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Andrés* tenía 36 años, era sastre, amaba a los hombres y fue asesinado, a finales de febrero, en su propia casa, en Barranquilla. Uno de sus vecinos lo golpeó, amarró, amordazó y, finalmente, lo degolló. Había sevicia. Al mismo tiempo, Camila*, una mujer trans, fue detenida y torturada por agentes de la Policía, en Manizales, por identificarse con un sexo distinto al que mostraban sus genitales. El mismo motivo por el que Roxana*, también trans y lideresa de Nariño, fue amenazada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tildándola de “marica” y “escoria”. Posteriormente, le advirtieron que tenía que abandonar el país y la acusaron de apoyar a las Farc y al Eln. (Lea aquí: “No mató a una mujer, mató a una familia”: familia de trans asesinada)
Estos tres casos son algunos de los recopilados en el informe La discriminación: una guerra que no termina, de las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, que se lanza hoy. El documento evidencia la situación de los derechos humanos de la población LGBT en 2017 y concluye que, a pesar de los avances jurisprudenciales para garantizar los derechos de esta comunidad, la violencia contra lesbianas, gais, bisexuales y trans no da tregua. Y el indicador más alarmante son los homicidios. (Lea aquí: El asesinato del profesor Rolando Pérez: 11 años en la impunidad)
La investigación revela que al menos 109 personas LGBT fueron asesinadas el año pasado en 19 departamentos del país, lo que representa una víctima más de las que se reportaron en 2016. Sumado a esto, se sabe que el 37 % de los crímenes fueron cometidos por prejuicio, es decir, que sus agresiones fueron causadas por estereotipos sociales, como el que reprodujo un panfleto en Aguachica (Cesar): “por culpa de los maricas, se está perdiendo la juventud”. Y, por eso, invitaba a eliminarlos.
La mayoría de víctimas murieron en Antioquia (28), Valle del cauca (28) y Bogotá (12), y eran hombres gais y mujeres trans. El promedio de edad de las víctimas fue de 37 años y casi todas tenían bajos niveles de escolaridad. Adicionalmente, cinco eran defensoras de derechos humanos. “A pesar de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc, y de los avances en la mesa de diálogos con el Eln, el conflicto persiste e incluso se ha agravado en varias regiones del país. La presencia de grupos armados sigue poniendo en riesgo a la población LGBT, ya que muchos de ellos reproducen estereotipos negativos y atacan a esta población, con tal de legitimar su rol de control social”, afirma el informe. (En fotos: Así fue la marcha del orgullo LGBTI en Barranquilla)
El pasado fin de semana, Colombia celebró la marcha del Orgullo LGBTI para pedirle al nuevo gobierno que garantice sus derechos. / Foto: Nathaly Triana
Así sucedió en Tumaco, Nariño, donde fue asesinado a finales de mayo Jairo*, activista e integrante de la Fundación Afrocolombiana Arco Iris LGBTI. La violencia, que en el pasado lo había desplazado forzosamente, lo siguió hasta la puerta de su casa, donde una pareja de sicarios le disparó hasta acabar con su vida. “¡Matamos al marica!”, gritaron los atacantes, mientras huían del lugar celebrando. Dos personas fueron capturadas por este crimen y una de ellas, al parecer, pertenecería a un grupo delincuencial llamado “Gente del Orden”.
Sin embargo, no todos los casos de asesinatos contra LGBT han terminado en la identificación de los supuestos homicidas. La mayor parte de las investigaciones penales (50) están apenas en etapa de indagación, tres se encuentran en etapa de investigación y seis avanzaron al juicio de los presuntos responsables, incluyendo dos asesinatos de mujeres trans que fueron tipificados como feminicidios. Solo en tres casos se logró la condena de los responsables.
A pesar de que en 2014, la Fiscalía creó un programa de fiscales destacados para investigar crímenes contra LGBT, hay varios obstáculos que han dificultado la completa implementación de esta estrategia judicial. El primero de ellos son los sesgos en los operadores judiciales, quienes se apresuran a creer que las personas LGBT son asesinadas por un “ajuste de cuentas” y, por tanto, la primera línea de investigación se dirige a evidenciar si la víctima es delincuente o tiene antecedentes.
Por ende, Caribe Afirmativo y Colombia Diversa se unen hoy para pedir, entre otras recomendaciones, que la Fiscalía capacite a todos sus funcionarios en temas LGBT, no solo a los fiscales destacados, y que establezca un protocolo de investigación para que cualquier fiscal valore de manera adecuada casos de violencia contra LGBT. A la Defensoría del Pueblo le solicitan que investigue las amenazas y los homicidios contra esta población y a la Policía que vele por su protección.
¿Sabes qué es Sin Clóset, el espacio LGBT de El Espectador? Mira aquí nuestros video.
*Nombres cambiados por protección de las fuentes.
