TIP LEGAL / OPINIÓN

La importancia de la independencia judicial y de acatar los fallos de los jueces

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En 2002, durante la “Cumbre Hemisférica sobre la Justicia y la Libertad de Prensa en las Américas”, Stephen G. Breyer -Magistrado asociado a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos- pronunció un discurso que dieciocho años después no ha perdido vigencia y cobra, ahora, capital importancia para la realidad colombiana, en la que algunos sectores pretenden desvirtuar las sentencias de los jueces. Reflexiones.

"Voy a hablar de la independencia judicial y la prensa. Mi propósito es hablar principalmente de la independencia judicial, pero concluiré hablando de la prensa

Cuatro son los puntos que quiero destacar. Primeramente, ¿por qué la gran importancia de que haya independencia judicial? Segundo, ¿cómo intentamos alcanzar esa independencia en los Estados Unidos) Tercero, ¿con qué grandes obstáculos nos topamos? Cuarto, ¿quiénes son nuestros aliados naturales? Mis palabras girarán en torno a estas cuatro preguntas.

Primer punto: ¿Por qué ha de haber independencia judicial? Las razones fundamentales son sencillas; tienen que ver con la vida del ciudadano común y corriente. La independencia judicial es de importancia para él. Los ciudadanos ordinarios, como todos, desean prosperidad e independencia. Alan Greenspan ha señalado que la prosperidad exige inversiones; que las inversiones demandan seguridad financiera; y que la seguridad financiera precisa seguridad jurídica, es decir, cortes honradas y eficientes que hagan valer contratos y que resuelvan equitativamente las disputas.

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En lo que respecta a la libertad, todos sabemos que los jueces no pueden garantizarla pero que sí pueden ayudar a conseguirla. Tener cortes honradas e independientes significa tener jueces que resisten firmemente todo intento de imponer cortapisas a la libertad fundamental del ser humano. No siempre triunfan en ese empeño, pero la independencia les da la oportunidad de intentarlo.

Según punto: ¿Cómo hemos tratado de garantizar la independencia judicial en Estados Unidos? Contamos con un número de instituciones que nos ayudan en esa tarea. Nuestra constitución garantiza que los cargos de los jueces sean vitalicios. Thomas Jefferson se quejaba de nuestra Corte Suprema: los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, decía Jefferson, ¡nunca se jubilan y nunca se mueren!

La constitución también garantiza un sueldo “que no habrá de reducirse”. Esa terminología viene a ser una garantía parcial, aunque la inflación haya reducido su valor. El Congreso también nos da recursos suficientes para realizar nuestra labor de manera efectiva.

La inmovilidad, el sueldo y los recursos son necesarios para la independencia judicial en todos los países y no únicamente en Estados Unidos. Al decidir los casos que llegan ante ustedes, es preciso tener la certeza de que no se les va a someter a juicio político en el futuro, cuando los que estén en el poder no estén de acuerdo con los resultados. A menos que se cuente con esa seguridad, es imposible fallar un caso con justicia.

Esto es algo que nos demoramos mucho tiempo en aprender en Estado Unidos. En los primeros años de esta república, unos de nuestros presidentes y denodado campeón de la libertad, Thomas Jefferson, estimó que sería buena idea destituir a los jueces que se oponían a su punto de vista político. No lo logró, y el hecho de que haya fracasado en ese intento sirvió para consolidar la independencia judicial.

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Tenemos también otras instituciones. Contamos, por ejemplo, con una autoridad disciplinaria independiente en el poder judicial. No puede destituir a los jueces; eso es algo que únicamente el Congreso puede hacer. Pero sí puede imponer medidas disciplinarias sin llegar al juicio político. Tenemos nuestro propio sistema de administración judicial. Y lo que es de igual importancia: nos esforzamos por darle al público confianza de nuestra probidad, por asegurarle que realizamos nuestra labor como es debido. Al igual que mis colegas de la judicatura tengo la obligación de dar a conocer públicamente todos los años hasta el último centavo que devengo, hasta el último centavo que mi esposa gana, hasta el último centavo que mis hijos menores puedan haber ganado durante el año, todos los regalos que he recibido, todos los activos que poseo y todas las obligaciones que he contraído. La prensa de inmediato publica artículos sobre la cantidad exacta de dinero que tengo a mi haber. Tal vez resulte molesto, sí; pero es absolutamente necesario. Es necesario para que el público tenga confianza en el poder judicial. El público sabe que la prensa tratará de obtener toda información pertinente. Si esa información económica está a disposición de todos, y si la prensa escribe sobre ella, el público tiene cierta garantía de que hay honradez y probidad en el poder judicial. El público también debe tener cierta garantía de que los jueces realizan su labor de manera efectiva y deciden los casos con justicia. Ello significa también que los costos de la litigación no pueden ser tan altos que le veden al ciudadano común y corriente el acceso al juzgado.

Nuestro sistema dista mucho de ser perfecto. Con todos, nos hemos esforzado por crear instituciones que ayuden a garantizar que los jueces sean honrados, que realizan su labor como es debido, que juzgados y tribunales sean razonablemente públicos, y que la persona ordinaria tenga la oportunidad de que se le oiga y se le resuelva su caso. Nos falta un largo trecho que recorrer para alcanzar estas metas, pero no debemos cejar en nuestro empleo de llegar a ellas.

Tercer punto: ¿Cuál es el obstáculo más difícil que afronta la independencia judicial? En mi opinión, el obstáculo más difícil es el que precisa varios decenios para salvarlo. Es un obstáculo que tiene que ver con la confianza pública. Permítanme citar algunos ejemplos, sacados de nuestra propia historia.

En 1834, la Corte Suprema falló el caso de Woncester contra Georgia. La tribu de indios cherokees era dueña de tierras en el norte del estado de Georgia. Que estaban garantizadas por tratados con Estados Unidos. Sucedió que se descubrieron yacimientos de oro en esas tierras. Los vecinos de la tribu, los ciudadanos de Georgia, invadieron el territorio indio para apropiarse del oro. Los cherokees eran una nación muy civilizado; contaban con su propio alfabeto y escuelas, y gozaban del amparo de una constitución. “Debemos buscarnos un abogado”, dijeron. Y contrataron al abogado de más renombre de esa época, William Wirt, que había sido procurador general. Wirt radicó un pleito. Worcester contra Georgia, que finalmente llegó ante la Corte Suprema. En dictamen unánime, la Corte falló que las tierras no pertenecían a los ciudadanos de Georgia. Pertenecían a los indios y estaban garantizados por tratado. El gobierno federal había prometido que los indios podrían conservar las tierras en perpetuidad, y los ciudadanos de Georgia tenían que abandonarlas. ¿Qué sucedió? Se dice que, refiriéndose a la decisión de la Corte Suprema, el Presidente de Estados Unidos, que a la sazón era Andrew Jackson, dijo: “John Marshall (el presidente de la Corte Suprema) ha tomado una decisión; que la haga cumplir”. Y el presidente Jackson despachó tropas a Georgia, no para auxiliar a los indios sino para desalojarlos. Las tropas obligaron a los indios a abandonar Georgia. Los indios Cherokees siguieron lo que se ha conocido como el Camino de las Lágrimas hasta llegar a Oklahoma, donde sus descendientes han vivido hasta el día de hoy. Mantengan presente esta historia.

El segundo caso, Cooper contra Aaron, se falló más de un siglo después. La Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que considerar la ejecución del dictamen de 1954 en el caso Brown contra la Junta de Educación. En ese caso, como ustedes saben, se falló que la constitución de Estados Unidos prohíbe la segregación radial. Cooper contra Aaron se suscitó porque un gobernador de Arkansas dijo: “La Corte Suprema no me va a decir lo que tengo que hacer”, y se apostó frente a la puerta de una escuela, con tropas estatales, para impedir que niños negros entrasen en una escuela de blancos. En Cooper contra Aaron, la Corte Suprema falló unánimemente. El presidente Eisenhower despachó paracaidistas para hacer cumplir el mandato de la Corte. Tal vez había aprendido del mal ejemplo dado por Andrew Jackson un siglo antes, porque esta vez los soldados no fueron a desafiar a la Corte Suprema sino a hacer cumplir su dictamen. Con la ayuda de los paracaidistas, los escolares negros franquearon las puertas de esa escuela de blancos. Los jueces no pudieron haber desegregado al Sur por sí mismos. Fue necesario un gobierno que estuviese dispuesto a despachar soldados para hacer cumplir el mandamiento de los magistrados y hacer posible que esos niños entrasen a la escuela.

Consideren ahora lo sucedido el año pasado (2001) cuando nuestra corte decidió el caso Bush contra Gore. Piensen en ese caso, o en centenares de otros que tienen que ver con cuestiones tan polémicas como el aborto, la oración en las escuelas, cuestiones que dividen al país y que inflaman las más vivas emociones.

Lo que me parece especialmente notable de esos casos es que, a pesar de las opiniones encontradas y de las pasiones que despiertan, nadie duda de que el país acatará la decisión de la Corte. Eso es algo muy notable. Es el destilado de 200 años de experiencias que incluyen una guerra civil y 80 años de segregación racial. Paulatinamente, el público llegó a entender la importancia de acatar los fallos judiciales, incluso aquéllos con los que está en profundo desacuerdo.

Las conferencias y reuniones no pueden, por sí solas, crear el hábito de obediencia al imperio de la ley. Lo que debemos lograr es el entendimiento por parte de personas que no son jueces, periodistas no abogados sino más bien ciudadanos comunes y corrientes de que su libertad y su prosperidad dependen en parte del acatamiento de las decisiones judiciales de una judicatura independiente, aun cuando esas decisiones , desde el punto de vista de esos ciudadanos, estén totalmente erradas. Los jueces no somos oráculos. Cometemos muchos errores.

Y ¿quiénes son nuestros aliados en la tarea de fomentar el entendimiento público de la importancia de la independencia judicial, del respeto de las instituciones judiciales, y del hábito de acatar el imperio de la ley? Tenemos dos grandes aliados.

El primero de ellos es el gremio independiente de abogados. Necesitamos un gremio independiente que explique la importancia de los recursos, la inamovilidad y el sueldo. Si los propios jueces intentaran explicar esa necesidad, el público pudiera escucharles cortésmente y seguir como si nada hubiese pasado. El público pensaría para sí: “Todos tenemos problemas y, francamente, los jueces, o por lo menos muchos de ellos, tienen menos problemas que le generalidad de las personas”. Los recursos, la inamovilidad y el sueldo son importantes, pero los jueces no podemos ser quienes se lo digan al público. Es el Colegio de Abogados, el gremio profesional, quien debe explicar que los jueces los necesitan, no para ellos, sino para los demás. Es el Colegio de Abogados quien debe explicar a los jóvenes de bachillerato, a los adultos de la comunidad, por qué es importante tener un poder judicial independiente y por qué, desde el punto de vista del público, un poder independiente ayuda a garantizar tanto la prosperidad como la libertad. Nadie es profeta en su tierra. Necesitamos que el gremio profesional también le explique al poder legislativo lo que se precisa para mantener una institución judicial firme y robusta.

Nuestro segundo aliado es la prensa. Necesitamos a la prensa. La prensa, claro está, frecuentemente dice cosas con las que no estamos de acuerdo, cosas que, para decirlo sin ambages, no nos hacen la menor gracia. Pero, a fin de cuentas, la prensa puede ayudar a persuadir al público de la necesidad de tener un poder judicial independiente, de que la institución es digna y proba, y de que el poder judicial precisa los recursos necesarios para poder servir al público como es debido. La prensa no es siempre exacta en sus apreciaciones. Pero es imperativo que tenga la libertad de decir lo que quiera. La prensa no merece crédito a menos que goce de la libertad de poder ser crítica, aun cuando a veces se equivoque.

Estimo que la prensa y el poder judicial son instituciones diferentes, pero con propósitos comunes. Son, en cierto sentido, mellizas; a veces riñen entre sí, pero son mutuamente indispensables. La semana pasada leí un discurso pronunciado por Gerhard Casper, expresidente de Stanford University. Es alemán y creció durante los primeros años de la posguerra. Relataba que, en sus años mozos, tuvo una maestra que estuvo a punto de perder la vida a manos de los nazis, hasta que los aliados la pusieron en libertad. No solía hablar mucho de la época nazi. Un día sus estudiantes le preguntaron: ‘Por qué no nos habla de esos tiempos? ¿Por qué no nos dice lo que sucedió?’ Respondió: 'No es porque haya estado de acuerdo con el régimen. Es más, los nazis casi me mataron. Pero les voy a relatar un acontecimiento que jamás he podido olvidar. Corrían los últimos años de los treinta; vi a un camión estacionado en la calle y a varios policías que obligaban a un grupo de judíos a subir a él. Me acerqué a los policías y les pregunté: ‘Qué hacen? ¿A dónde los llevan?’. Uno de los policías se volteó y me espetó estas palabras: “Si lo quieres averiguar, móntate tú también”'.

¿Ven por qué la prensa es necesaria? Por la prensa nos enteramos de lo que sucede. Si existe la prensa, tal vez lo que ocurrió en la Alemania nazi no suceda en otros países. Y esa es también la razón de ser de un poder judicial independiente. Por eso digo que son gemelos. Los dos son valladares que se interponen en el camino de esos nefastos camiones, que impiden que tengamos que preguntarnos quiénes son sus pasajeros y a dónde los llevan".(ravila@elespectador.com)

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