La violencia contra los indígenas colombianos se "agravó" en 2010, año en el que fueron asesinados 122 aborígenes, otros 10 desaparecieron y 1.146 fueron forzados a desplazarse, denunció la Organización Nacional Indígena en un informe entregado a la AFP este sábado.
La mayoría de la violencia que padece el 1,3 millón de indígenas colombianos es causada por agentes del Estado, seguidos por las guerrillas izquierdistas y los paramilitares de extrema derecha, y se da en el marco del conflicto armado que padece el país, indica.
"La situación de los pueblos indígenas se agrava cada vez más respecto a los años anteriores", denuncia el documento de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) que agrupa a más de 80 etnias que habitan principalmente en el norte, suroeste y los selváticos departamentos (provincias) del sur del país.
Entre 2002 y 2009 fueron asesinados más de 1.400 indígenas en medio del conflicto armado que enfrenta en Colombia a las Farc y ELN, grupos paramilitares de extrema derecha, bandas armadas del narcotráfico y las Fuerzas Militares.
Según la ONIC, la cifra de 122 indígenas asesinados en 2010 "sobrepasa por un gran margen al total del 2009", año en el que ocurrieron 94 crímenes.
Entre los 122 indígenas asesinados en 2010, se cuentan 5 niños, 17 mujeres y 100 hombres, puntualiza el informe, que explica que la mayoría de los crímenes se dan en el marco del conflicto armado que padece el país.
El estudio reconoce una disminución de la violencia contra los indígenas tras la llegada al poder del presidente Juan Manuel Santos, el pasado 7 de agosto.
"Se destaca respecto al primer semestre una disminución en la responsabilidad de los actores del Estado (de un 52% a un 43%), puede ser el cambio de gobierno una probable consecuencia de esta disminución", dice al respecto.
La organización agrega que "no obstante los actores estatales siguen siendo los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas", los grupos insurgentes, en especial la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "ocupan el segundo lugar".
En el tercer puesto están los paramilitares, que el informe puntualiza actúan ahora como bandas de delincuentes.
Más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron durante el anterior gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), pero varios centenares volvieron a las armas apoyados por narcotraficantes, para controlar territorios de cultivos de coca y rutas de salida de la droga.
Esta situación ha afectado principalmente a los indígenas Nukak, que habitan el selvático departamento de Guaviare (sur), donde los cultivos de coca los han obligado a desplazarse y, además, muchos de los aborígenes trabajan en la recolección de hoja de coca, explica la ONIC en su informe.
La violencia sexual contra las mujeres indígenas -5 casos en 2010-, de la que la ONIC responsabiliza principalmente a miembros del Ejército, es otra violación a los derechos humanos de los aborígenes que el informe destaca, señalando que esos actos se dan "asociados con operaciones militares".
La ONIC alerta además sobre la "muy grave" situación que enfrentan los pueblos indígenas Nukak y Jiw, en Guaviare, por el "despojo sistemático de su territorio que vienen sufriendo en la última década".
"El accionar de los grupos armados ilegales y legales, así como el avance de la colonización afectan las prácticas tradicionales de caza y recolección", indica el documento, que concluye advirtiendo: "Su situación es tan crítica que podrían llegar a desaparecer" esos dos pueblos indígenas.