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El debate sobre la posible construcción del hotel Los Ciruelos en el parque Tayrona se reactivó la semana pasada cuando el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó que tanto Fernando Uregui Mejía, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como Álvaro Echeverry Londoño, de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, desacataron un fallo que ese tribunal emitió en 2013.
En marzo de 2014, tras dos años de polémicas por los posibles impactos ambientales que supondría la construcción de hoteles en la reserva, el Consejo de Estado le entregó a la Unidad de Parques Nacionales el poder de decidir sobre el futuro de Los Ciruelos.
Los magistrados ordenaron que sólo si Parques Nacionales consideraba que la construcción del hotel era viable desde lo ambiental, la ANLA y el Mininterior podrían convocar consultas previas para que los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta avalaran o rechazaran el proyecto, y si el concepto resultaba ser negativo la ANLA debería decidir qué hacer con Los Ciruelos.
Este pronunciamiento respaldaba una decisión previa del Tribunal Administrativo del Magdalena que, en febrero de 2013, respondió a una tutela instaurada para buscar la defensa de los derechos de los indígenas que no habían sido tenidos en cuenta en el proyecto. El fallo sostenía la suspensión de las obras de construcción de 12 cabañas turísticas en Bahía Concha hasta que se consultara a arhuacos, wiwas, koguis y kankuamos y les ordenaba a las autoridades realizar un estudio científico para comprobar si era posible construir las cabañas sin afectar áreas de conservación.
El esperado concepto técnico de Parques Nacionales llegó en septiembre de 2013: “las actividades que desarrollaría la Reserva Los Ciruelos S.A.S. en el interior del Parque Tayrona generarán un daño grave e irreversible al área protegida ya que se afectarán los ecosistemas presentes en la zona, principalmente el bosque seco presente en el área de influencia. Esto debido a que el proyecto implica el establecimiento de infraestructura para alojamiento que reemplazaría los ecosistemas naturales”.
Hay que tener en cuenta que desde 2009 Reserva Los Ciruelos S.A.S. había recibido de manera legítima la licencia ambiental por parte de la ANLA, permiso que dio vía libre a las primeras obras, que luego fueron detenidas por incumplimientos de la firma. A esta situación se sumó el rechazo directo de Parques Nacionales al hotel en 2012. En ese momento su directora, Julia Miranda, pidió que se cancelara la licencia ambiental argumentando que en el año en que fue expedida el país no tenía información científica sobre el bosque seco tropical que cubría la zona, el cual resultó ser uno de los ecosistemas más vulnerables del parque.
Con el concepto de Parques sobre la mesa, muchos pensarían que el proyecto Los Ciruelos tendría que salir del Tayrona, pero antes ANLA debería informar qué pasaría con la compañía y si, por ejemplo, el Estado tendría que asumir algún tipo de indemnización.
Pero, según denunció el líder indígena arhuaco Gelver Zapata Izquierdo, los indígenas comenzaron a recibir visitas de personas que les dijeron que el proyecto iba a realizarse. Dice el líder que incluso les ofrecieron prebendas diciendo que necesitaban su aval para terminar los trámites legales.
Indignados, los cabildos gobernadores, con el acompañamiento del abogado Alejandro Arias y su Fundación Misión Colombia, presentaron a mediados de febrero de este año un incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo del Magdalena.
Al revisar el caso los magistrados encontraron pruebas suficientes de que tanto la ANLA como la Dirección de Consultas Previas del Mininterior incurrieron en desacato, pasaron por encima de la orden de tener en cuenta el concepto de Parques y convocaron a los indígenas a reuniones de preconsulta.
En el caso de la ANLA, el tribunal comprobó que el 30 de mayo de 2014 le envió un requerimiento al Mininterior informándole que Los Ciruelos “tenía viabilidad ambiental”, así que le pedía que se iniciara el concepto de consulta previa. Al preguntarle a la ANLA por qué promovió este trámite si Parques Nacionales había dicho que el proyecto era inviable, la Autoridad respondió que quería ejecutar las consultas previas antes de estar segura de declararlo inviable, con el fin de determinar qué impactos tendría en términos culturales y espirituales.
Los magistrados respondieron entonces que este argumento “carecía de todo sustento fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que fue la molestia indígena la que, en parte, motivó la suspensión del proyecto, y que obligar a Los Ciruelos a asumir los costos de esa consulta previa es “lesivo” para la empresa, pues perdería el dinero teniendo en cuenta su inviabilidad ambiental. Los jueces calificaron como “cuestionable” el comportamiento de la ANLA y declararon su desacato.
En el caso del Ministerio del Interior, la Dirección de Consultas Previas se defendió diciendo que al recibir el requerimiento de la ANLA —en el cual decía que Los Ciruelos era viable— pensó que el asunto ya estaba resuelto, así que en julio de 2014 convocó a las comunidades indígenas para informarlas, y al no recibir respuesta el 27 de febrero de 2015 las citó a una reunión de preconsulta.
Pero los magistrados recordaron que todas las instancias conocían el soporte científico de Parques Nacionales y, sin embargo, esa dirección ayudó a la ANLA en este incidente de desacato.
Por esta falta Fernando Uregui Mejía, de la ANLA, y Álvaro Echeverry Londoño, del Mininterior, tendrán que pagar cada uno una multa de cinco salarios mínimos legales vigentes ($3’221.700). El director de la ANLA deberá tomar una decisión “inmediata” sobre el complejo turístico Los Ciruelos y las consultas deberán detenerse.