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‘El sector rural no ha sido considerado estratégico’: Machado

Absalón Machado encabezó el Informe Nacional de Desarrollo Humano “Colombia rural. Razones para la esperanza” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2011.

Steven Navarrete Cardona
30 de abril de 2014 - 02:56 p. m.
‘El sector rural no ha sido considerado estratégico’: Machado

Absalón Machado es uno de los académicos con mayor trayectoria en la investigación de temas agrarios. Machado es economista de la Universidad de Antioquía, Magister en Economía de la Universidad de Chile. Fue profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y ha liderado múltiples investigaciones y publicado diversos libros, entre los más destacados se puede encontrar ‘De la estructura agraria al sistema agroindustrial’.

1. Si tuviera que elegir entre todos los problemas que tiene el campo colombiano. ¿Cuál sería para usted el que necesita mayor atención?
El sector rural tiene multitud de problemas y es arriesgado seleccionar uno de ellos como el más importante y por encima de los demás. Este riesgo es claro cuando los problemas están todos interrelacionados y ninguno de ellos tiene su propia autonomía. Sin embargo es posible identificar aquellos que tienen una mayor incidencia en la vida y posibilidades de los pobladores rurales.

Considero que la inequidad, la falta de oportunidades, la carencia de una política estructurada del Estado para el sector rural y el conflicto armado con todas sus derivaciones, son los problemas más críticos y alrededor de los cuales giran los demás. La inequidad en el acceso y distribución de factores productivos y especialmente la tierra, y en el acceso a oportunidades, bienes públicos y servicios, incluyendo la conectividad asimétrica a los mercados, marca muy fuerte la vida de la población rural. Esas desigualdades también se expresan en las inequitativas relaciones entre el campo y la ciudad, y en la manera como el Estado ha tratado históricamente a una u otra de esas territorialidades.

Otra gran inequidad es la falta de oportunidades para los habitantes rurales en relación con los que viven en conglomerados urbanos. La estructura agraria altamente desigual, excluyente y concentrada en manos de un grupo privilegiado de colombianos, y el mal uso que hacen de la tierra (conflictos de uso) es una razón estructural que impide la apertura de oportunidades, la creación dinámica de empleos y de opciones no agropecuarias dentro de la vida rural, y desmoviliza a los habitantes rurales que no tienen así oportunidades de ascenso y movilidad social en una estructura rígida y cerrada. Las oportunidades de diversificar los ingresos en el sector rural son pocas, y están centradas en una minoría de ciudadanos, unos porque tienen mayores niveles de educación, otros porque controlan los recursos y las relaciones con las instituciones y la política, otros porque han tenido golpes de fortuna, y algunos empresarios que han podido aglutinar a su alrededor los instrumentos necesarios para competir y permanecer en los mercados. Mujeres, jóvenes, etnias, ancianos y buena parte de la población económicamente activa y en edad de trabajar está por fuera de esas posibilidades porque la estructura agraria y las políticas del Estado no les abren caminos para moverse con libertad y acceso a lo que requieren para generar riqueza y bienestar.

Pero también es necesario decir que la carencia de una estrategia y política de desarrollo industrial, hecha a la medida de las necesidades del país dentro de criterios de eficiencia económica y social, castra una de las posibilidades de ascenso social como es el desplazamiento no forzado sino inducido por el progreso hacia centros urbanos, de aquellos actores que adquieren las capacidades para hacerlo. En Colombia el desarrollo rural no será posible, o será trunco, si no se articula con una dinámica industrial diversa e innovadora, y generadora de empleos calificados. La sola extracción de materias primas (oro, petróleo, minerales) no es garantía de ello, puedo ocurrir lo contrario.

El sector rural no ha contado con una política de Estado diseñada de acuerdo con las necesidades y potencialidades; esa política sufre del síndrome de las coyunturas porque no tiene una armazón ni estrategias centrales de largo plazo. El sector rural no ha sido considerado estratégico para el desarrollo en Colombia, ni ha contado con una visión de largo plazo y un acuerdo social que indique cómo, para qué y para quién se deben manejar los recursos que tiene el sector. Esa carencia de políticas estructurales se manifiesta en una precariedad institucional que es uno de los problemas críticos para el desarrollo del sector.

2. ¿Cuáles son las transformaciones que debe hacer el gobierno colombiano para sacar al campo colombiano de la situación de pobreza en la que se encuentra?
Cualquier estrategia de desarrollo rural debe partir de la terminación del conflicto armado, el combate decidido al narcotráfico y la corrupción. Entre las transformaciones rurales más críticas que se requieren señalo las siguientes:

1. Redistribución de la población en el territorio y redistribución de los recursos entre esa población con criterios de equidad y eficiencia en su uso. 2. La universalización de la educación y un mejoramiento apreciable de su calidad. 3. Resolver el atraso en la infraestructura y muy especialmente en riego y vías terciarias. 4. Redefinir las instituciones para el desarrollo agropecuario y rural con una profunda reforma institucional. 5. Crear un paquete de incentivos para la producción sin discriminaciones y cambiar la actual estructura de subsidios. 6. Un programa masivo de bienes públicos y de diversificación de oportunidades rurales. 7. Reconocimiento político del campesinado y un programa bien estructurado de apoyo a las economías familiares rurales. 8. Flexibilizar instrumentos de la política macroeconómica para facilitar el desarrollo rural. 9. Adoptar una política de seguridad alimentaria consistente con el desarrollo rural y el uso adecuado de los recursos, integrando más las ofertas rurales con las demandas urbanas de alimentos y el desarrollo del mercado interno. 10. Es necesario regular y hacer cumplir las normas laborales en el sector rural con una política de largo plazo que disminuya la informalidad. 11. Igualmente se deben regular los mercados de insumos y las plazas mayoristas para eliminar los elementos monopólicos y mafiosos que allí existen. 12. Emprender una política de industrialización de largo alcance, y reconvertir la ganadería extensiva al tiempo que se replantean las dimensiones de la economía cafetera.

3. ¿Por qué cada vez más campesinos están emigrando a las ciudades?
La migración campesina a las ciudades tiene origen en múltiples factores. Quizás los principales son el abandono a que han sido sometidos, la carencia de políticas claras para el sector rural que defiendan la producción y la estimulen, la ausencia y/o deficiencias notorias del Estado en la prestación de servicios, la inseguridad y el conflicto armado en todas sus manifestaciones, la falta de oportunidades y los anhelos y expectativas, la mayoría de las veces frustrados o ilusos, de mejores condiciones de vida.

4. ¿La apuesta actual de restitución de tierras ha logrado contribuir a la justicia y el desarrollo del agro colombiano?
La política de restitución de tierras en marcha tiene propósitos muy loables pero enfrenta dificultades enormes en medio del conflicto y las marañas jurídicas e institucionales. Es indudable que esa política rendirá frutos más en mediano el largo que en el corto plazo, pues la institucionalidad transicional que se ha establecido requiere algunos años para consolidarse y buscar las vías más expeditas para garantizar la restitución de tierras.

Un retorno y una restitución ordenados por regiones o zonas, no fragmentado en la geografía, o de carácter solamente individual, podría constituirse en un instrumento adecuado para impulsar el desarrollo rural. Ello tiene como premisa fundamental que la restitución pueda acompañarse siempre y de manera orgánica con políticas y estrategias de desarrollo rural con orientación territorial. La restitución sola no basta para alcanzar desarrollo rural, pero puede ser una condición necesaria. Allí es donde la actual política parece mostrar fallas que deben corregirse con urgencia, pues el desarrollo rural no es solamente promover proyectos productivos u otorgar crédito, es un proceso más complejo que requiere la presencia de todo el Estado y de la sociedad civil, si se hace en condiciones de seguridad para los restituidos, reclamantes y retornados, y con clara aplicación efectiva de normas de justicia y equidad.

5. ¿Qué medidas se deberían implementar en el campo colombiano para prepararse en una eventual firma del acuerdo de paz?
Creo que las medidas son las mismas que se enunciaron antes, porque el sector rural necesita de políticas contundentes con o sin conflicto. En el posconflicto se debería privilegiar las reformas institucionales a nivel local, regional y nacional avanzando desde ya en ese propósito, la consolidación del control territorial por parte de las fuerzas legítimas del Estado, el fortalecimiento de las organizaciones para participar de manera efectiva en el diseño de políticas, su implementación y veeduría, así como en la implementación de los acuerdos que se alcancen en las conversaciones de paz. Una medida urgente es rediseñar la estructura del presupuesto sectorial para darle preferencia a los bienes públicos y los incentivos positivos o de creación de valor agregado a la producción. Lo mismo una urgente estrategia de fortalecimiento de la pequeña producción familiar para sacarla de la mera subsistencia y la pobreza y darle oportunidades de pequeñas acumulaciones de ingreso.

También es urgente diseñar un sistema de administración de las tierras que incluya la modernización del catastro, el registro y la información que se tiene sobre la estructura agraria para facilitar la toma de decisiones. Y definitivamente adoptar una estrategia de distribución y redistribución de tierras en territorios o zonas estratégicas de desarrollo rural.

El posconflicto requiere de una estrategia de transición hacia una modernización con modernidad, que no debería ser inferior a dos décadas, apoyada con una institucionalidad renovada y hecha a la medida. 

Por Steven Navarrete Cardona

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