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Hace cerca de dos años, en marzo del 2016, la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres fue asesinada, aun la justicia está tras la pista de los autores de su muerte.
Cáceres se suma a los cerca de 197 defensores medioambientales que según la ong Global Witness fueron asesinados en 2017, la mayoría de ellos en Latinoamérica.
La corrupción y los grandes recursos ambientales que tiene la región hacen que sea el escenario perfecto para que megaproyectos adquieran licencias de manera relativamente sencilla. Lea también: Hidroeléctrica a la que se oponía Berta Cáceres niega cualquier acto de violencia
El jefe de campaña de Global Witness, Billy Kye, dijo a la DW que “hay altos índices de poblaciones indígenas que históricamente han sido marginalizadas, las empresas pueden llegar a sus tierras y saquear sus recursos”.
Pese a que sus manifestaciones son registradas cada vez más por medios de comunicación y escuchados algunas veces por las autoridades locales, paradójicamente eso los hace más vulnerables a ser asesinados.
Front Line Defenders asegura que son más los activistas asesinados. Esta organización registró 312 defensores muertos, 212 de ellos en América Latina. Lo más alarmante es que 156 de estos homicidios se ubican en Colombia y Brasil.
El informe además señala que el 80% de los asesinatos de los defensores de derechos humanos se registran en Colombia, Brasil, México y Filipinas.
Del total de activistas asesinados, según esta investigación, el 67% eran defensores de derechos de la tierra, medioambientales y de los pueblos indígenas.
Casi siempre estos defensores alegaban contra actividades de industrias extractivas o megaproyectos que perjudicaban vastas zonas ecosistémicas o donde habitan pueblos ancestrales.
Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana por la Defensa del Ambiente (AIDA), aseguró que “América Latina es la región más desigual del planeta, esto implica que hay poblaciones en situaciones de vulnerabilidad económica, política y social extrema”, según el portal alemán DW.
Sumado a esto, la región es la “más desigual del planeta, esto implica que hay poblaciones en situaciones de vulnerabilidad económica, política y social extrema”, añade Puentes.
La misma representante recuerda que vivimos en una de “las regiones con mayores índices de impunidad y débil estado de derecho donde la aplicación de las normas también es discriminada”.
La selva amazónica se ha vuelto un escenario de disputa sobre todo en Brasil. Dicho Gobierno, a raíz de la crisis económica y política por la que atraviesa el país ha buscado “desesperadamente soluciones rápidas de acceso a la Amazonía, el desarrollo de grandes extensiones de tierra para la agricultura de monocultivo y la explotación despiadada de los recursos naturales”, según Jim Loughran de Front Line Defenders .
Por su parte, en Colombia, pese a los acuerdos de paz: “Miles de colombianos con títulos legales sobre sus tierras han sido desplazados. Mientras trabajan para reclamar sus tierras, se convierten en objetivos para los acaparadores que pueden haberse apoderado ilegalmente de sus terrenos, así como para la nueva generación de paramilitares después de las FARC que quieren tomar el control. Los defensores de los derechos a la tierra se encuentran en peligro crítico", asegura Loughran.
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Para Global Witness la situación en el país se debe a la agroindustria dedicada al cultivo e aceite de palma. Pues esta actividad, dice la ong, ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas”.
México por su parte sigue envuelto en una escalada de asesinatos de defensores de derechos humanos que lo ha llevado al cuarto puesto del país con más activistas asesinados, según esta mism organización.
“Los Gobiernos federales y estatales no apoyan como deberían la labor de las personas defensoras y en ocasiones incluso se unen a los señalamientos contra su labor”, criticó Puentes Riaño repudiando la impunidad que según ella persiste en este país.
La visibilidad de los defensores también ha sido un arma de doble filo, los expone para que sean identificados y luego asesinados. Como le ocurrió a Isidro Balenegro López, activista contra la tala ilegal en antiguos bosques de la Sierra Madre, o Berta Cáceres en Hondreas, ambos recibieron el mismo Premio Goldman al medio ambiente, posteriormente fueron masacrados.
Según Front Line Defenders, solo el 12% de estos casos terminan en el arresto de sospechosos. La vocera de AIDA dice que hay algunas medidas que deben implementarse con urgencia. Eso incluye investigaciones adecuadas e identificación de los responsables de los asesinatos y ataques a personas defensoras, así como autores materiales e intelectuales y justicia en dichos casos”. Lea también: Avanza debate de control político por consultas populares en defensa del medio ambiente
Global Witness hace un llamado para que los estados se vuelquen a la defensa de sus defensores medioambientales, y a que ataquen “las causas raíz”, como lo son la no consulta previa con pueblos indígenas y otras comunidades que se verían afectadas por proyectos industriales