“El afán de convocar a un juicio disciplinario verbal (…) revela el interés entorpecedor que busca enervar mi actividad acusadora, lo que revela el interés directo del magistrado conductor en las resultas del proceso disciplinario (en mi contra)”.
De esa manera se dirigió la jefa de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Martha Lucía Zamora, al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga. Según Zamora, la audiencia verbal a la que ella fue citada mañana no es más que un intento de Villarraga de bloquear sus indagaciones sobre el carrusel de pensiones en la Judicatura.
Por esa razón, en un escrito de 26 páginas conocidas por El Espectador, Zamora recusó a Villarraga y le pidió que, en aras de la imparcialidad, se apartara de la investigación disciplinaria que se lleva en su contra por el tema del exdiputado del Valle. Zamora recusó también a los magistrados Julia Emma Garzón y Angelino Lizcano.
El carrusel de pensiones en la Judicatura, se supone, se dio de la siguiente manera: magistrados nombraban como magistrados auxiliares o secciones a allegados suyos para que pudieran pensionarse con mesadas superiores a los $13 millones. Sin los nombramientos, esas personas se habrían jubilado con unos $4 millones mensuales.
En mayo del año pasado, Zamora le imputó cargos a la secretaria general de la Judicatura, Yira Olarte, por haber adulterado supuestamente unas actas relacionadas con los nombramientos de unos magistrados auxiliares, hecho que tendría relación con el carrusel de pensiones en la Judicatura.
Olarte fue llamada a juicio en enero de este año y, en el marco de ese mismo proceso, Zamora le pidió a la Comisión de Acusación que investigara a los magistrados Villarraga, Garzón y Lizcano. Villarraga y Garzón, además, fueron llamados a juicio fiscal por la Contraloría, porque supuestamente nombraron a por lo menos tres magistrados auxiliares irregularmente.
Según manifestó Zamora en su recusación, hay una “sincronía” entre sus pesquisas alrededor del carrusel de pensiones y las decisiones que Villarraga ha tomado en su contra. Se trata de un “aberrante cruce de intereses”, dijo la fiscal.
Por petición de Zamora, Villarraga, Garzón y Lizcano venían siendo investigados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, en mayo pasado, por orden del representante Constantino Rodríguez, ese expediente llegó a su fin. (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-424160-fin-del-ca...)
Precisamente en la tarde de este lunes 24 de junio el fiscal general Eduardo Montealegre radicó una denuncia en contra del representante Rodríguez, por haber pedido a la Comisión de Acusación que se inhibiera de investigar a los magistrados. La denuncia la hizo verbalmente y se la recibió el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, magistrado Leonidas Bustos.
Para mañana a las 9 a.m. está citada Martha Lucía Zamora a una audiencia verbal, diligencia que se programó una semana después de que Villarraga le programara pliego de cargos. Fuentes de la Judicatura le indicaron a este diario que la diligencia no podrá realizarse, pues Villarraga tiene que resolver primero si acepta la recusación o no.
De hacerlo, la investigación contra Zamora quedaría en manos de otro magistrado. Si no la acepta, la recusación pasa a manos de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que tendría que llamar a unos conjueces para reemplazar a los recusados y tomar una decisión.