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El cantado regreso a Colombia del exjefe paramilitar Jorge 40 tiene en expectativa a quienes tuvieron relación con él mientras fue jefe del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el cual operó en departamentos como Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Bolívar. El 13 de mayo de 2008, Jorge 40 fue extraditado y partió desde la base Catam en un avión de la DEA junto a otros 13 exjefes paramilitares a EE.UU. por orden del entonces presidente Álvaro Uribe. Ayer, en esa misma central castrense, Rodrigo Tovar Pupo —como realmente se llama— volvió a Colombia y de inmediato fue capturado por miembros del CTI de la Fiscalía.
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La razón de su detención: más de 1.450 casos activos ante la justicia, 35 órdenes de capturas y 38 medidas de aseguramiento señalado como determinador de decenas de masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, entre otros crímenes de lesa humanidad. Según fuentes de la Fiscalía, Tovar Pupo permanecerá los próximos días en los calabozos del ente investigador en Bogotá mientras se define cuál será la hoja de ruta que iniciará ante los cientos de casos que aguardan su testimonio para que aclare lo que pasó durante el conflicto armado en la Costa Caribe. Entre ellos, la parapolítica y las masacres de El Salado y Bahía Portete.
Jorge 40 nació en Valledupar en una familia de clase alta de Valledupar. Es hijo de un oficial retirado del Ejército y la familia de su madre incursionó en la política de esa ciudad y del Cesar. Por ejemplo, es sobrino de Edgardo Pupo, el político liberal que fue gobernador de ese departamento y primo de Ciro Pupo Castro, exalcalde de la capital cesarense. Fue por estos contactos que Jorge 40 fue funcionario de la alcaldía de Rodolfo Campo Soto. Dos fuentes, que conocen de cerca a esa familia, le dijeron a este diario que el exlíder paramilitar amasó su fortuna durante los años que ya era jefe paramilitar. Un asunto que sigue siendo materia de investigación de las autoridades para dar con sus testaferros.
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La expectativa también aumenta entre quienes estuvieron con Jorge 40 delinquiendo a finales de los años noventa y principios de este siglo en la Costa Caribe. El Espectador habló hace un par de semanas con tres de ellos, que colaboraron en los cientos de masacres, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, entre otros crímenes, y hoy están libres. Concuerdan en que la figura de Jorge 40 aún tiene gran respaldo dentro de los 5 mil hombres que tuvo a su mando y con los que infundió terror en Cesar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Bolívar. “Es el único que puede articular, tiene liderazgo, causa. Aunque no esté dispuesto a retomar las armas, mucha gente sí le copiaría”, dice uno de sus antiguos hombres.
El abogado de Jorge 40, Hernando Bocanegra, ha dicho en las últimas semanas que no sabe si su cliente estará presto a confesar todo lo que sabe. En 2015, el penalista señaló que parte de su silencio fue ocasionado por el asesinato del hermano de 40 en diciembre de 2009. Este y otros crímenes estarían relacionados con los enemigos que durante el conflicto armado Jorge 40 dejó entre narcotraficantes, otros paramilitares y casas políticas que tuvieron miembros activos en el paramilitarismo. Tres fuentes que conocen las movidas en el bajo mundo de la Costa Caribe le dijeron a este diario que entre los enemigos que dejó Tovar Pupo están el narcotraficante Marquitos Figueroa, mencionado últimamente por sus relaciones con el Ñeñe Hernández.
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Otro de los enemigos que tiene Tovar Pupo es es el narcotraficante Pacho Musso, el hombre que le manejaba los negocios y las operaciones sicariales del también exjefe paramilitar Hernán Giraldo, también enemigo de Jorge 40 y extraditado con él a los Estados Unidos en mayo de 2008. Otra de las fuentes indican que, aunque Musso está preso, un miembro de su familia lo relevó y se habría aliado con la banda de los Pachenca en Magdalena y herederos del clan Giraldo. Tovar Pupo, por órdenes de Carlos Castaño, le pidió a Hernán Giraldo apartar a Musso de la organización paramilitar luego de que el narcotraficante matara a dos agentes de la DEA en noviembre de 2001.
El silencio de Jorge 40 se rompió luego de que, el pasado 1° de septiembre, se conociera una carta del propio Jorge 40 en la que confirmó que acudirá a las entidades creadas tras el Acuerdo de Paz con las Farc (la Jurisdicción Especial para la Paz ¬JEP¬, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos), para “encontrar soluciones a nuevas violencias” y porque dichas instituciones cuentan con la capacidad de entregar verdad a las víctimas, imponer las sanciones correspondientes a los responsables y definir las medidas de reparación.
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Sin embargo, en enero pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz negó su sometimiento a esa justicia como excombatiente del conflicto armado y le pidió que le enviara pruebas que acrediten que financió y auspició organizaciones paramilitares desde finales del año 1996 hasta 1998. Esos delitos sí podrían ser juzgados por esa jurisdicción. “Los miembros de las Auc —incluso si llegaron a estar revestidos del estatus de combatiente— pueden comparecer solo si, antes o después de portar armas, actuaron como terceros financiadores o colaboradores”, dijo la JEP en su momento.
Además, señaló que en 2015 Tovar Pupo fue expulsado de Justicia y Paz por no aceptar su participación en crímenes de reclutamiento forzado de menores, violencia de género y secuestro, ni haber reparado a las víctimas. “El señor Rodrigo Tovar Pupo tuvo la oportunidad, en su calidad de exparamilitar, de someterse a Justicia y Paz, (…). La JEP no es una justicia subsidiaria a la de Justicia y Paz, ni un nuevo escenario de justicia transicional que pueda ser utilizado como una estrategia oportunista para evadir los procedimientos y las sanciones de la justicia ordinaria”.