlaverde@elespectador.com / @jdlaverde9