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Desde cuando fue elegido como procurador, Alejandro Ordóñez ha destituido a casi 800 alcaldes y 23 gobernadores. Ayer el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se unió a esta larga lista de mandatarios locales sancionados por el jefe del Ministerio Público, un listado en el que se encuentran —entre otros— el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, sancionado por 12 años por participar en política; el exalcalde Bogotá Samuel Moreno Rojas, suspendido por 12 meses por el escándalo del carrusel de la contratación, y el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, sancionado por 6 meses por no participar en un consejo que él mismo debía presidir.
De la misma hacen parte la exgobernadora del Huila Cielo González, sancionada por 11 años por el mal manejo de unos recursos; el exgobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, sancionados por 10 años por irregularidades en un contrato firmado en 2009 con una empresa privada; y su antecesor, Juan Carlos Abadía, sancionado por 10 años poe participar en política.
También fueron sancionados el exgobernador de Casanare Nelson Mariño, destituido e inhabilitado por 14 años por irregularidades en varios contratos, y el exgobernador del Tolima Óscar Barreto Quiroga, destituido e inhabilitado por 11 años por irregularidades en una licitación.
De la misma forma, la Procuraduría investiga al exalcalde de Barranquilla y exalto consejero para las Regiones, Alejandro Char, por supuesta participación en política; al exalcalde de Medellín y hoy gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por supuestas irregularidades en la entrega de un título minero; al gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, mejor conocido como Kiko Gómez, por inconsistencias en varios contratos; al gobernador de Sucre, Julio Cesar Guerra, por no haber evitado que la explotación del negocio del chance en ese departamento cayera en manos de una firma de la cuestionada empresaria Enilce López, mejor conocida como La Gata, y al gobernador de Magdalena, Luis M. Cotes, investigado por irregularidades en varias contratos.
De la misma forma, desde 2009, el procurador Alejandro Ordóñez ha destituido a 22 congresistas y excongresistas, entre ellos a Miguel Alfonso de la Espriella, Álvaro García, Luis Alberto Gil, Luis Eduardo Vives Lacouture, Alfonso Antonio Campo Escobar, Dieb Nicolás Maloof Cuse y Jorge Luis Caballero Caballero, quienes fueron destituidos e inhabilitados por 20 años por sus nexos con el paramilitarismo.
Por su parte, los excongresistas Germán Olano e Iván Moreno fueron destituidos e inhabilitados por 12 y 20 años, respectivamente, por su participación en el escándalo del carrusel de la contratación. Y la exsenadora Piedad Córdoba fue sancionada por 18 años por sus vínculos con las Farc, nexos que ella siempre ha negado.
De hecho, Córdoba acudió a la Corte Constitucional para que se revisara el fallo en su contra porque, en su criterio, el procurador no podía sancionarla. No obstante, esta corporación confirmó el fallo y dijo que el jefe del Ministerio Público sí puede investigar y sancionar a los congresistas. La controversia radica en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que, para inhabilitar a un ciudadano para que ejerza sus derechos políticos, debe haber antes una “condena por juez competente, en proceso penal”.
Frente a esta controversia, la Corte dijo que “la misma Corte Interamericana avala las sanciones administrativas bajo las garantías del debido proceso” y que, por ello, el fallo del procurador no fue inconstitucional.
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@juansjimenezh