Hay 44 municipios con esta intención

Así explotó el “boom” de las consultas populares

Ahora viene la de Cumaral, Meta, el 4 de junio. Está sobre la mesa el debate de los costos y beneficios de la explotación petrolera y minera. ¿Cómo resolver el choque de poderes regionales y nacionales, el de las comunidades y las empresas?

Es de noche y el aire huele a lo que huele el campo antes de que llueva. Del equipo de sonido instalado en el plató de una camioneta sale la voz de un llanero que remata una canción: “Salvemos en la consulta/ al pueblo cumaraleño”. Los truenos son la única luz que interrumpe la oscuridad del llano. El carro avanza y, de repente, a la izquierda en el horizonte aparece una enorme llamarada roja que sale de la tierra. Es uno de los pozos del municipio vecino Apiay, distrito petrolero desde hace 20 años.

“Porque no queremos que Cumaral se convierta en un pueblo petrolero más, votemos No este 4 de junio en la consulta popular”, canta otro jingle. “Mi papá decía que en esos pueblos petroleros la gente parecía venida del patio del infierno”, dice Carolina Orduz, líder del comité ciudadano que quiere vetar la explotación de petróleo en el municipio, que queda a 20 minutos de Villavicencio.

Según el Ministerio de Minas, ya son 44 los municipios que tienen intenciones de convocar consultas populares para prohibir bien sea la explotación de hidrocarburos (15 de ellas) o minerales (26) en sus territorios. La gente está asustada por un panorama que para ellos se parece mucho al “patio del infierno”.

Cajamarca prendió la mecha y Cumaral decidirá el próximo 4 de junio si el gigante indo-chino Mansarovar puede entrar a explotar 22.000 hectáreas de las 62.000 del municipio. Arbeláez, en Cundinamarca, sigue en la fila. Los datos de la Registraduría muestran que existen otras siete iniciativas populares que están en curso, eso sin contar las consultas promovidas por alcaldes o gobernadores para manifestarse en este sentido. Ya se habla de un boom de consultas populares.

Las causas de este fenómeno no son tan sencillas como lo ha venido planteando el ministro de Minas, Germán Arce. De hecho, para ver cómo se empezó a gestar hay que retroceder hasta agosto de 2001, cuando se aprobó la ley 685: el código de minas. En él, se le dio un impulso inédito a la inversión extranjera. Luego, Álvaro Uribe pavimentó las condiciones de orden público necesarias para la inversión con seguridad democrática. Y su sucesor, Juan Manuel Santos, prendió la locomotora minera.

La avalancha de solicitudes de concesiones mineras no se hizo esperar. Una investigación que hizo el Centro de Investigación Periodística (Ciper) en 2011 demostró que por esos años eran 20.000 las empresas que pedían una concesión de exploración y explotación de minas. Sólo en el gobierno Uribe, se otorgaron 9.000. Hoy, 8.866 títulos mineros están en firme.

Pero la historia de Colombia ya les había enseñado a muchas comunidades y pueblos que hay que tener cuidado con lo que se desea. Con las bonanzas también llegaba muchas veces la corrupción. Los pueblos ricos muchas veces ni siquiera tenían acueducto. Se llenaban de elefantes blancos y gente con hambre. Un caso emblemático es La Jagua de Ibirico, que por esos años se convirtió en el municipio más rico de Cesar y el segundo productor de carbón en el país. Allí, solo en 2009 entraron $85 mil millones por regalías, el 21 % de lo que recibió todo el departamento. La bonanza dejó tras de sí una seguidilla de cinco ex alcaldes con problemas legales y un municipio de gente que sigue sin alcantarillado, sin acueducto y sin salud ni educación.

En 2012 el gobierno Santos modificó la forma como se reparten las regalías. Ahora, en lugar de ir directamente a los municipios, es el nivel central el que reparte el dinero. Guillermo Rudas, experto en temas minero-energéticos, señala que si antes de la reforma los municipios recibían un 85 % del dinero de regalías, hoy es mucho menos. Precisamente por el diseño del sistema es difícil saber a ciencia cierta cuánta plata reciben los municipios con explotaciones.

Lo que sí está claro son las secuelas de la minería y el petróleo en ellos. Una investigación que hizo la Contraloría en 2014 demostró que los peores lugares para vivir en Colombia son los pueblos mineros. Peores, incluso, que los cocaleros. La investigación, liderado por el mismo Rudas, expuso que en pueblos mineros la pobreza promedio es del 74 %, en los petroleros del 65 % y en aquellos que no realizan actividades extractivas, del 43 %.

Ese fue el punto de inflexión. Los alcaldes que antes dejaron pasar sin demasiadas trabas a las empresas a cambio de un presupuesto desmesurado, empezaron a resistirse. No solo ellos: también la gente a la que le toca aguantarse los efectos ambientales y sociales que crean las explotaciones. Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, explica que el cambio de panorama hizo que “la gente no sienta que está recibiendo los beneficios adecuados que la minería, se suponía, les iba a dar a cambio de la explotación”.

No es casualidad que un año más tarde de la entrada en vigencia del nuevo sistema de regalías se convocaran las primeras consultas populares: Piedras, en Tolima, y Tauramena, en Casanare. En ambas triunfó, con más del 90 % de los votos, la prohibición de seguir explotando minerales e hidrocarburos. Esas fueron las primeras gotas del aguacero que hoy tiene temblando al Ministerio de Minas y al presidente Santos.

Para persuadirlos, el ministro Germán Arce ha dicho que las regalías representan el 50 % de la inversión pública en los territorios. Que sin ellas no habría plata para invertir en Familias en Acción o en programas de adultos mayores o en las escuelas. Que el sector minero-energético representa entre el 10 y el 12 % del PIB colombiano. Y todo eso es cierto, pero mirados con lupa, los datos del Ministerio son, cuando menos, poco claros.

En primer lugar, al investigador Guillermo Rudas le parece una afirmación preocupante lo mucho que depende la inversión pública de la plata de las regalías. ¿Por qué? Pues porque sus precios están sujetos a un mercado volátil. Es así como en 2012 las regalías por petróleo y gas ascendieron a $8,8 billones, mientras que en 2016, con los precios internacionales del crudo por el piso, sumaron unos tímidos $3,9 billones.

Pero eso solo es una parte de las verdades a medias del gobierno. Para Rudas, en el debate hay que separar minería de hidrocarburos. “Nosotros dependemos es del petróleo y el gas, no de las minas”, dice. Prueba de ello es que mientras que los primeros ponen el 82 % de las regalías, la minería solo aporta el 18 %. Del PIB que genera el sector, los hidrocarburos son responsables de 70 %. Según el viceministro de Minas, Carlos Cante, el evidente desbalance se debe a que la minería es un sector poco explotado en el país, pues apenas hace 10 años se empezó a impulsar. A medida que crezca, dice, crecerán sus aportes al bolsillo de la nación.

Rudas cree otra cosa. Está seguro de que la situación tiene que ver con los privilegios de que goza el sector minero: el código de minas excluye la actividad del pago de cualquier impuesto territorial (como el rodamiento de vehículos) y del IVA. Además, al ser hecha por empresas extranjeras, la mayor parte de sus utilidades salen del país. El viceministro Cante se defiende: “el Gobierno le apunta a explotar estos recursos naturales para que en un futuro, como los países desarrollados, podamos depender de otros renglones de la economía”.

Otra parte del problema, señala Viviana Tacha, investigadora de la organización Tierra Digna, es que no hubo un diálogo claro con las comunidades para preguntarles hacia dónde quieren jalonar su desarrollo. Asimismo, el exministro de Minas Amylkar Acosta acepta que desde gestiones anteriores “se presenta un déficit de dialogo con las comunidades y esta es una de las causas de los recurrentes desencuentros”.

El problema, advierte Brigitte Baptiste, es que si las consultas populares se convierten en el mecanismo predilecto para resolver los conflictos sobre el uso del suelo entre el nivel central y el territorial, “estamos prefiriendo autarquías territoriales que procesos de concertación y construcción colectivos”.

Por eso, la investigadora invita a un diálogo y, sobre todo, a revisar qué es lo que viene fallando a la hora de concertar con las comunidades los proyectos y que genera que la consulta popular se convierta en la única opción viable para que los ciudadanos sientan que son tenidos en cuenta. El exministro de Minas Amylkar Acosta invita incluso a diseñar una “licencia social”: un aval de la comunidad, análogo a la licencia ambiental, sin la cual un proyecto no podría operar.

El Ministerio ya prepara un proyecto de ley en el que plantea una mesa de concertación con representantes del gobierno central y territorial y con presencia de expertos, que tome las decisiones sobre eso que ha dicho es la “paternidad compartida sobre el suelo y el subsuelo”. Para Baptiste, eso tiene que ir acompañado de una revisión minuciosa sobre el mecanismo de la consulta, “para enriquecerlo, no para desvirtuarlo”.

En últimas, señala Viviana Tacha, lo que las comunidades piden es que se tenga en cuenta su idea de desarrollo económico y social. “Nosotros no estamos en contra del petróleo –dice Blanca Cárdenas, quien renunció a su trabajo en una plantación de palma de aceite para dedicar todos sus días a promover el voto por el No en Cumaral–. Estamos en contra de que lo saquen aquí y así, sin preguntar”.