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“Como miembros de la comunidad académica de varios países del mundo, solicitamos a la Corte Constitucional, a través suyo, declarar la nulidad de la sentencia SU 095 de 2018 por limitar las consultas populares y el derecho fundamental a la participación de los colombianos”. (Lea Premian al profesor Julio Carrizosa por sus aportes ambientales para Bogotá)
Con esas palabras empieza la carta que hace unos días enviaron más de 50 académicos al magistrado Alejandro Linares Cantillo. Liderados por el reconocido antropólogo colombiano Arturo Escobar, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, este grupo de investigadores de varias instituciones cree que el fallo que emitió ese tribunal es inaceptable e implica una “regresividad en los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente”. (Lea El plan de Colombia para enfrentar el fenómeno de El Niño)
El documento incluye un listado de las inquietudes que les generó la sentencia pues, a sus ojos, la consulta popular es una herramienta de participación ciudadana que permite fortalecer la democracia y “resolver los conflictos sociales y ambientales de manera civilista y no violenta”.
“Al limitar ese derecho se ponen en riesgo los nuevos acuerdos de paz que también contemplan el tema de la participación como un asunto crucial para resolver los conflictos y prevenir las nuevas violencias”, apuntan.
El documento también está firmado por, entre otros, Astrid Ulloa, profesora del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional; Sabine Kurtenbach, directora del GIGA Institute of Latin American Studies; Erik Swyngedouw, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Manchester; Tatiana Acevedo, del Instituto de Estudios sobre el Agua IHE Delft; Julián Idrobo, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la U. de los Andes; Orlando Aragón, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México; Sandra Brown, de la Universidad de British Columbia, y Joan Martínez Alier, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Para ellos, la Corte Constitucional cometió varios errores en esa sentencia. Por ejemplo: “Desconoció las observaciones finales del sexto informe periódico de Colombia que realiza el Comité de Derechos económicos, sociales y culturales”. Además, escriben, “desconoció las observaciones del Examen Periódico Universal (EPU) que generaron orientaciones al Estado colombiano sobre el tema de las consultas populares” y “desconoció los estudios de la Contraloría General sobre minería que evidencias grandes irregularidades e impactos negativos que genera el sector minero-energético en Colombia”.
La misma OCDE, apuntan, “en su evaluación sobre Colombia reconoce que el país va muy bien en términos de crecimiento económico, pero cuestiona el crecimiento por la falta de equidad y por su impacto ambiental, dada la insostenibilidad que ha caracterizado dicho crecimiento (…) Como lo han demostrado diversos estudios sobre la economía del sector extractivo, es una falacia argumentar que se requieren los recursos de esta actividad para financiar el desarrollo”.
Para estos académicos, hay otro punto crucial que el tribunal no tuvo en cuenta: las consultas populares, dicen, no son solo ejercicios de defensa territorial. En ellos también se pueden leer claramente las preocupaciones sobre los principales problemas ambientales que debe afrontar la sociedad global como son el cambio climático, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de suelos, agua y aire, los cuales tendrán impactos negativos en los sistemas de producción agroalimentarios a nivel planetario y la calidad de vida de las comunidades”.