“Hay riesgo de que Gobierno incumpla compromisos con población negra e indígena”: Contraloría

El ente de control dice que no hay claridad en los presupuestos ni mecanismos de medición de resultados.

La Contraloría General de la República (CGR) informó este lunes sobre la posibilidad de que se incumplan los acuerdos a los que llegó el Gobierno con los pueblos indígenas y afrodescendientes en la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND).

“No solamente habría incumplimiento en lo referente a los niveles anuales de inversión con destinación a los pueblos y comunidades indígenas, sino también en lo relativo al cumplimiento concreto de los 169 acuerdos protocolizados e incluidos en el PND”, dijo la CGR en un comunicado.

Para la CGR hay un riesgo de incumplimiento que se origina en factores como que no hay claridad sobre las fuentes de los recursos con los cuales las entidades del Gobierno planean cumplir los acuerdos suscritos en el marco del PND con los pueblos y comunidades indígenas.

“Este riesgo es evidente y se deriva tanto de las falencias en la información producida y presentada por el Gobierno Nacional, como de la incapacidad de llevar a cabo procesos estrictos de planeación estratégica con información consistente”, sostuvo el ente de control.

Asimismo, no se han llevado a cabo procesos que permiten medir el avance en la gestión de las entidades del Gobierno, como la concertación de los indicadores de gestión y de cumplimiento de las metas.

La CGR advierte sobre la situación macroeconómica y fiscal del país que ha implicado aplazamientos de la inversión así como recortes al presupuesto de inversión para la vigencia fiscal 2016.

“Esta es una situación que pone en riesgo el compromiso de cumplir con los acuerdos en términos de distribución anual de los montos de inversión (20% en 2015, 30% en 2016, 30% en 2017, 20% en 2018) del presupuesto indicativo de entre $8 y $11 billones establecido en el parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley 1753 de 2015”.

La consulta previa del Plan de Desarrollo con las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales particularmente generó controversia el año pasado, pues no se llevó a cabo antes de la radicación del proyecto de ley que se tramitó en 2015. Mientras que la Corte Constitucional se pronunció en su momento diciendo que el Plan no debía consultarse, el malestar en las comunidades persiste.

“Después de natilla y buñuelos se convocó a las comunidades para desarrollar un proceso a nivel departamental, en la vía de poder crear el espacio de consulta e interlocución. Eso conllevó a que el espacio se reventara”, dijo a este diario Dora Vivanco, vocera de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, en septiembre pasado.

Para la Contraloría “fue difícil conceptuar sobre los recursos destinados para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, dada la precariedad en la información reportada por las entidades al respecto”, dice el comunicado.

La instancia de interlocución -cuya falta de definición ha obstaculizado que se hagan las consultas previas-, de acuerdo con la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, en octubre pasado comenzó a consolidarse y estaría lista en marzo próximo. Eso, tanto para el Dane como para las comunidades es vital en el proceso de estructuración del próximo censo poblacional (Vea El reto de medir los grupos étnicos en el censo de 2016).

Finalmente, según el informe elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, “las entidades que adquirieron compromisos con las comunidades étnicas en el marco del PND cumplen parcialmente con los principios de gestión fiscal, de economía, eficiencia, eficacia y equidad, en la medida en que no todas tienen claridad sobre el monto de recursos, proyectos y programas de inversión dirigidos a la población étnica”.

Las entidades involucradas son el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe), el Centro de Memoria Histórica, el Consejo Superior de la Judicatura, el Dane, Corpamag, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Fonvivienda, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, Unidad de Restitución de Tierras, el SENA, el Ministerio de Cultura, los ministerios del Interior, Hacienda, Trabajo, Educación, Vivienda, TIC, Salud, Minas, Ambiente, Agricultura, el ICBF, el IGAC, el Incoder (en liquidación), Parques Nacionales y la Unidad de Consolidación Territorial.