Exalcalde de Chía, a juicio disciplinario por posibles irregularidades en contratación

Gustavo Torrijos- El Espectador

Por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por cerca de $19.000 millones, celebrado para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Chía I Delicias Sur, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el ex alcalde de Chia, Guillermo Varela Romero. Junto a el exmandatario irán a juicio disciplinario el exsecretario de Obras Públicas del municipio, Rafael Antonio Ballesteros, y al exjefe de la Oficina de Programación de la dependencia, Mauricio Enrique Cabrera Marín.

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El cuestionado contrato se celebró el 18 de noviembre de 2015 con  Gehs Global Environment and Health Solutions de Colombia y, según la Procuraduría, al parecer, se cometieron tres irregularidades. Primero, a pesar del monto y de que existen más empresas en capacidad de haber hecho dicha obra, se adjudicó el contrado de forma directa, sin tener en cuenta otros oferentes del mercado. Por esta razón, según la investigación, exfuicionarios pudieron haber desconocido los principios de transparencia y de selección objetiva.

Fuera de que supuestamente lo adjudicaron "a dedo", celebraron el contrato sin contar con estudios técnicos y económicos precisos. Y, para complentar, la administración municipal le hizo a la empresa un anticipo de casi el 90% ($17.000 millones), algo que está prohibido en las normas de contratación, ya que no se tenía certeza de que fueron a cumplir con los trabajos. 

Con respecto al exsecretario de Obras Públicas y al exjefe de la Oficina de Programación, el órgano de control considera que podrían tener algún tipo de responsabilidad, en la medida que tuvieron participación en la etapa previa a la celebración del contrato. "Al parecer habrían aprobado los estudios y documentos previos y profirieron la Resolución No. 3397 de noviembre 4 de 2015, por medio de la cual justificaron el uso de la contratación directa para el negocio jurídico".

Además, a Rafael Antonio Ballesteros se le cuestiona el haber suscrito un acta de recibo final de noviembre 30 de 2015, donde habría hecho constar que el contratista se encontraba a paz y salvo por todo concepto, “pese a que para esa fecha no había cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato de aprovisionamiento, dentro de los cuales se encontraba el suministro e instalación de tecnología y la puesta en marcha de la planta de tratamiento”, señala la Procuraduría en un comunicado.

Por ahora,el llamado a juicio disciplinario no quiere decir que los exfuncionarios sean responsables. Por ahora, ellos tendrán 10 días para solicitar pruebas antes de ir a la audiencia, en la que la Procuraduría determinará si cometieron o no una falta contra la administración pública.   

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