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El maltrato infantil en Colombia cuenta con otro episodio que ha posado los ojos del país, curiosamente, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Carlos Enrique Muñoz, un abogado de la entidad, es señalado de haber abusado sexualmente de una menor de 10 años en Sutamarchán, Boyacá. Según las primeras versiones, el hombre era cercano a la familia de la niña y constantemente estaba en celebraciones especiales. Esa cercanía fue aprovechada por el presunto violador para acercarse a la menor. La madre de la víctima denunció que ella misma, cuando llegó a su casa, escuchó los gritos de su hija mientras estaba siendo abusada por el abogado del ICBF.
De inmediato las autoridades reaccionaron y capturaron a Muñoz. Confirmaron no solo que el hombre es trabajador activo del ICBF en Tunja, sino también que sí había violado a la menor. “Esta persona lamentablemente accede carnalmente a una menor de 10 años. Una niña que se encontraba en su residencia”, afirmó el coronel José Elías Baquero, comandante de la Policía de Boyacá.
Cristina Plazas Michelsen, directora del ICBF, también reaccionó rápidamente al hecho y condenó el presunto abuso sexual. La funcionaria, que calificó el abuso sexual como el delito más grave en contra de los menores, informó que el hombre fue retirado de la entidad.
Asimismo, Plazas aseguró que colaborará en todo lo que necesiten las autoridades, y por ahora ya se realizan procesos internos pertinentes para investigar lo sucedido y preparar las sanciones contra el sujeto. La directora de la entidad aprovechó la oportunidad para volver a proponer la necesidad de que en Colombia exista cadena perpetua para violadores de niños.
“Los violadores son los peores criminales de la humanidad, el abuso sexual infantil es el delito más atroz, cruel e inhumano y sobre estos delincuentes debe caer todo el peso de la ley, más aún cuando se trata de una persona que debe velar por la protección de los derechos de nuestros niños. Colombia tiene que mandar un mensaje fuerte y claro y es que no podemos tolerar la violencia sexual contra nuestros niños y niñas. Cualquier vulneración a sus derechos debe ser castigada con las máximas penas”, afirmó Plazas en diálogo con Caracol Radio.
La funcionaria también señaló que desde el ICBF se hará toda la colaboración necesaria para que las autoridades competentes adelanten las investigaciones contra el agresor.