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Los niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente aquellos indocumentados; son los que mayormente están expuestos a situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad de acuerdo con el informe presentado por la Defensoría del Pueblo: ‘Situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros en departamentos y municipios de frontera. Acciones y omisiones institucionales’.
Además de estar expuestos a peligros, estos menores de edad son víctimas de circunstancias que ponen en peligro su integridad física y moral.
Los resultados del informe arrojan que si bien existe una política integral migratoria, esta no específica las debidas acciones respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes, nacionales, extranjeros o con doble nacionalidad, porque va dirigida a la población en general sin tomar las medidas adecuadas para cada sector.
Al igual, se cuestiona que tan eficientes y eficaces son las acciones políticas, programas y estrategias que se desarrollan en el país para prevenir y detectar este tipo de vulneraciones.
Este informe presenta la caracterización de los niños, niñas y adolescentes tanto nacionales y migrantes que están en riesgo o son víctimas de violencia sexual, trabajo infantil y explotación laboral en los departamentos de frontera. Analiza los factores, las prácticas, los espacios protectores y de riesgos que inciden en la garantía de los derechos de estas personas. Por último, el documento expresa cuáles son las recomendaciones de la Defensoría a las instituciones que abordan estos temas.
La Defensoría indicó una serie de recomendaciones a las instituciones para que contemplen las acciones que se estipulan en el informe y así puedan ayudar a solucionar la problemática que "se han constituido en prácticas sociales y que naturalizan la violencia sexual en todas sus formas, el tráfico, el trabajo infantil y la trata de personas”.
El Informe, que se presentó en el Primer Encuentro de Defensorías del Pueblo de Países Fronterizos de Colombia, en Bogotá, fue desarrollado por la Defensoría del Pueblo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, quienes trabajaron en 24 municipios de 13 departamentos fronterizos.