La religión en una Colombia ¿postsecular?

Presidencia

“En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad”, con este axioma abría la constitución colombiana de 1886. Poco más de un siglo después, se sigue “invocando la protección de Dios” en el preámbulo de la Constitución de 1991, una de las más pluralistas e incluyentes, al menos en el papel, de las constituciones contemporáneas.

Precisamente la joven constitución permitió avances en términos pluralistas y democráticos, al reconocerse la libertad de cultos y su igualdad jurídica. Sin embargo, la vigencia del cristianismo en el país reconoce su fuerza política.

Basta con recordar la referencia apocalíptica que hacía hace una semanas Alejandro Ordóñez respecto a Humberto de la Calle. O el ayuno y la oración que pidió Viviane Morales, en mayo pasado, para que el referendo que prohibía la adopción gay fuera aprobado en el Senado. O las miles de veces que el autodenominado concejal bogotano de la familia ha condenado prácticas que se alejan del canon bíblico.

Sin duda, es la visita de Francisco a Colombia, que puede considerarse histórica por varios motivos, la que pone de telón de fondo la importancia de la religión en el siglo XXI, cuando no parece haber perdido el poder no solo sobre las almas, sino sobre el poder político que la Ilustración francesa y el liberalismo inglés inspiraron a derrocar.

En el papel, parece que la moral pública y el derecho dejaron de lado la fundamentación bíblica. Es decir, en estados de derecho democráticos y pluralistas, como el colombiano, es una impostura invocar a cualquier divinidad para el establecimiento de normas morales (como la constitución de la familia, el aborto o la eutanasia), dado la diversidad de religiones que conviven en la nación y la forma particular como los mismos creyentes asumen y practican sus creencias.

¿Entonces sobre qué debería estar fundado el deber y la vinculación moral de una nación? Ante este aparente caos, es indudable que se presente y se alarge el debate público. El filósofo alemán Jürgen Habermas reconoce que no se puede desconocer el brío del hecho religioso aún en el siglo XXI, y dadas las guerras “santas” que se libran aún en nombre de algún dios, pues incluso algunas sociedades democráticas occidentales tienen de fondo un fuerte componente judeo-cristiano.

Las normas morales nos vinculan unos a otros, nos hacen responsables de nuestros actos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Con la ausencia de una divinidad, es normal que apelemos a normas utilitaristas, del mejor uso, de la preferencia o a los sentimientos.

Sin embargo, esto puede consolidar una vinculación débil, donde no todos los ciudadanos se sientan realmente comprometidos. La solución del pensador alemán es apelar a una regla de universalización, sin esencialismos trascendentales o divinos. Dicha universalización no es ciega, todo lo contrario, es construida teniendo en cuenta el mayor alcance posible, es decir, evitando la discriminación por razón de raza, nacionalidad, orientación sexual, religión, condición económica, social, etc.

La norma sólo tendrá legitimidad si alcanza a ser reconocida por todos los individuos y grupos de una comunidad. Como bien se puede prever, esto es una tarea interminable. La democracia por lo tanto es una oficio inagotable, de diálogo constante, de consensos más o menos estables, siempre en debate, que permitan el menor sufrimiento y la mayor inclusión posible.

Reconocer el diálogo en una democracia es indispensable, el papa Francisco apoya el valor de la comunicación. Su visita se da como una defensa categórica a los diálogos logrados en La Habana y a los que transcurren en Quito. La iglesia como regente de almas está poco a poco reconociendo el valor de la pluralidad y el daño de la exclusión de los distintos. Pero sólo adaptándose al devenir histórico, respondiendo ante la dinámica multipolar de nuestros tiempos la iglesia logrará sobrevivir. Resurrección que, claramente, está siendo aprovechada por los tecnócratas de turno para movilizar leyes públicas y vidas privadas a su favor.