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La Contraloría General de la República advirtió irregularidades por el orden de los $8.018 millones en contratos de alimentos financiados con recursos de regalías, en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) y en la Gobernación del Vichada.
En La Jagua de Ibirico el ente de control pudo determinar sobrecostos por $3.026 millones en la compra de víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche, los cuales eran incluidos en un kit alimenticio entregado durante 18 meses a más de 5.000 beneficiarios, entre niños y niñas desnutridos y en riesgo de desnutrición, madres gestantes y lactantes.
Las irregularidades obedecen a la ejecución del contrato No. 340 del 3 de diciembre de 2012, que suscribió este municipio con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de $15.295 millones.
“El mayor valor cancelado por concepto de componentes de los paquetes nutricionales contratados fue de $4.287 millones, que bajó a la suma referida de $3.026 millones al momento de definir el presunto detrimento patrimonial, dado que se consideraron deducciones efectuadas sobre los pagos realizados y el porcentaje correspondiente a las pólizas de calidad y cumplimiento”, explicó la Contraloría a través de un comunicado.
Según la entidad –que envió el informe de auditoría al alcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla, y remitió el caso a la Procuraduría y a la Fiscalía– los mayores sobrecostos se dieron en el pago de productos como mantequilla, leche entera acondicionada y aceite vegetal.
“En valores unitarios, se destaca por ejemplo el pago de avena en hojuela por 250 gramos a $3.480, cuando la cotización que obtuvo la Contraloría es de $1.910. También está el caso de harina de maíz por 500 gramos cotizada a $1.370 y cancelada a $2.520”, explicó el ente de control.
De acuerdo con la Contraloría, se estableció este detrimento patrimonial al realizar un análisis del costo de los productos, con base en una cotización de una firma local, con los precios correspondientes a la fecha en que se ejecutó el contrato y en las condiciones señaladas en los estudios previos. Adicionalmente, se contó con información suministrada por la cadena Almacenes Olímpica.
“La administración municipal supuestamente tuvo en cuenta como precio base de los productos a comprar los que le habría cotizado Olímpica al momento de los estudios previos. Además habría recibido cotizaciones de Almacenes Éxito y Carrefour (hoy Jumbo). Sin embargo, en respuesta a la entidad Olímpica indicó un valor menor a los productos, en comparación con los que se pagaron”, precisa la Contraloría.
El caso de Vichada
Por otro lado, el ente de control reveló un presunto hallazgo fiscal por $4.992 millones en un contrato de alimentación suscrito por la Gobernación del Vichada y financiado con recursos de regalías.
Según la Contraloría, el contrato –que fue financiado por una cuantía de más de $10.371 millones con recursos del sistema general de regalías– presentó incumplimientos superiores al 50% por parte del contratista, quien debía garantizar el desayuno, almuerzo y cena a más de 3 mil estudiantes que viven en 41 internados en el departamento.
“Entre otras, la Contraloría detectó inconsistencias como víveres no suministrados a tiempo; inadecuadas condiciones en las bodegas de almacenamiento de alimentos; incumplimiento a la minuta alimentaria y fallas en la limpieza y el control integrado de plagas”, precisa la entidad.
Adicionalmente, encuestas realizadas a los beneficiarios del programa de alimentación escolar evidenciaron que la comida era servida en muy pocas cantidades, sin satisfacer las necesidades alimenticias de los menores.