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La familia Corredor Giraldo era tan común como cualquier otra de estrato medio en Colombia. Se rebuscaba la vida trabajando en el campo. Pedro Alfonso Corredor Sánchez y su esposa, Margarita Giraldo, ambos naturales de Moniquirá (Boyacá), provenían de familias campesinas paneleras, gracias a lo cual hicieron un capital que apenas les daba para el sostenimiento de ellos y sus dos hijos, sin poder darse grandes lujos.
De hecho, para tratar de buscar un futuro más prometedor, hace 14 años decidieron dejar Boyacá e irse a los Llanos Orientales. Se instalaron en Villavicencio porque el papá de Pedro Alfonso tenía una finca en Puerto López y a ella le dedicaron los últimos años. Todos los días salían a las 5 de la mañana para trabajarla.
Corredor había terminado su bachillerato, pero Margarita, al unirse a él siendo aún adolescente, nunca terminó sus estudios, de tal forma que para rebuscarse algo de dinero extra vendía productos por catálogo.
El primer giro de sus vidas lo tuvieron hace apenas cinco años, el 4 de septiembre de 2009. “Pedro estaba compartiendo con unos amigos en Niza, Bogotá, jugando billar.
En una discusión con uno de los guardas de seguridad de un centro comercial recibió un golpe en la cabeza con un revólver, que lo dejó con un trauma craneoencefálico severo. En la clínica Shaio, luego de practicarle algunos exámenes, le decretaron Glasgow 3 (que se refiere al nivel de conciencia del ser humano; lo normal es 16). Procedieron entonces a hacerle una craneotomía para extraerle parte del cráneo fracturado”, relata su esposa, quien estaba embarazada y perdió a su tercer hijo debido al impacto de la noticia.
Luego de la operación, el hombre estuvo cuatro meses en coma. Cuando despertó le quedó comprometido el 35% del cerebro, afectando las áreas cognitiva y emocional. Las esperanzas de que volviera a caminar eran pocas y el futuro incierto, porque los golpes afectaron su mente.
Mientras Margarita hacía cadenas de oración en cuanta iglesia cristiana o católica conocía, Pedro empezó a caminar por sí solo. En un mes se recuperó, pero su mente quedó afectada, tenía un temperamento fuerte y había perdido la motricidad del lado izquierdo.
La corte de Texas
Por intermedio de unos amigos, Pedro conoció un día a un hombre que se hizo llamar “Alfredo”, que lo invitó a hacer unos pesos de más ayudando a descargar abono prensado en Ciénaga (Magdalena), labor por la que se iba a ganar $2 millones. Como era trabajo de campo bien remunerado y estaba endeudado hasta en las facturas de servicios públicos, aceptó y viajó, desprevenido.
“No sé qué habrá pasado, pero al regreso Pedro me dijo que no quería saber nada más de ese señor. Es más, sólo le pagaron $850.000. Mi esposo siguió trabajando con el papá hasta que el 21 de junio de este año, en la vía a Pachaquiaro, viniendo de la finca paterna, fue capturado. La Policía dijo que era solicitado con fines de extradición”, cuenta Margarita.
Seis días después, la Policía Nacional presentó ante los medios de comunicación la captura de Pedro Alfonso Corredor Sánchez como uno de los socios de Pijarbey y de la banda criminal Libertadores de Vichada. Supuestamente era el encargado de coordinar los envíos aéreos de droga y una de las pruebas sería la incautación en Ciénaga de 198 kilos de coca que iban a ser llevados a Estados Unidos.
“Alfredo”, dice Margarita, podría ser el mismo Diego Rivas Ángel, señalado de ser uno de los principales testaferros de grupos paramilitares en el Meta, quien era dueño de grandes cultivos de palma en tierras despojadas de manera fraudulenta en el sur del departamento.
Según investigaciones, Rivas Ángel podría ser informante de la DEA y estaría buscando chivos expiatorios para redimir sus culpas con la justicia estadounidense y evitar su propia extradición. Corredor Sánchez sería una de esas víctimas. Lo cierto es que desde mayo de 2013, sobre Pedro pesa una solicitud de extradición por parte de la Corte del Distrito Oeste de Texas, en trámite en la Corte Suprema de Justicia.
“Se lo llevaron para La Picota, en Bogotá. Contra él sigue el proceso para extraditarlo y no tenemos abogado porque los encargados de esos temas cobran mucho dinero”, dice la esposa.
Sin apoderado judicial
La familia Corredor Sánchez considera que se cometerá una injusticia como se iba a cometer contra Ariel Martínez, el carpintero de San Vicente del Caguán cuya orden de extradición ya había sido firmada por el presidente Juan Manuel Santos. Sólo una corrección del gobierno de Estados Unidos impidió que se cumpliera el trámite.
Ahora Margarita espera convencer también al gobierno colombiano de que su esposo, sin el 35% de sus funciones cerebrales, campesino y de familia de clase media, no es ningún mafioso, como se ha dicho en los medios de comunicación.
La tarea no será fácil, porque, como lo dijo recientemente Juan Esteban Constaín en una columna de opinión en El Tiempo, Texas “es un estado cuyo sistema judicial aún impone un índice de libros prohibidos para sus reclusos”, y donde aún hoy hombres declarados inocentes por altas cortes pagan injustas condenas porque la burocracia les ha impedido recobrar su libertad.
Por intermedio de contactos, su familia se comunicó con Diego Álvarez, abogado de Don Berna, quien luego de conocer a Pedro dijo que éste era usado como idiota útil porque no tiene perfil de criminal. Aunque aseguró que se haría cargo del caso por un sentido humanitario y sólo cobraría una suma simbólica, Álvarez no volvió a responderle a Margarita las llamadas y Corredor no tiene una defensa judicial.
“El indictment (archivo de acusación) tenía un tiempo para ser respondido por la defensa, pero ni siquiera lo conocemos. Jurídicamente estamos ciegos. El único crimen fue ir a cargar esos camiones porque ni siquiera antecedentes penales tiene. Mi esposo tiene estados de depresión, llora todo el día. Tiene 40 años y podría cometer una locura en cualquier momento”, concluye Margarita, quien ahora debe lidiar con el sustento del hogar porque ni siquiera vivienda propia tienen.