El gobierno ha anunciado que está próximo a expedir el decreto que redefine la denominada "línea negra" que cobija los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Al respecto, gremios económicos y de infraestructura del país, además de los gobernadores de los departamentos de la región Caribe, han solicitado al presidente de la República que se abstenga de expedirlo en su última semana de mandato.
¿Cuál es la posición de los pueblos indígenas frente al decreto?
La posición nuestra como Organizacion Nacional Indígena de Colombia, y desde luego, de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, es que el gobierno colombiano, en cabeza del presidente de la Repúlica, Juan Manuel Santos, pueda expedir ese decreto antes de que termine su período presidencial ya que este decreto tiene cinco años de estarse discutiendo, concertando y consultando con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Proceso en el que han participado las dependencias del gobierno, distintos ministerios, y ha estado liderado y coordinado directamente desde la presidencia de la República, en cabeza de la Secretaría jurídica.
Por eso recibimos con mucha preocupación esta posición de los gremios, de los gobernadores y de algunos congresistas de la región, como Cristian José Moreno (Representante a la Cámara por el Cesar), quienes se oponen a la expedición del decreto, porque este no afecta la integridad territorial de esos entes ni es una amenaza para el desarrollo de nuestro país, sino todo lo contrario. Lo que se busca es que los pueblos indígenas de la Sierra puedan acceder a sus sitios sagrados, puedan trabajar por la conservación, por la vida, para que haya agua, comida, equilibrio.
¿Qué le solicitan entonces tanto a los gobernadores de esta región como a los gremios económicos que se han opuesto a la expedición del decreto?
El llamado que nosotros hacemos a las gobernadores y a los gremios es que en vez de oponerse, estén es apoyando esta reclamación justa e histórica. Aquí no se le va a entregar el territorio a los indígenas, lo que se va a permitir es que tengan acceso a esos sitios sagrados para que puedan trabajar.
Los gremios han manifestado que durante el proceso de socialización del proyecto y de diálogo para su construcción, ellos estuvieron excluidos. ¿Qué decir frente a eso?
Este proceso ha sido tan amplio que yo creo que es el decreto que más se ha consultado en este país. Son cinco años de consulta en los que han participado no solamente las entidades del gobierno nacional, los ministerios, sino también los departamentos, los gobernadores a través de sus delegados. Ahora que no vengan a decir que no conocen esto cuando es una discusión histórica; porque además hay una resolución del año 1995 en el que se reconoce la línea negra y ya en el año 1973 hubo una primera resolución. Lo que se está haciendo ahora es incluir otros sitios además de los que están en estas resoluciones y elevarlo a categoría de decreto reglamentario.
Entonces este no es un tema nuevo para los gobernadores ni para los gremios porque los pueblos indigenas de la sierra históricamente siempre han hablado y han reivindicado la línea negra y que aqui en la región los gobernadores conocen muy bien.
Tanto los gobernadores como los representantes de los gremios han manifestado que el decreto puede frenar el desarrollo en estos territorios. ¿Cómo responden a eso?
El desarrollo sostenible de la región Caribe está sobre la permanencia cultural y territorial de la Sierra Nevada de Santa Marta. Porque la Sierra tiene 36 cuencas que irrigan de agua a los departamentos de Cesar, Guajira, Magdalena. Entonces si estamos hablando del desarrollo tenemos que pensar es en cómo vamos a conservar la Sierra que es lo que va a permitir que esta región se pueda desarrollar. Entonces decir que el decreto va en contravía del desarrollo es una falacia.
Además hay un fallo de la Corte Constitucional que el presidente ha referido como el orígen del decreto, ¿es cierto?
Así es, es que es un tema que está blindado desde el punto de vista constitucional, legal y jurídico. El presidente de la República lo que está haciendo es cumplir una orden de la Corte Constitucional precisamente de delimitar la "línea negra" a través de un instrumento jurídico como lo es este decreto.
Frente a este decreto, ¿qué esperan del nuevo gobierno?
Nosotros hemos escuchado del presidente Duque que uno de sus principios es la legalidad. Y hoy la legalidad respalda a los pueblos indigenas por ese fallo de la Corte y nosotros esperamos que el nuevo gobierno cumpla con esa decisión.