Autoridades indígenas rechazan militarización en el Cauca

El presidente Iván Duque anunció el envío de 2.500 uniformados al Cauca con el fin de garantizar la seguridad / Efe

Luego de la masacre de cinco indígenas del pueblo nasa en el municipio de Toribío, Cauca, el presidente Iván Duque anunció el envío de 2.500 uniformados al departamento con el fin de garantizar la seguridad y combatir los grupos armados ilegales. 

“Con eso se busca cumplir los tres propósitos: control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico empleadas por estas organizaciones y desmantelarlas”, afirmó el presidente tras los hechos ocurridos.

Sin embargo, varios líderes indígenas han rechazado las medidas de militarización de Duque. “El Gobierno actual no entiende que la filosofía de las armas no es el camino para resolver las masacre indígena. Con el asesinato de Karina García, el presidente envió 1.500 hombres y aún se presentan asesinatos”, afirmó Joe Sauca coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) a El Espectador. 

También le puede interesar:  El horror y la frustración en el Cauca

Según el líder indígena, para poder cambiar la situación estructural, tiene que haber modificaciones en el régimen. Eso implica hacer un cambio desde la institucionalidad frente a los planes de vida y desarrollo de la comunidad indígena. “Hay que invertir más en la restitución de tierras, en el fortalecimiento de los cabildos, trabajar en el control territorial y seguir con las guardias indígenas para hacer un tránsito a la paz”, dijo Sauca.

Por su parte, Hermes Pete, consejero Mayor del CRIC, estableció que la militarización no va a garantizar una reducción en los asesinatos que se presentan en la región. “Hacer anuncios que se darán en 40 días es algo ilógico”, afirmó Pete a Rcn Radio.

También le puede interesar: ¿Por qué están matando a los indígenas en el norte del Cauca?

La Asociación de Cabildos Indígenas informó en su cuenta de Twitter que la comunidad de Tacueyó, en asamblea extraordinaria, rechazó a los actores armados ilegales o legales en el territorio. También solicitó que en un plazo máximo de seis meses se cumpla con la sustitución de cultivos ilícitos de la región.