Denuncian plan para atentar contra Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena

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El organismo internacional Colombia Human Rights Network alertó que bandas criminales de la región están organizando un plan para atentar contra el Gobernador de Magdalena.

Colombia Human Rights Network, una organización internacional que promueve la defensa de los derechos humanos en el país, emitió un comunicado dirigido al presidente Iván Duque; al fiscal general, Francisco Barbosa; al procurador, Fernando Carrillo y al defensor del pueblo, Carlos Negret. En este documento, la organización con sedes en Washington, New York y New Jersey, expresa su preocupación por la seguridad de Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena.

La ONG afirma que el gobernador “se ha enfocado en que la fuerza publica avance positivamente en el desmantelamiento de los grupos armados organizados heredados del paramilitarismo que operaban en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en corregimientos de los municipios de Ciénaga, Fundación y Aracataca”. Destacando que es una labor fundamental para que los pobladores del Magdalena puedan vivir seguros y en paz.

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Colombia Human Rights Network expresó su consternación por la sistemática violación de los derechos humanos en el país, explicando que esta no se limita a las organizaciones de derechos humanos. Esta preocupación también fue expresada por 94 miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

“Les pedimos que garanticen la vida y seguridad del señor Gobernador Caicedo, su familia y equipo de trabajo. Si algo les llegara a suceder se confirmaría la falta de voluntad política del Gobierno para garantizar la vida y seguridad de los sectores de oposición, y para liderar un Estado social de derecho”, dice el documento.

Así mismo, una carta firmada por los diputados europeos Helmut Scholz, Maria Arena y Benoît Biteau dirigida al presidente Duque, Alicia Arango, ministra del Interior; y Carlos Holmes-Trujillo, ministro de Defensa; también pide que se le garantice la seguridad a Caicedo. En el documento resaltan la labor del gobernador en defensa de derechos humanos, progreso social y sus logros como mandatario.

Los diputados afirman haber recibido información sobre un plan fraguado por pandillas para asesinar al gobernador. El secretario de Interior del Magdalena, José Humberto Torres, fue quien advirtió esos planes delictivos.

“Dado lo anterior, y las tazas de asesinatos de líderes sociales, -442 asesinatos desde la firma de los acuerdos de paz en enero del 2016-, y de impunidad, tomamos muy en serio las informaciones relativas a los planes para asesinar al Gobernador del Magdalena”, se lee en el comunicado de la organización. Solicitan que se adopten con urgencia medidas para impedir que se cometan crímenes contra Caicedo, miembros de su equipo, o familia.

La Defensoría del Pueblo afirmó que la información que ha recibido es preocupante por “la existencia creíble de un plan” para atentar contra Caicedo y solicita que se tomen las medidas pertinentes. También recomienda que sea convocado un consejo de seguridad extraordinario con la presencia de la ministra del Interior y el ministro de Defensa.

El atentado, de acuerdo con esa institución, sería planeando por personas identificadas como Orlando Vergara, alias el Mono, de la Oficina de Envigado; Jairo Catillo Cantillo, alias Pinocho, Zulma Musso Torres, alias La Patrona, Norberto Quiroga Poveda, alias 5.5 o Beto; y Elkin Javier López, alias La Silla o Doble Rueda.

Además, recuerdan que la Defensoría ya había advertido en una alerta temprana del 30 de octubre de 2019 para Santa Marta, Aracataca, Ciénaga, Fundación y Zona Bananera, la histórica presencia de grupos armados que se han fortalecido “a partir de economías ilegales como el narcotráfico y ante la ausencia las instituciones del Estado y la presencia inestable de la fuerza pública especialmente en el área rural”.

Dicha alerta también advierte sobre la presencia de grupos armados como Los Pachencas o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, además de ver como “potencialmente riesgoso el retorno de algunos beneficiarios de procesos de reinserción previsto en la ley 975 al 2005 que otrora ejercieron el control sobre el territorio (paramilitares) y de quienes se estiman presuntos intereses de reconfiguración de sus antiguas estructuras o de hacerse parte de las que actualmente operan”.

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