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La presunta malversación de recursos públicos para atender la emergencia sanitaria que vive el país, por cuenta de la pandemia del coronavirus, sigue siendo un asunto alarmante sobre el que los organismos de control e investigación tienen los ojos puestos.
Al 16 de julio, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República había revisado el 22,2 % de los contratos celebrados por instituciones estatales, en los que sus recursos y objetivos estaban encaminados a la compra y distribución de kits alimentarios y elementos de protección para la ciudadanía -cuyos costos ascienden a $5 billones- y hay más de 396 alertas por presuntos sobrecostos.
Desde la Procuraduría, por su parte, se han abierto 82 procesos disciplinarios a escala departamental, que se suman a las cinco nuevas investigaciones que la Fiscalía tiene bajo la lupa en tres municipios de Atlántico, uno de Tolima y otro de Meta.
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Ninguna región se salvó de las alertas emitidas, a tal punto que, con corte a la última semana de junio, hubo más procesos abiertos que municipios investigados. La lista está encabezada por la región Andina, donde de 215 municipios investigados, hay abiertos 337 procesos por parte de la Procuraduría a sus autoridades locales.
En términos nacionales, hay 396 municipios investigados y 593 procesos abiertos, en los que se revisan posibles inconsistencias en la celebración de contratos.
Según la Contraloría, en estos cuatro meses de emergencia sanitaria, hubo contratos por $ 133.000 millones para atender el coronavirus en las regiones y gracias a la labor de control fueron renegociados por $50 mil millones menos. Es decir, solo terminaron costando $83.000 millones. A la fecha siguen en revisión 78 proyectos financiados directamente con regalías.
Uno de los tres juicios disciplinarios departamentales que siguen abiertos en las arcas de los entes de control es el del gobernador de Arauca, Facundo Castillo, mandatario que en las primeras semanas de cuarentena, cuando la Contraloría revisó más de 5.198 contratos públicos, para buscar inconsistencias en la compra y entrega de ayudas humanitarias para población vulnerable en el país, fue acusado de pagar $19.959 por lata de atún, cuando el precio comercial era inferior en casi 70%.
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Como este suceso, las autoridades buscan presuntos desfalcos similares para encontrar patrones de sistematicidad que lleven a averiguar si estos delitos tienen articulaciones entre mandos municipales y departamentales.
Los casos indagados son variopintos y no discriminan por tamaño u otras características particulares de las entidades territoriales. Hay investigaciones abiertas desde municipios de sexto nivel como San Juan de Betulia (Sucre), hasta indagaciones de la Procuraduría que tomaron rumbo en ciudades capitales, donde se encontró, entre marzo y mayo, que los únicos municipios de estas dimensiones que no tenían contratos con presuntos sobrecostos, fueron: Valledupar, Bucaramanga, Arauca, San José del Guaviare, Mocoa, Ibagué, Manizales y Florencia.
Este es un escenario complejo que muestra a la transparencia en la contratación de diferentes programas o proyectos sociales para ayudar a las poblaciones más vulnerables, durante la emergencia sanitaria, como algo a lo que le queda un largo camino para encarrilarse.