Indígenas de Antioquia se declararon en emergencia humanitaria por violencia en el departamento

Resguardo Jaidukamá en Ituango.

Foto: OIA

Confinamientos, amenazas, homicidios, masacres y desplazamientos son algunos de los hechos violentos a los que se enfrentan las comunidades indígenas en Antioquia. Desde hace tres años la Organización Indígena de Antioquia (OIA) viene denunciando los diversos hechos perpetrados por grupos armados ilegales que ponen en riesgo a las comunidades. El 28 de febrero de este año, por ejemplo, Plinio Dogarí Majoré, un niño de 13 años que forma parte del pueblo embera eyabida de Murindó (Antioquia), perdió su pierna derecha al pisar una mina antipersonal. Debido a lo que ellos consideran una “poca respuesta estatal” ante la situación que viven, este 12 de marzo, la OIA declaró emergencia humanitaria en los pueblos indígenas de Antioquia.

Las zonas que se encuentran en alto riesgo de vulnerabilidad son el Bajo Cauca, el Occidente, el Urabá y el Suroeste. De acuerdo con Amelicia Santacruz, consejera mayor de la OIA, Murindó, Dabeiba, Frontino, Ituango y el Bajo Cauca antioqueño son las zonas más expuestas por la presencia de minas antipersonales y enfrentamientos entre grupos armados: Clan del Golfo y Eln. De los 38.000 indígenas que hay en Antioquia, cerca de 20.000 están en riesgo, especialmente los resguardos embera eyabida y los zenúes.

“Nos vemos urgidos a declarar, desde la Organización Indígena de Antioquia, la urgencia humanitaria de la población indígena de nuestro departamento, que representa espejo para la sociedad mayor, donde nos encontramos y con la que convivimos. No somos humanidad vulnerable, sino vulnerada. Se han ocupado de nuestro cuidado sólo para asegurar nuestra exclusión. No puede haber paz cuando la lengua imperante es la guerra”, argumentó la OIA en un comunicado.

El personero de Medellín, William Vivas, por ejemplo, alertó del aumento de desplazados hacía el casco urbano de la ciudad. Los indígenas llegan provenientes de municipios como Bagadó, Riosucio, Carmen de Atrato, Quibdó y Murindó. En todo el 2020 la Personería de la ciudad registró un total de 161 indígenas desplazados que llegaron a la capital de Antioquia. En apenas 69 días de 2021 ya se presentaron poco más de la mitad de todos los casos del año pasado, 89 indígenas.

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El 3 de marzo de este año, los enfrentamientos armados en Murindó produjeron el desplazamiento de 168 indígenas del pueblo embera eyábida hacia el interior de los resguardos río Murindó y río Chageradó. Esta es una de las principales estrategias de protección de las comunidades, que prefieren huir hacia el interior de sus resguardos como forma de resistencia.

“Las comunidades no pueden hacer casi nada. No pueden hacer sus asambleas, están cerradas. Esta situación comenzó desde hace dos años, pero a finales de 2020 se agudizó más el problema. La vida es muy difícil en estos momentos”, aseguró la consejera mayor de la OIA.

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La Defensoría también emitió una alerta temprana el 8 de abril de 2020 donde advierte “por la posible ocurrencia de homicidios selectivos, amenazas, represalias y persecuciones, debido a las actuales presiones de los grupos armados por obtener la hegemonía territorial y con ello imponer sus condiciones de vida y restricciones a la población civil”. Sin embargo, no han recibido respuestas contundentes de las autoridades.

En esa misma alerta explican que en la zona hay presencia del Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la disidencia del Frente 36 de las Farc.

Con la declaratoria de emergencia humanitaria, las comunidades hicieron una serie de peticiones al Gobierno Departamental y Nacional y a las comunidades internacionales.

A la Gobernación de Antioquia le piden parar la violencia que se vive en los territorios indígenas y adoptar las medidas necesarias para superar la situación de emergencia humanitaria, social, económica y cultural que sufren los pueblos Indígenas Embera Eyábida, Embera Chamí, Embera Dóbida, Gunadule, Zenú y Nutabe. Además, exigen establecer una mesa de diálogo entre las autoridades indígenas, comisión de derechos humanos de la Gobernación de Antioquia y organismos de control, para concertar el procedimiento para el desminado humanitario.

Esa acción se realiza con el acompañamiento de organizaciones sociales. Sin embargo, desde la Gobernación de Antioquia, también se realiza el desminado militar, pues aseguran que no todas las zonas son aptas para hacer el desminado humanitario.

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“A la Cruz Roja Internacional, a la iglesia Católica, a la comunidad internacional, a los organismos de control y a las entidades estatales responsables de la atención humanitaria, solicitamos respuesta urgente frente a la retención de los 63 lideres indígenas en la Blanquita corregimiento de Frontino, ante la vulneración de su derecho a la libre circulación, en afectación de otros derechos fundamentales, incluyendo el confinamiento y el riesgo de desabastecimiento alimentario que están sufriendo sus familias y comunidades”, detallan desde la OIA.