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El pasado 11 de octubre la Corte Constitucional determinó que las consultas populares ya no podrán vetar la realización de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en los territorios. La decisión, cuya sentencia definitiva aún no se conoce en su totalidad, ha generado dudas sobre los efectos de esa decisión en las consultas que ya estaban en marcha como las de San Bernardo y Fusagasugá, planeadas para este domingo. Por esa razón, la Registraduría elevó una petición al alto tribunal, pidiendo aclarar esta problemática.
En concreto, el registrador pidió que la Corte aclarara si en el fallo, que versó sobre la consulta minera de Cumaral (Meta) se hizo o no algún pronunciamiento respecto de la “organización y validación” de las consultas de Cundinamarca. Pero la respuesta del presidente del alto tribunal, magistrado Alejandro Linares, no resolvió el dilema y todavía quedan en el aire preguntas sobre si éstas tendrán o no efectos jurídicos. El magistrado señaló en una breve carta que la Corte Constitucional no es un órgano consultivo, por lo que no puede realmente decir nada al respecto.
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“No me encuentro facultado para contestar las cuestiones planteadas. Es exclusivamente en el texto de la sentencia enunciada donde se encontrará de forma precisa el contenido de la decisión que, en líneas generales, se dio a conocer mediante el comunicado de prensa No. 040 de 2018. No obstante, tenemos plena conciencia de la relevancia y sensibilidad de esta decisión, por lo que la Corte se encuentra trabajando con la mayor diligencia para dar a conocer a la brevedad posible el texto completo de la sentencia, así como de las razones detalladas que la sustentan”, dice la carta.
En días pasados, Patricia Rodríguez, líder social del Sumapaz aseguró a El Espectador que el fallo de la Corte era un retroceso. “Ya hemos hecho dos consultas populares en la región del Sumapaz que fue Arbeláez y Cabrera y el 21 de octubre estamos a la espera de otras dos que son San Bernardo y Fusagasugá. Eso es un hecho histórico porque es la primera vez que dos municipios de una misma región hacen consultas simultaneas. Por ello estamos a la espera de lo que pueda pasar con la decisión de la Corte”, señaló.
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De igual forma, para David Uribe abogado asesor de la consulta de Fusagasugá, proceso acompañado por la organización Territorios de Paz (Terrepaz), dijo que hay dudas generalizadas en la población sobre el fallo de la Corte. “No sabemos cuáles son sus alcances. Pensamos que el ejercicio de la consulta popular es un mandato, un mandato que está dirigido al municipio como autoridad en el cual los ciudadanos de Fusagasugá van a votar el 21 de octubre si quieren o no minería y petróleo en su territorio”, aseguró.