'Consulta popular de Cajamarca es obligatoria. No habrá más licencias para minería'

Cajamarca se ha definido como un municipio agrícola en varias ocasiones. / Cristian Garavito

El 26 de marzo 2017 fue un día histórico para Cajamarca. Después de muchos meses de tensiones políticas, de presiones de varios organismos de control y de discusiones con empresarios, la población de ese municipio tolimense le dijo no a la minería. En una consulta popular que se robó la atención de todo el país, el 97,9% de los votantes optaron por rechazar las actividades extractivas en su territorio. (Lea Elefantes podrían desaparecer en 15 años por el comercio de marfil)

Hoy, más de un año después, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), tomó una decisión que muchos estaban esperando. A través de una resolución (1963 de 2018), dejó claro que en cumplimiento de los resultados de esa consulta popular, “no se otorgarán más licencias ambientales, concesiones de agua, traspasos, permisos y demás autorizaciones para el uso de recursos naturales que tengan como finalidad el desarrollo de proyectos y actividades mineras en la jurisdicción del municipio de Cajamarca”. (Lea Plástico para construir vías, la propuesta de Costa Rica para reciclar)

“La consulta popular de Cajamarca es obligatoria y vinculante frente a todas las autoridades administrativas en cuanto a la imposibilidad de adelantar proyectos y actividades de minería en su territorio. Cortolima como autoridad ambiental está obligada a dar cumplimiento a esta decisión popular”, expresó la Corporación en un comunicado.

En la resolución, esa entidad aclara que, de igual forma, se revisarán las licencias otorgadas con anterioridad a la consulta popular y, si es el caso, se revocarán.  

En términos más específicos, el documento, firmado por Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima, señala que “ se procederán a revisar las licencias ambientales, concesiones de agua, permisos y demás autorizaciones otorgados con anterioridad a la realización de la Consulta Popular de Cajamarca, con la finalidad de proceder a adoptar las medidas administrativas pertinentes para revocar los actos administrativos que los otorgaron, si a ello hubiere lugar y previo al agotamiento del debido proceso.