:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ru7_riMzCJqgwLluZcDU0_I0PdU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/LXO7MYOJ3FAXZLWFXDAMAW5OBM.jpg)
Diecisiete departamentos, 34 puntos de concentración y cerca de 30 mil personas en movilización. En apenas dos días, el paro agrario convocado por sectores del campesinado, comunidades indígenas y grupos afrodescendientes ha dejado claro que, a pesar de la insistencia del Gobierno en señalar que ha hecho todo lo posible por cumplir lo acordado y que los avances son importantes, las inconformidades persisten y los problemas son más profundos de lo que parecen.
La situación ha llegado a tal punto que el Ejecutivo decidió enviar como representantes a varios funcionarios de Gobierno –incluyendo algunos ministros– a las regiones en las que más se ha movido el paro: Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá y Meta. “Se desplazarán funcionarios a las zonas de concentración para discutir con cada una de las mesas regionales para ver cómo podemos corregir puntos de discordia”, sostuvo el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, insistiendo en que pese a que los avances han sido lentos, el Gobierno sí ha cumplido.
Sin embargo, para los campesinos, el tema tiene más matices de los que plantea el Gobierno. La principal razón que recoge el descontento, aseguran, es el modelo económico del país que –como ha dejado claro el Gobierno– es “innegociable”. “La esencia de la negociación está en los acuerdos de fondo, porque estamos rechazando el modelo económico. Estamos planteando que sea más ambiental, en defensa de la vida y los derechos de los colombianos”, explicó Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos, dejando claro que la movilización agraria no se levantará de las carreteras mientras no se avance en los puntos del pliego central.
Un tema de vieja data que los líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes vienen poniendo sobre la mesa desde hace un tiempo y sobre el que ya se habían hecho acuerdos en 2014. Por eso hablan de promesas incumplidas. “Hay 1.100 horas de diálogo y pocos minutos de cumplimiento”, asegura Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Arias se refiere a los puntos enmarcados en los acuerdos mínimos que inicialmente firmó el Gobierno con las trece organizaciones movilizadas, como un acto de confianza para avanzar hacia la discusión de los temas de fondo: tierra, territorio y soberanía; el modelo minero energético y la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Dicho acuerdo de confianza, si se hubiera cumplido en su totalidad hasta el momento, habría costado más de un billón de pesos. No obstante, lo que reclama el movimiento social es que ni siquiera ese pliego mínimo ha logrado materializarse en su totalidad. Así, por ejemplo, el Ejecutivo se comprometió a entregar $250.000 millones anuales para proyectos de desarrollo rural en las comunidades movilizadas. De ese dinero, el propio Gobierno reconoce que hasta ahora se han desembolsado $81.000 millones para 73 convenios suscritos en 2015. Sin embargo, según Jimmy Moreno, lo que el Gobierno olvida mencionar es que dicho monto corresponde a la anualidad de 2014 y que aún hace falta desembolsar 2015 y 2016. “El compromiso es que eso sea regla general dentro del presupuesto nacional cada año”.
Otro punto mínimo que no ha avanzado mucho es el de infraestructura rural. De acuerdo con la minga nacional, a 2014 debían haberse ejecutado $250.000 millones en carreteras, escuelas, acueductos, distritos de riego y otros proyectos. Sin embargo, y como lo acepta el Gobierno en un balance general de la minga de hace dos años, hasta ahora se destinaron $10.500 millones para la estructuración de proyectos a través de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “El listado de proyectos sí lo tiene el Gobierno, pero solo en el papel. No se ha cumplido ni con el 50 % de los acuerdos mínimos de la minga de 2014”, resalta Moreno.
Los otros recursos que se incluyen dentro del pliego de acuerdos mínimos entre las partes y los cuales sí se han girado son los que se destinaron a foros de paz y al fortalecimiento organizativo del movimiento social que lideró la minga de 2014. Esto suma un total de $2.500 millones. Hasta ahí, la minga ve el vaso medio vacío y solo se ha hablado de los acuerdos mínimos, es decir, aún falta abordar los puntos de fondo, que son los que empezarían a menguar el paro.
Por eso insisten en que la raíz del problema es el modelo institucional. De acuerdo con Ediver Suárez, representante del Comité de integración social del Catatumbo (Cisca), los proyectos productivos no resuelven las deficiencias estructurales. “Tenemos un poco más de dos años desde que salió el decreto 870 (del 8 de mayo de 2014), en el que se construyó un pliego de ocho puntos y no se ha empezado a discutir el primer punto político, entonces ¿qué es lo que le está cumpliendo el Gobierno al campesinado?”, se pregunta Suárez.
Señala además que, en el caso de su región, el descontento es consecuencia del abandono institucional histórico en el que ha vivido el Catatumbo. “Acá están los campesinos que tienen una propuesta de país, que no somos el Bronx (...) Sabemos la incapacidad del Estado para cumplir las necesidades del campesinado, su respuesta es represión, militarización”, insiste.
Tierra, territorio y soberanía son el primer punto de fondo. La minga está solicitando al Ejecutivo el reconocimiento y operación de las figuras jurídicas que amparan a estas comunidades en sus territorios. Es decir, territorios ancestrales para los indígenas, consejos comunitarios para los afros y zonas de reserva o territorios agroalimentarios para campesinos. Las dos últimas están rezagadas, según dicen, por falta de voluntad política.
Reclamo que está directamente relacionado con otra gran preocupación: la ley de las Zonas de Inversión para el Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), que, a los ojos del campesinado, constituye una agresión pues pretende fortalecer la agroindustria, la entrega de baldíos a multinacionales y no a los campesinos. “Pedimos derogar la ley Zidres, que se fortalezca la economía campesina. Está en juego la soberanía alimentaria del país”, señala Jimmy Moreno.
A eso se suman temas como los relacionados con la falta de consulta para actividades mineroenergéticas, la erradicación de cultivos de droga y la ausencia de proyectos para que se dé la sustitución progresiva.
Por lo pronto, los voceros de las trece organizaciones sociales que lideran la Minga Nacional, Agraria, Campesina, Étnica y Popular, quieren desmentir que están divididos y ratificar que la única instancia legítima de diálogo y negociación es la Mesa Única Nacional, así el Gobierno quiera buscar espacios de discusión enviando delegados a las regiones.