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Dos proyectos de vivienda campestre, de baja densidad, ubicados en los municipios de La Calera y Sopó y dentro de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá, acaban de recibir el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente. La autoridad ambiental resolvió, el 8 de octubre, permitir que 13 hectáreas del proyecto Macadamia, y 26 hectáreas del proyecto La Molina sean sutraidas del área de la reserva. Las dos beneficiadas con esta decisión son dos de las más grandes firmas de construcción que tiene Bogotá: Pedro Gómez y Ospinas, respectivamente.
Lo curioso es que, como ellos, numerosos alcaldes, constructores y campesinos llevan tres años a la espera de que el ministerio resuelva el futuro de sus predios, ubicados en 44 municipios y cuyas actividades se vieron frenadas en 2011, cuando la CAR desempolvó la resolución 076 de 1977, que no se había hecho cumplir durante 34 años y que establece una reserva forestal productora protectora en un área de 244.000 hectáreas por encima de los 2.650 metros alrededor de Bogotá.
Como lo ha contado El Espectador repetidas veces, desde que en 2011 la CAR obligó a los alcaldes a suspender las licencias de construcción, el Ministerio de Medio Ambiente quedó a cargo de la tarea de analizar detalladamente el área de la reserva y realizar un realinderamiento para reajustar la reserva a una realidad irrevocable: durante 34 años, 44 municipios se desarrollaron sin tener idea de que se encontraban en una reserva de estas dimensiones.
Para acometer semejante tarea, la CAR y el Minambiente firmaron un convenio con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que en 2012 asumió el compromiso de presentarle una propuesta al ministerio. Era una oportunidad de oro para sustraer las partes de la reserva que ya habían sido colonizadas por el hombre y fortalecer el resto del área, de forma estratégica, “para crear corredores ecológicos robustos que hoy están fragmentados”, según le dijo a este diario una fuente cercana al proceso.
Hace tres meses, el Instituto Humboldt terminó el estudio y, como reveló entonces El Espectador, le planteó al entonces ministro, Juan Gabriel Uribe, la sustracción de 64.000 hectáreas de la reserva, donde ya se habían expedido licencias como las de los proyectos Macadamia y La Molina, pero donde también habitan cientos de campesinos agricultores y ganaderos y donde los municipios contemplaban construir vivienda de interés social.
Por eso la decisión del ministerio esta semana tomó a muchos por sorpresa. En lugar de adoptar lo recomendado por el Humboldt, tomó la decisión de sustraer individualmente las hectáreas pertenecientes a los proyectos de Ospinas y Pedro Gómez, sin que haya a la fecha ninguna comunicación oficial por parte de la autoridad ambiental sobre los parámetros y procedimientos que deben seguir todos aquellos (incluyendo 44 alcaldes) que tienen proyectos o realizan actividades que en la actualidad no son compatibles con la reserva.
Subachoque, por ejemplo, se encuentra en un 85% ubicado dentro de la reserva. Si no se redelimita o se sustrae, “no podemos hacer agricultura ni ganadería, que es la base de nuestra economía”, asegura el alcalde de este municipio, Ómar Salamanca. Como él, numerosos alcaldes llevan meses desfilando por el ministerio para pedir que se realindere la reserva.
Al cierre de esta edición, El Espectador continuaba buscando contactar a los abogados del constructor Pedro Gómez y Ospinas. Entre tanto, las oficinas de prensa del Ministerio de Ambiente y el Instituto Humboldt, le dijeron a este diario que sus respectivas cabezas no tenían nada que declarar al respecto.
jmaldonado@elespectador.com
@donmaldo