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Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad en el mundo. La diversidad de ecosistemas y de especies que se encuentra a lo largo y ancho de las regiones hacen que la responsabilidad de conservación de estas áreas sea mucho más profunda. A pesar de que ya hacemos parte de varios tratados internacionales de zonas protegidas, el incremento de la deforestación, los incendios y la contaminación en parques naturales desdibujan lo que alguna vez se firmó, a manera de compromiso, ante otras naciones.
Hoy, Colombia enfrenta una de las mayores crisis ambientales tanto por la deforestación de los bosques como por la pérdida y degradación de los ecosistemas. Sin embargo, no todas las acciones son perdidas y por lo general son las comunidades locales quienes se comprometen a cuidar las áreas que habitan. Por ello, el Instituto Humboldt y la Fundación Natura desarrollaron un informe en el que cuentan estas iniciativas regionales que son lideradas por indígenas, campesinos y población rural, que además de depender de estos espacios para subsistir, conocen la importancia de implementar medidas de conservación.
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Para las dos organizaciones ambientales a la fecha Colombia ha avanzado significativamente en las metas de conservación que se ha impuesto. Las cifras que reseña el informe muestran como en términos de la extensión de área continental y de aguas interiores el porcentaje de avance es del 15,9 %; mientras que en áreas marinas y marino-costeras es del 13,73% . “Estas cifras de conservación se han obtenido a través de la creación de áreas protegidas; sin embargo, es importante mencionar que algunos elementos como conectividad, representatividad y gestión efectiva de los sistemas de áreas protegidas, no se han alcanzado”, señala la investigación.
El trabajo de las comunidades por el territorio
Según el informe, los grupos étnicos y las comunidades campesinas “no son hoy en día actores relevantes del Sinap a pesar de las oportunidades o limitaciones que generan las áreas protegidas sobre sus territorios”. Por eso, son ellos mismos quienes deben generar los mecánicos de protección. Las áreas tituladas a grupos étnicos (resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras y territorios ancestrales raizales) constituyen aproximadamente 39.9 millones de hectáreas, lo cual equivale a más del 30 % del territorio nacional.
En estos territorios las comunidades étnicas han identificado a través de sus planes de vida áreas de conservación, sitios sagrados y corredores interculturales. De igual forma, las comunidades campesinas también tiene identificadas zonas de reserva campesina. Estos procesos, en su mayoría, han sido respaldados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).
Los convenios de los que hace parte Colombia
En 1994 Colombia y ya contaba con importantes antecedentes de conservación pues para ese entonces, el país se adhirió al Convenio de Diversidad Biológica (CDB) mediante la Ley 165 e incorporó el concepto de área protegida. De igual forma, para 2010 se consolidó el Sistema Nacional de Areas Protegias (SINAP) que se conformó a través del Decreto 2372 de ese año. En este decreto solo se reconocieron como áreas protegidas del Sinap a los parques nacionales naturales, parques naturales regionales, áreas de reserva forestal protectoras, distritos de manejo integrado.
De igual forma, gracias a la regulación de otros decretos las áreas de reserva forestal productoras y protectoras-productoras, los territorios fáunicos creados mediante el Decreto Ley 2811 de 1974, sitios Ramsar, reservas de biosfera, Areas Impor- 9 tantes para la Conservación de las Aves (Aica) y sitios Patrimonio de la Humanidad, las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos.
Algunos actores como corporaciones autónomas regionales, autoridades municipales, entre otras, afirman que luego de la legislación del 2010 algunas áreas protegidas se quedaron sin sustento jurídico y, por lo tanto, sin una herramienta para enfrentar los posibles conflictos con sectores productivos y las amenazas externas.
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Para el Instituto Humboldt y la Fundación Natura es importante reconocer el trabajo local de las comunidades, quienes más allá de estar amparadas por una ley han creado sus propios métodos de conservación. “El objetivo, por lo tanto, es visibilizar las iniciativas y a sus actores y, de esta manera, lograr un impacto positivo en un amplio público de tomadores de decisiones y comunidades para que las experiencias de conservación exitosas puedan ser identificadas, reconocidas y replicadas en diferentes territorios”, concluye el informe.