En Colombia hubo 181 víctimas de artefactos explosivos en el primer semestre del 2020

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El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que 27 de ellas fallecieron y advierte que las consecuencias humanitarias del conflicto armado en el país no han cesado en durante la pandemia del coronavirus.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó un balance sobre el daño producido por los artefactos explosivos en Colombia durante los primeros seis meses de 2020.

El CICR detalló que entre enero y junio de este año se registraron 181 víctimas de artefactos explosivos como minas antipersonales, restos explosivos de guerra, artefactos explosivos de detonación controlada y artefactos explosivos lanzados.

De las personas afectadas, 27 fallecieron y 154 son sobrevivientes. Además, 126 fueron civiles (17 menores de edad) y 55 fueron miembros de la fuerza pública y de grupos armados ilegales.

En este contexto, el CICR advirtió que las consecuencias humanitarias del conflicto armado en Colombia no han cesado en el marco de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

"En teoría, y a raíz del tema de la emergencia sanitaria, se debería demostrar una reducción del número de víctimas, pero lastimosamente vemos todo lo contrario. En particular, se siguen presentando afectados en las zonas donde el conflicto armado persiste", dijo Ana María Hernández, coordinadora de la unidad de contaminación por armas del CICR.

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Muestra de ello es la poca disminución de víctimas durante los primeros meses de 2020 en comparación con las de 2019. Durante enero y junio del año pasado hubo 195 víctimas por artefactos explosivos, apenas 14 más que en lo corrido de este año.

Esto sugiere que, pese a las medidas de aislamiento ordenadas por el Gobierno colombiano para contener la propagación del virus, la proyección de este año será similar a la de 2019, cuando el CICR notificó 352 víctimas de explosivos, además de 27.694 personas confinadas y 25.303 desplazamientos.

De acuerdo con el balance anual sobre la situación humanitaria de Colombia en 2019, el CICR detalló que la cifra de víctimas por artefactos explosivos creció en un 517% en tan solo dos años. En 2017 hubo un total de 57 personas afectadas, mientras que en 2018 se contabilizaron 221 casos.

Los departamentos más golpeados durante 2020

El Comité Internacional de la Cruz Roja explicó que 14 departamentos del país registraron accidentes por artefactos explosivos en el primer semestre de 2020. Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Cauca acumularon el 78% de las víctimas.

"En estos departamentos, donde se concentra el mayor número de víctimas, hay una coincidencia en las consecuencias humanitarias producto del conflicto armado -añadió Hernández-. El impacto sobre las comunidades se expresa también en el confinamiento, el desplazamiento y los combates entre los diferentes actores armados tratando de ganar control sobre los diferentes territorios".

El CICR reconoce al menos cinco conflictos armados en Colombia que involucran al Estado, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Clan del Golfo, al Ejército Popular de Liberación (EPL) y a las antiguas estructuras del Bloque Oriental de la otrora guerrilla de las Farc.

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Hace un par de meses, el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, señaló que estos actores armados “desafortunadamente en los últimos años han empezado a utilizar artefactos explosivos improvisados y minas antipersonales. Es muy lamentable y grave este hecho que tiene un impacto directo en la población civil”.

La alta densidad demográfica es otro de los factores que aumentaron la cantidad de víctimas en los departamentos arriba citados. “Uno no puede comparar la cantidad de personas que viven en el Chocó con los más de 5 millones de habitantes que hay en Antioquia”, remarcó la coordinadora de la unidad de contaminación por armas del CICR.

Todo esto deja en evidencia que, aunque el país lleva más de tres años en la implementación del Acuerdo de Paz, las zonas rurales de Colombia sufren una violencia estructural que deja cientos de víctimas en medio de un fuerte vacío estatal.

En esta época del posacuerdo, el CICR ha expresado una serie de nuevas preocupaciones con respecto al daño generado por los artefactos explosivos en la periferia colombiana.

Por una parte, afirmó Hernández, las comunidades han manifestado que desconocen dónde están ubicados los artefactos. “En las nuevas dinámicas del conflicto y el movimiento de los actores armados, las personas no tienen una certeza de los espacios que se encuentran contaminados. Eso ha generado un crecimiento en el número de víctimas”.

La opacidad de responsabilidades es otro de los desafíos que advirtió el CICR. “Cada vez es más difícil atribuir el actor armado que utiliza determinado artefacto explosivo”.

Finalmente, “otro punto que nos inquieta bastante -destacó Hernández- es que cada vez se presentan más víctimas de los grupos armados. Esto también lo vemos con mucha preocupación porque al final del día estamos hablando de personas que sufren un accidente y, si sobreviven, quedan en unas condiciones físicas, mentales y emocionales muy graves”.

“Las personas normalmente que sobreviven requieren de una atención de manera definitiva durante toda su vida, y esto no solamente impacta la vida de esas víctimas sino también la de sus familiares. Por eso hay que ver todo lo que está detrás de las cifras: no es solamente un número, sino ver la historia de estas personas y cómo tratan de sobrellevar el accidente y todo lo que eso conlleva”, reiteró Hernández.

Prórroga para que Colombia cumpla con el Tratado de Ottawa

De acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia en el Tratado de Ottawa, firmado entre 133 países en 1997, el país está en la obligación de “destruir todas las minas antipersonales presentes en zonas de su territorio” antes de 2021.

Se calcula que 720 municipios del país tienen algún nivel de contaminación por estos artefactos explosivos. Es por eso que el Gobierno de Iván Duque solicitó a finales de junio una extensión de casi cinco años para cumplir con lo acordado en el Convenio de Ottawa.

Frente a esto, la funcionaria del CICR reiteró que Colombia debe hacer “todos los esfuerzos para mitigar los riesgos que corre la población civil por la presencia de contaminación por armas”.

"No importa cuántos años Colombia tenga que seguir solicitando la prórroga, siempre será útil porque la extensión de este plazo le permitirá al Estado colombiano tratar de cumplir con una obligación internacional", concluyó Hernández.

Tras Afganistán, Colombia es el país del mundo con más víctimas por estos artefactos explosivos improvisados. Para enfrentar este flagelo, el Gobierno pretende invertir unos USD 146 millones en operaciones de ‘desminado’ entre 2020 y 2022.

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