“Están dejando que el posconflicto se vuelva una guachafita”: Gobernador de Antioquia

Luis Pérez dijo que los guerrilleros ya se están preagrupando en zonas que no cuentan con vigilancia de la Fuerza Pública. Y agrega que esos miembros de las Farc les han pedido favores a los alcaldes, y han radicado derechos de petición para que se pavimenten vías.

/ Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia
En su primer año como gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez ha realizado múltiples críticas, así como propuestas que no dejan de ser polémicas, relacionadas con el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, y con el acuerdo firmado este jueves entre las dos partes en el Teatro Colón, en Bogotá, y que en una semana comenzaría su implementación, si es aprobado -entre el martes y el miércoles- en el Congreso.
 
El reclamo más reciente que hizo el mandatario antioqueño fue que en varios municipios del departamento, guerrilleros se están reuniendo en puntos de preagrupamiento que aunque fueron reglamentados con el decreto 1647 de 2016, no cuentan con vigilancia. Pero el 20 de octubre, Pérez hizo una propuesta que también generó revuelo: crear 25 vicealcaldías de Seguridad y Convivencia, y que estas estuvieran a cargo de militares o policías en activo. 
 
El Espectador habló con Pérez, después de que se firmara el acuerdo, sobre sus reparos frente a un proceso de paz y un eventual posconflicto que, en su opinión, podría estar realizándose sin “orden ni disciplina”. El mandatario también hace evidente su preocupación en cuanto a la seguridad en Antioquia, teniendo en cuenta que las Farc están dejando territorios donde se convirtieron en la única autoridad, por lo que existe el peligro de que estas zonas sean tomadas por otros grupos armados.
 
Los Puntos de Preagrupamiento Temporal (PPT) fueron reglamentados por el Gobierno el pasado 20 de octubre, ¿por qué denuncia entonces que no hay vigilancia en ellos?
 
Lo primero es que en Antioquia se prepararon cinco zonas de concentración, ubicadas en Anorí, Dabeiba, Ituango, Remedios y Vigía del Fuerte. A esas cinco zonas veredales fueron funcionarios de la Nación, del departamento, los alcaldes y las entidades internacionales. Se definió que los guerrilleros no podrían moverse de esos lugares, así como tampoco estar cerca ni a comunidades indígenas, ni a mujeres en riesgo ni a niños.
 
Pero intempestivamente se crearon los puntos de preagrupamiento y empezaron a aparecer en zonas rurales de algunos municipios grupos de 100, 150 o 200 guerrilleros. Si la comunidad y el alcalde no están preparados, pueden ocurrir cosas impredecibles. Cuando hicimos esta observación, el Gobierno Nacional nos dijo que en Antioquia se definieron diez puntos de preagrupamiento distintos a las zonas de concentración: dos en Dabeiba, dos en Ituango, dos en Anorí, uno en Tarazá, uno en Remedios, uno en Murindó y uno en Vigía del Fuerte.
 
¿Qué dificultades se han presentando en estas zonas?
 
Hace poco nos ocurrió un problema por el desorden que tienen no sé si los negociadores o el Gobierno Nacional. Sin avisarnos al alcalde de Yondó (en el Magdalena Medio) y a mí, apareció una concentración en la vereda de San Francisco. Los guerrilleros empezaron a pedirle favores al alcalde;  él estaba asustado, porque ellos no han dejado las armas. En Murindó también hacen actividades culturales y deportivas. En Anorí le mandan todo el día derechos de petición al alcalde para que pavimente una vía, construya un colegio o un hospital, mande alimentos, etc. 
 
Nuestra gran preocupación es que hicimos un trabajo muy serio con las zonas de concentración, pero los puntos de preagrupamiento nadie los vigila, nadie los controla. Desde nuestro punto de vista es un absoluto desorden, porque ni siquiera sabemos quiénes son los que llegan. 
 
¿Los guerrilleros se están tomando atribuciones que no les corresponden?
 
El Gobierno Nacional ha dicho que los gobernantes regionales debemos garantizar el orden en ese sentido. Pero ellos están soltando el proceso de paz, porque ni las Naciones Unidas están verificando. Parece que dejan que el proceso de paz y el posconflicto se conviertan en una guachafita.
 
Tiempo atrás usted decía que la ausencia de guerrilleros en ciertas zonas causa problemas de convivencia, ¿cómo equilibrar esta "falta de autoridad" con el "desorden" causado por las zonas de preagrupamiento?
 
Son dos escenarios distintos. Cuando la guerrilla deja un territorio donde desde hace 30 o 40 años es la única autoridad, queda un vacío. Las mismas comunidades reclaman que tiene que existir alguien que ejerza justicia, porque no hay quién solucione un problema de límites, laboral, de violencia intrafamiliar, etc. Pero, en general, en los puntos de preagrupamiento, la guerrilla no estaba establecida. Entonces, si llegan al municipio, la gente se asusta.
 
¿Para poner orden es que propone crear vicealcaldías militares en Antioquia?
 
Las vicealcaldías de Seguridad Ciudadana son para las regiones que las Farc abandonen, que quedan sin presencia del Estado y en riesgo de que las bandas criminales se tomen ese territorio, pues suele haber minería ilegal o sembrados de coca, dos sectores de la economía ilegal muy atractivos para las bacrim. Por eso queremos que haya un vicealcalde por municipio. Queremos que sean policías o militares con estudios en Derecho u otras ramas del conocimiento para que ayuden al tránsito a la civilidad.
 
¿Cómo garantizar que los grupos ilegales no atenten contra los guerrilleros concentrados?
 
Para las zonas de concentración se definieron varios sistemas de seguridad. Habrá un anillo del Ejército a dos kilómetros, a un kilómetro estará la Policía (400 agentes por zona), y alrededor las organizaciones internacionales. Hay riesgos en los puntos de preagrupamientos, porque esa gente está prácticamente tirada y todo es improvisado.
 
¿Cómo se protegerá a las comunidades?
 
Con los vicealcaldes de Seguridad y Convivencia, que se encargarían de crear Estado donde no ha existido. Por ejemplo en la vereda La Granja, Ituango, la guerrilla desde hace 30 o 40 años resolvía los problemas, pero salió de allí y la abandonó. Nosotros nombramos un comisario, pero tenemos que llevar a la Policía después de décadas, así como a misiones médicas, entre otras cosas.
 
Otro ejemplo es Briceño. Allá son 33 veredas, de las que 11 estaban controladas por las Farc y otras 11, tienen a las bacrim rondándolas. Entonces tratamos de construir Estado donde estaba la guerrilla, para que las zonas donde tienen fuerza los grupos criminales, también se metan en la legalidad.
 
Algunos dirigentes han criticado que en las regiones no ha habido mucha pedagogía para la paz, ¿cuál es su postura frente a esto?
 
En la Gobernación de Antioquia, desde que se firmó el primer acuerdo, les pusimos la tarea a los secretarios de que estudiaran los acuerdos para ver cómo afectaban cada región y cada secretaría. Luego cuantificamos cuánto valdría el posconflicto, se calculó en unos $11 billones, de los que teníamos $3 billones contemplados en el Plan de Desarrollo. Los otros $8 billones habría que buscarlos con el Gobierno Nacional.
 
Ahora nos toca retomar el nuevo acuerdo de paz para trabajar con el gabinete y ver qué reformas hay y cómo impacta a lo que ya habíamos hecho.
 
¿Entonces el nuevo acuerdo cómo afecta a Antioquia?
 
En el nuevo acuerdo leí algo a lo que no se le ha hecho mucha publicidad, donde dice que se presentarán unas normas para que los actores criminales que haya en Colombia se puedan someter voluntariamente a la justicia y tengan algunos privilegios. 
 
Eso se relaciona con la carta de la Oficina de Envigado que circuló hace unos días, donde decía que se quería someter a la justicia. Algo similar también dijo el Clan del Golfo. Ese es un tema que hay que analizar, pues podría afectar positivamente a Antioquia, ya que las zonas donde el Clan del Golfo tiene más injerencia son acá y en Córdoba, al igual que la Oficina que ha generado violencia en el departamento. Tenemos que estudiar todos estos detalles, no solo en lo económico, sino en la seguridad. Pensar en cómo nos afecta que, por ejemplo, actores pertenecientes a bandas criminales se sometan voluntariamente a la justicia.