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La acusación contra el exdirector de Berkeley Reserch Group (BRG) en Colombia, Laude José Fernández no se ha podido realizar por distintos motivos en los últimos dos meses. El último intento ocurrió el 3 de febrero de 2020, cuando en una audiencia, el sindicato de Pilotos de Acdac denunció que esa misma mañana habían recibido una amenaza de muerte, pidiera que el caso contra Fernández sea trasladado a un juzgado especializado en delitos contra grupos sindicales.
(Puede ver: Caso chuzadas: las pruebas para llevar a juicio a Laude Fernández, exdirector de BRG)
Fernández, exjefe de contrainteligencia del DAS en los años noventa, es investigado por su presunta participación en una red de interceptaciones ilegales que se gestaron al interior de la Fiscalía General. Desde entonces, su acusación ha quedado estancada hasta que el Tribunal Superior de Bogotá estudiara la petición de los aviadores de mover el proceso. El Espectador supo que esa corporación negó esa solicitud hecha por los abogados de Acdac.
En la sustentación hecha por la abogada del sindicato se mencionó que las interceptaciones ilegales atacaron la intimidad de los miembros de la organización y sus familias. Dentro del caso se sabe que el presidente y el encargado para asuntos de seguridad de la organización sindical, Jaime Hernández y Julián Pinzón, respectivamente, fueron chuzados desde la Sala Diamante de Interceptaciones de la Fiscalía, que en ese momento estaba a cargo de Luis Carlos Gómez Góngora, quien ya fue condenado por estos hechos.
(En contexto: Caso chuzadas: la acusación contra Laude Fernández, exdirector de BRG)
Sin embargo, tanto Fiscalía, Procuraduría, la defensa de Hernández como una parte de las víctimas no estuvieron con la solicitud de la abogada del sindicato, entre ellos, el abogado Felipe Jaramillo y Enel. La jueza del caso señaló en ese momento que aunque ella desde un principio se consideró como la competente para adelantar el caso, haría el traslado al tribunal para que defina qué despacho se quedaba con el caso.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá señaló que los hechos por los que hoy se le investiga a Fernández corresponden a delitos informáticos y "no se evidencia el despliegue de actos violentos contra los miembros del sindicato". Además, la corporación señaló que las amenazas contra los sindicalistas no hacen parte de los hechos que se le endilgan a la antigua cabeza de BRG.
Laude Fernández tenía dos procesos abiertos por las presuntas interceptaciones ilegales, uno por las chuzadas al sindicato de Avianca y otro por las realizadas al ciudadano español Lucio Rubio y a Felipe Jaramillo. El ente investigador logró sintetizar ambos hechos en un solo escrito de acusación y este será leído en las próximas semanas ante la jueza del caso. El exdirector de la firma multinacional será procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado e interceptación ilegal de comunicaciones.
Con respecto a los escritos de acusación anteriores, en este nuevo documento la Fiscalía sostiene que tiene claro cómo Fernández tuvo acceso a esa supuesta red ilegal de exmiembros de la Fuerza Pública que realizaban “interceptación informática” bajo una empresa fachada dirigida por el coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas. Según el escrito, el enlace de la antigua cabeza de BRG fue Roberto Carlos Montenegro un investigador del CTI, adscrito a una de las salas de interceptaciones de la Fiscalía General.
“Este conoció al aquí procesado por intermedio de su entonces jefe, el señor Luis Carlos Gómez Góngora, entre los meses de marzo y abril de 2018. En dicho encuentro, ambos le preguntaron a Montenegro si conocía a alguna persona que se encargara de temas de seguridad privada, a lo que respondió que un viejo conocido suyo, el coronel (R) Salinas Muñoz, se ocupaba profesionalmente de dichas labores”, dice el escrito de acusación revelado este lunes, y que este diario conocía con anterioridad.
“Fernández, a través de estos intermediarios, solicitó a Salinas que accediera a información de los trabajadores sindicalizados de Avianca, particularmente, para la época en la cual sucedió el paro de trabajadores organizado por Acdac, específicamente el contenido de sus conversaciones de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería instantánea. A su vez, pidió la obtención de información y documentación en tiempo real de estas personas, por medio de la cual se pudiera dilucidar los presentes y futuros movimientos de los pilotos y directivos de este sindicato”, añade el documento conocido por este diario.