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Carlos Felipe Córdoba, contralor general, explicó que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de esa entidad revisó contratos relacionados con la atención de la pandemia. Este estudio arrojó registros por $5 billones, equivalentes al 22,2 % de todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante los tres últimos meses, cuyo monto es de $22,5 billones.
La Contraloría informó que el 49 % de los contratos relacionados con el COVID-19 han tenido por objeto la compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad por $2,44 billones. Mientras que el 51 % restante lo componen contratos de prestación de servicios y otros por montos inferiores a los $150 millones de pesos, por valor total de $2,56 billones.
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“Hemos sacado 396 alertas hasta el momento por presuntos sobrecostos, por alrededor de $506.000 millones de pesos”, explicó Córdoba. Agregó que el número de alertas aumentó durante el último mes en un 16,4 %. Es importante aclarar que el valor de los sobrecostos creció un 82,8 % desde el 17 de junio hasta hoy, pues hasta ese día era de $484.000 millones.
La Contraloría informó que las alertas de la Diari llevaron a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $129.226 millones, y que su monto se redujo a $80.233 millones. Además, esta entidad informó que, debido a las alarmas, fueron terminados anticipadamente contratos por $21.543 millones, mientras que en 34 contratos el sobrecosto se redujo al 0 %, con un beneficio superior a los $6.000 millones.
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El 40 % de los contratos con alertas tienen origen en los recursos del orden departamental sobre 26 gobernaciones.
Elefantes blancos
Además de las alertas y sobrecostos en pandemia, la Contraloría identificó hasta la fecha 1.300 obras abandonadas o sin avance en todo el país, que suman más de $20 billones de pesos en inversiones. Los sectores más golpeados por estos proyectos abandonados son los de agua potable y saneamiento básico, educación, transporte, vivienda, deporte y recreación, y salud.
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El Contralor mencionó casos relevantes como la construcción de la represa del embalse multipropósito del Río Ranchería, que en 2005 fue definido por el CONPES como un proyecto estratégico para el país porque debía abastecer de agua a cerca de medio millón de habitantes de nueve municipios de La Guajira y generar 22.6 megavatios de energía al año. “Hoy es uno de los mamuts más vergonzantes de Colombia y allí la Contraloría ha hecho hallazgos con connotación fiscal por más de $637.000 millones”, dijo Córdoba.
Otro ejemplo de obras abandonadas es el Distrito de Riego Triángulo del Tolima que debía beneficiar a cerca de 20 mil personas, de las cuales el 88% (más de 17.500) pertenecen a comunidades indígenas. Según explicó el ente de control el proyecto tuvo una inversión inicial de $388.350 millones de pesos y de este sólo se ejecutó la primera fase.
A precios de 2011 se estima que en este proyecto se han realizado inversiones por aproximadamente $600.000 millones de pesos y con la proyección de inversión ascendería a un valor total $1,2 billones. “Grandes recursos para un proyecto que luego de 15 años es, sin duda, otro gran mamut”, dijo Córdoba.