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Desde hace dos días las autoridades del pueblo Inga, comunidades afrodescendientes y campesinas del municipio de Villagarzón (Putumayo), esperan la llegada de la Procuraduría Nacional y Regional para dar inicio a una visita de verificación de un proceso que inició hace más de cinco años en contra del avance de la explotación petrolera en su territorio.
En 2015 la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón (ACIMVIP) interpuso una acción de tutela contra la Nación, específicamente el Ministerio del Interior, pues consideraba que sus derechos fundamentales como pueblos indígenas y, en particular, su derecho a la Consulta Previa, había sido vulnerado con la instalación de una plataforma petrolera del Proyecto de Perforación Exploratoria La Cabaña, de la empresa Gran Tierra Energy LTDA, en su territorio ancestral.
“Desde hace 15 años se vienen presentando situaciones que ponen en riesgo la vida, el territorio y la persistencia del pueblo Inga debido a la presencia de empresas extractivistas en nuestro territorio”, asegura Carlos López Descanse, presidente de la Asociación de Cabildos ACIMVIP. “Se han adelantado exploraciones sin el debido consentimiento de las comunidades y se construyó una plataforma en territorio indígena donde están asentadas las comunidades, desconociendo su presencia y teniendo un completo desconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, explica.
Esta semana debía llevarse a cabo la tercera visita de verificación, solicitada por el Tribunal Administrativo de Nariño, con la que esperaba llegarse a una conclusión sobre la presencia de grupos étnicos en el área de perforación exploratoria del proyecto. Se planeó un recorrido entre el 2 y el 6 de marzo para visitar resguardos, chagras, reservas de plantas medicinales, cementerios y demás sitios de interés étnico que las comunidades consideran que podrían verse afectados si el proyecto de exploración continúa.
Además de la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de los representantes de las comunidades étnicas, debían participar de la visita la Defensoría y la Procuraduría delegada de asuntos étnicos como garantes de los derechos fundamentales de las comunidades afro y los pueblos indígenas. No obstante, al inicio del encuentro, el pasado 1 de marzo, estas dos instituciones no estaban presentes. Su ausencia generó que la visita que llevaba meses planeándose, con cronogramas, protocolos de bioseguridad, recorridos, y a la que llegaron los 11 gobernadores de los resguardos indígenas, así como representantes de las comunidades afro provenientes de todo el territorio, estuviera a punto de cancelarse.
La Defensoría del Pueblo finalmente envió en representación a Jhon Harold Ordoñez, Defensor Regional de Putumayo, para el encuentro del 2 de marzo, e informó que la delegada nacional llegaría el 3 de marzo. Sin embargo, y pese a que el Ministerio del Interior aseguró haber hecho todas las gestiones para garantizar la presencia de la Procuraduría -y se desplazó hasta Mocoa para hablar con el Procurador Regional- la Procuraduría informó a último minuto que “no podría acompañar la visita”, y que, en consecuencia, delegaba a la Personería Municipal la responsabilidad del Ministerio Público.
“El pasado 22 de febrero los representantes de los resguardos, comunidades afro, juntas de acción comunal, instituciones y Ministerio Público (incluidas Defensoría y Procuraduría) habíamos confirmado la participación en la visita. En ese momento, María Alejandra Gómez, procuradora nacional delegada para asuntos étnicos, informó que, aunque no podía participar personalmente, confirmaba la participación de la institución a través de un delegado regional”, aseguró el presidente de ACIMVIP.
Al no presentarse -insiste el líder indígena- no solo están incumpliendo el compromiso generado en la reunión de febrero, sino también desconociendo el fallo de tutela que los vincula dentro de este proceso de acompañamiento. “Además, ellos son las únicas instituciones que garantizan el cumplimiento de un acompañamiento en el marco del debido proceso y de la defensa de nuestros derechos. Para nosotros esta convierte en una situación que amenaza y pone en riesgo este proceso en el que ya se tienen unos antecedentes”, añade.
“Es preocupante que desde una entidad como la Procuraduría General de la Nación no se esté dando claridad al porqué de su ausencia frente a una vista ordenada por un Juez del Tribunal de Nariño. Esto no es voluntario, ellos tienen que estar acá”, explica Vanessa Torres, abogada y subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad que acompaña el proceso. “En esta visita se está definiendo el futuro y pervivencia de una comunidad. Si el proyecto avanza sin la Consulta Previa, derecho fundamental de los pueblos indígenas, seguramente se terminará destruyendo territorio ancestral, tal como lo han venido denunciado las comunidades en este proceso”.
La ausencia de la Procuraduría es mucho más grave, explican desde Ambiente y Sociedad, debido a las condiciones de vulnerabilidad reiteradas que tiene el pueblo Inga, comunidad que, además de verse afectada en el marco del proyecto, ha sido afectada por la violencia y el desplazamiento.
“Nosotros, como autoridades del pueblo Inga de Villagarzón, hacemos un llamado respetuoso a la Procuraduría Nacional delegada para grupos étnicos, para que pueda dar cumplimiento a sus funciones y sea garante de los derechos fundamentales de los grupos étnicos en el departamento del Putumayo”, insiste Carlos López. La Procuraduría, como parte de la orden del Juez, debía presentar un informe autónomo de la situación en el proyecto La Cabaña con base en sus competencias.
Esta tercera visita, que ordenó el Tribunal de Nariño, había sido propuesta por la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior para diciembre del año pasado, sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 y a las restricciones de movilidad en el territorio, se acordó que se llevaría a cabo entre el 1 y el 8 de marzo. “Congregaron a todas las autoridades indígenas, gobernadores Ingas, en un contexto de pandemia. Sin duda esta es una situación de riesgo adicional a la que están exponiendo a estas comunidades, haciéndolos venir y concentrándolos en un escenario en el que no asisten todos los entes de control designados por un juez”, aseguran desde Ambiente y Sociedad. “Con este proceso, la comunidad no está exigiendo la presencia o no de la empresa en el territorio, sino que se les haga la Consulta Previa”.