COVID-19 y agenda neoliberal. ¿Qué pasará con el holding Bicentenario?

Sin negar la gravedad de la situación que enfrentamos y la necesidad urgente de fortalecer nuestro sistema de salud, que ha sido saqueado por políticos y otros corruptos durante años, en este momento no se puede pasar por alto que el Gobierno Duque creó el Holding Bicentenario en noviembre de 2019, agrupando a casi todas las entidades financieras estatales con participación de la nación, para ganar en eficiencia y “maximizar el valor” del patrimonio público. Con las medidas que ha tomado el gobierno por el COVID-19, surgen dudas sobre la situación en que quedarán las entidades financieras estatales que conforman el Holding y se pone en tela de juicio el objetivo de dicho proceso, que prometió no vender tales activos.

Por años el sector público ha ostentado la propiedad y la gestión de entidades financieras para desarrollar los fines del Estado. Las actividades que requieren financiación estatal van desde la construcción de infraestructuras y proyectos de desarrollo regional, hasta la financiación de vivienda de interés social o créditos para el acceso a la educación superior (esto último es un problema mayúsculo para los derechos ciudadanos).

En teoría, puesto que el decreto de creación no lo señala expresamente, el Holding

Bicentenario está conformado por 16 entidades, entre bancos comerciales, bancos de segundo piso, aseguradoras y entidades especiales, que controlan aproximadamente 83 billones de pesos en activos y un poco más de 15 billones en patrimonio público. Según lo afirma el decreto, con la creación del Holding se busca la conformación del tercer grupo financiero más grande del país, para optimizar la administración de las empresas del Estado, mejorando en calidad de los servicios financieros y las condiciones para los usuarios.

La creación del Holding es fruto, entre otras cosas, de las recomendaciones de la OCDE para evitar que la acción del Estado, por medio de sus empresas, afecte la “neutralidad competitiva” en el mercado. Por ello, este es un proceso de corporatización, consistente en transformar jurídica y organizacionalmente a las empresas estatales para que compitan en las mismas condiciones de las empresas privadas. En consecuencia, los ciudadanos ya no recibirán los beneficios de las políticas focalizadas por medio de tasas de interés subsidiadas o de condiciones más favorables de acceso al crédito. Se verán obligados a recurrir al mercado de créditos de vivienda, educativos, productivos, entre otros, altamente concentrado y con tasas de intermediación y costos muy elevados y socialmente ineficientes.

Por ejemplo, en la actualidad un crédito educativo en una de las entidades del primer holding financiero privado del país tiene una tasa de hasta el 21,87%. El ICETEX, por su parte, cobra como tasa máxima 13,9% anual. Lo mismo ocurre en todos los otros tipos de créditos.

La decisión del pasado 17 de marzo muestra que la intención del gobierno nacional con el proceso de creación del Holding ha sido siempre la de transferir el valor público a manos privadas y que la actual crisis sanitaria es una ocasión inmejorable para concretar tal objetivo.

Esta decisión está alineada con las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales, de mediados de 2019, y que sugerían que los activos públicos se debían cotizar en la Bolsa de Valores para profundizar el mercado, así como que era necesario cambiar las condiciones legales para su enajenación. Hoy se evidencia que cotizar y vender parte de estas empresas, que controlan casi 83 billones de pesos, es el camino para que el sector privado extraiga y concentre el valor social. La crisis sanitaria es un nuevo pretexto para esta privatización, en condiciones de crisis económica y precios a la baja de las acciones. ¡Viva el neoliberalismo!

*Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia e investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)

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