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La Comisión de Seguimiento de la Ley 1448 de 2011 (más conocida como Ley de Víctimas) publicó, cumplidos cinco años desde su implementación, un informe correspondiente al 2015 – 2016 donde, según la comisión, se evidencian las falencias en la ejecución de la norma.
La comisión, conformada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y tres representantes de víctimas, aseguró que “la ley se quedó corta en cuanto a las metas trazadoras para la atención, asistencia y reparación de las víctimas”. Esta afirmación se sustenta, entre otros, por la dificultad de garantizar la atención y reparación a las más de ocho millones de víctimas del conflicto armado colombiano.
Uno de los problemas con los que se encontró la comisión en este último informe es el desfinanciamiento de la ley. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, negó que no hubiera tal falta de recursos y que, por el contrario, se tienen destinados $12 billones para el 2017 para víctimas del conflicto, repartidos en inversión, educación para víctimas y sus familias, salud, reparación y para el funcionamiento del sistema de víctimas.
A pesar de las declaraciones de Cárdenas, la comisión encontró dificultades en la cobertura a toda las víctimas, por ejemplo “la focalización y regionalización de los recursos efectuada por el Ministerio del Trabajo en los programas de emprendimiento y formación para el trabajo, la cobertura para la vigencia 2016 de las necesidades identificadas en esta materia es tan solo del 0,91% y 2,46% respectivamente”, puntualiza la Defensoría en un comunicado de prensa.
Según la Defensoría, tampoco se ha conseguido estabilizar la situación socioeconómica de la población desplazada de zonas rurales. En ese sentido, recordó que la ley no solo busca garantizar los derechos de las víctimas, sino “evitar nuevos desplazamientos masivos a las ciudades”.
Además, la comisión criticó que se sigan presentando vulneraciones de los derechos de las víctimas y que no haya claridad en el avance del proceso de restitución de tierras (incluyendo una política pública dirigida a los segundos ocupantes). Todo eso sumado al desinterés de las entidades territoriales y a que las víctimas no han encontrado espacios para participar en “formulación, diseño e implementación de la política pública tendiente a su atención y reparación integral”.