Este año se han reportado 120 homicidios

Quibdó: en vilo por amenazas de grupos ilegales

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Los panfletos difundidos en la capital chocoana a nombre de las “Fuerzas Armadas Mexicanas” abrieron el debate sobre la violencia, las economías ilícitas y la disputa territorial en la zona en la que hay presencia del Clan del Golfo y del Eln.

“Hemos tomado la decisión de hacernos respetar del alcalde y sus amigos. Declaramos objetivo militar a todo el que transite de las 6:00 p.m. a las 8:00 a.m., desde hoy viernes hasta el día martes”, señalaba amenazante un panfleto firmado por las autodenominadas Fuerzas Armadas Mexicanas que comenzó a circular por las calles de Quibdó (Chocó) desde el pasado viernes 16 de octubre. Aunque el episodio puso en alerta a las comunidades y a los gobiernos local y nacional, no es un hecho aislado. Organizaciones no gubernamentales vienen advirtiendo desde hace un tiempo sobre el recrudecimiento de la violencia en la capital de Chocó, donde este año ya se han presentado 120 homicidios. De hecho, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) documentó que entre enero y mayo de 2020, en comparación con el mismo período de 2019, Quibdó fue el municipio en el que más aumentaron los homicidios, pasando de 29 casos a 75.

En el panfleto, el grupo ilegal señalaba, además, que estaban cumpliendo con una amenaza como retaliación luego de que el alcalde Martín Sánchez gestionara algunos traslados desde la cárcel de Quibdó, donde tienen “sus unidades”. También afirmaban que habían ayudado al mandatario a llegar a su cargo y que le iban a demostrar que son ellos quienes “mandan y dominan” el territorio.

El alcalde de Quibdó, por su parte, dijo en medios de comunicación que no tiene ningún vínculo con esta organización ilegal y desmintió que el grupo se relacione con los carteles mexicanos.

Según Juana Cabezas, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), lo que ocurre en la capital chocoana es el reflejo de una reconfiguración armada, en la que la violencia está pasando de lo rural a lo urbano, por medio de la tercerización. Históricamente, la ciudad ha sido asediada por grupos armados, actualmente hay presencia del frente Manuel Hernández El Boche del Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como Clan del Golfo, y organizaciones delincuenciales pequeñas. Respecto a los panfletos, Cabezas dice que esta es una banda delincuencial que no tiene ninguna conexión con carteles mexicanos, sino que usa el nombre como una estrategia para atemorizar a la población. Esta no sería la primera vez que amenazan usando ese medio, pues en junio ya habían impuesto un toque de queda. Antes de esa fecha ya se hacían llamar los Mexicanos.

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La investigadora explica que Quibdó es una ciudad clave para los grupos ilegales que lavan allí el dinero producto de economías ilícitas, como la explotación ilegal de oro, el microtráfico y la extorsión. Estos grupos pequeños son un engranaje importante para grupos armados más estructurados porque les permiten ejercer control en las ciudades, sin estar asentados en ellas, y realizar varias operaciones en el mismo lugar.

La capital de Chocó es un punto estratégico: tiene conexión con Antioquia y salida hacia el Pacífico, lo que facilita la movilización de droga, tropas e incluso la trata de personas. En los barrios se organizan bandas que establecen límites o fronteras invisibles, también se ha denunciado el reclutamiento de jóvenes, e Indepaz está estudiando el fenómeno de disputa territorial entre el Eln y las AGC que involucra la instalación de minas antipersonales.

En el último informe de Indepaz, de 2018 y 2019, ya se evidenciaba un aumento significativo de la violencia en la ciudad, incluida la presencia de grupos armados. Esto se explica, en parte, por la salida de las Farc de la zona, lo que facilitó el ingreso de otros grupos. “La falta de garantías por parte del Estado hizo que muchos de estos niños terminaran al servicio de estructuras ilegales que los usan para controlar Quibdó”, señalan desde las organizaciones sociales de la ciudad.

“La ciudadanía vive en una zozobra permanente”, sostiene monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. Incluso, el viernes 16 de octubre, antes del toque de queda ilegal, se realizó una marcha por la paz en la que solicitaban la realización de un plan estructural. Hasta la Defensoría del Pueblo, desde el 5 de diciembre de 2019, por medio de una alerta temprana de inminencia solicitó el despliegue institucional del Estado en esta capital, para proteger a la población civil en zonas urbanas y rurales, teniendo en cuenta la expansión de las AGC y el reposicionamiento de los frentes Manuel Hernández El Boche y Resistencia Cimarrón del Eln, que ya suponían riesgo de incursión en la ciudad y acciones de disputa territorial.

Desde entonces la Defensoría evidenció, entre otras cosas, la exacerbación de homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, violencia sexual, extorsiones, atentados contra líderes y defensores de derechos humanos y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes para actividades relacionadas con el consumo y la distribución de drogas y otras actividades ilícitas. Del mismo modo, el procurador Fernando Carrillo hizo un llamado urgente a las autoridades, argumentando que el incremento de la violencia en Quibdó desafía la capacidad del Estado. “Nadie sabe de dónde salen tantas armas y municiones, y el número de muertes violentas en 2020 supera todos los récords”, afirmó.

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Tras un consejo de seguridad que encabezó este martes 20 de octubre en la capital chocoana, el presidente Duque aseguró que se doblarán los esfuerzos para fortalecer la seguridad y capturar a los “más buscados en el departamento de Chocó”, para lo cual aumentó de $5 a $50 millones la recompensa por información que ayude a dar con sus paraderos. Entre otras medidas, anunció incremento de la Fuerza Pública y se espera que para finales de octubre la ciudad tenga 50 policías más. También se construirá un nuevo comando especial de Policía y se aumentarán los frentes y cuadrantes.

Sin embargo, desde la FIP manifiestan que las medidas no deberían limitarse a la acción de la Fuerza Pública, pues han identificado, en sus investigaciones, que esto no aporta a la disminución de la violencia. “Las acciones parecen desconocer las realidades y políticas locales. En ocasiones se impone una visión centralizada y militarista para resolver las problemáticas. Consideramos que las políticas deben dar cuenta de la articulación entre el nivel nacional, departamental y municipal, teniendo en cuenta a las comunidades”, afirma María Acosta, investigadora de la FIP.

El temor de las comunidades es latente, algunas organizaciones y líderes prefieren no referirse al tema públicamente por temor a las represalias. Las amenazas de los ilegales ponen de nuevo sobre la mesa la discusión sobre la proliferación de estructuras irregulares que tienen control territorial en municipios de histórico abandono por parte del Estado.

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