Argumentando que “la defensa de los derechos de la ciudadanía, de los niños, la protección del espacio público no tiene ni ideología ni color político”, el presidente Iván Duque firmó este lunes el decreto que le entrega herramientas a la fuerza pública para decomisar y destruir cualquier cantidad de sustancias psicoactivas que porte un ciudadano.
Se trata de una medida que ha sido motivo de debate en las últimas semanas y que ha sido rechazada desde distintas organizaciones como Dejusticia y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) que señalaron que regular el porte de drogas ilícitas no es bajo ninguna medida un acto legislativo novedosos y por el contrario recae en las reglas impuestas con anterioridad, reglas que hasta el momento no han causado mejorías.
Y mientras el debate se centra en la nueva reglamentación, existen muchos otros aspectos del fenómeno de las drogas ilícitas en Colombia que vale la pena analizar. El Espectador presenta este especial que recoge distintos enfoques de una problemática que sigue siendo motivo de alarma entre las autoridades del país.
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