Se mueve, por fin, el caso Villarraga

El exmagistrado Henry Villarraga es investigado por presuntamente intentar favorecer al coronel (r) González. / Daniel Gómez

Casi un año y medio tuvo que pasar para que la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes se decidiera a citar a versión libre a los cuatro magistrados del Consejo Superior de la Judicatura mencionados en el proceso contra el exmagistrado de la Judicatura Henry Villarraga por unos supuestos ofrecimientos al coronel (r) Róbinson González del Río, condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales, al parecer para ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones. Del Río tiene otras dos investigaciones en su contra, una por ‘falsos positivos’ y otra por presuntas irregularidades en contratación.

Las grabaciones fueron reveladas en octubre de 2013. En una de ellas se escucha a Villarraga y González hablando sobre un almuerzo al que supuestamente iban a asistir los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón, y sobre la posibilidad de lograr, al parecer, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del oficial retirado por unas ejecuciones extrajudiciales quedara en manos de la Justicia Penal Militar. Al respecto, los magistrados mencionados han dicho en reiteradas ocasiones que tal encuentro nunca tuvo lugar y que no actuaron de forma ilegal.

No obstante, fue apenas ayer que la Comisión —por medio del representante investigador Nicolás Guerrero, del Partido de la U— decidió citar a Lizcano, Sanabria, Garzón y al también magistrado Ovidio Claros a versión libre, para que den sus declaraciones sobre lo sucedido. Lizcano fue citado para hoy y Claros para mañana. Por su parte, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria fueron citados para el 21 y el 22 de abril, respectivamente.

Los dos protagonistas de este escándalo, el coronel (r) Róbinson González del Río y el exmagistrado Henry Villarraga, fueron citados para el 28 y el 29 de abril, respectivamente, para que amplíen sus declaraciones sobre este escándalo que llevó a la renuncia de Villarraga en noviembre de 2013 e incluso a la salida del entonces comandante del Ejército, general (r) Leonardo Barrera, por declaraciones hechas, precisamente, en una conversación con el cuestionado González del Río.

Este llamado se produce en momentos en los que tanto la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes como el Consejo Superior de la Judicatura se encuentran bajo el escrutinio del Congreso. El Legislativo estudia actualmente una reforma con la que se pretende acabar con las dos entidades y crear otras dos que las reemplacen y cumplan de mejor manera las funciones que les otorgó la Constitución de 1991. Un tribunal de aforados en el caso de la Comisión y un consejo de administración judicial en el de la Judicatura.

A esto se suma el grave momento por el que pasa la Rama Judicial debido a la controversia generada por unos supuestos ofrecimientos hechos por Jorge Ignacio Pretelt, expresidente de ese alto tribunal, a un abogado, Víctor Pacheco, al parecer para fallar una tutela a favor de la firma Fidupetrol, cliente del segundo en el momento de los hechos.

Pretelt es investigado por la Comisión de Acusaciones a raíz de la denuncia presentada, precisamente, por otro expresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Mauricio González Cuervo, en un proceso muy parecido al de Villarraga. Con una particularidad: mientras con Villarraga la Comisión se demoró casi un año en llamar a los involucrados, con Pretelt no tardó ni un mes. Varios magistrados, incluyendo a Pretelt, han pasado ya por la Comisión y dado su versión de los hechos. Falta ver el desenlace de los dos procesos. El de Villarraga: uno de los detonantes de la eliminación del Consejo Superior del Judicatura, y el de Pretelt: responsable de la mayor crisis que haya vivido la Corte Constitucional en sus 23 años de historia.