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Si bien en el entorno del negocio de las esmeraldas no han faltado los hechos de violencia, es evidente que, por cuenta de las importantes figuras que cayeron abatidas y, por supuesto, del impacto en la población ligada a esa actividad, solamente se puede hablar de tres grandes “guerras verdes”.
La primera surgió entre Humberto Ariza, conocido como el Ganso, segundo al mando del legendario bandolero Efraín González, y un grupo de esmeralderos conocido en la región como la Pesada, el cual se había fortalecido, en primer lugar, por la explotación de la mina de Peñas Blancas y, posteriormente, por sus excelentes relaciones políticas. Todo comenzó porque una vez muerto González en 1965 -quien había sido el jefe militar de la zona esmeraldera con el respaldo de la Pesada-, Ariza recogió el mando, pero resultó enfrentándose con sus empleadores, quienes veían grandes oportunidades para legalizar su actividad, pero sabían que ser relacionados con un reconocido bandido como el Ganso les traería grandes dificultades. Esto llevó a tensiones que generaron un violento enfrentamiento que dejó alrededor de 1.200 muertos entre 1967 y 1972 (Uribe, 1992; Gutiérrez & Barón, 2008), culminando con la captura de Ariza y el triunfo -y la formalización, gracias a sus buenas conexiones políticas- de la Pesada, a la que pertenecían personajes como Isauro Murcia, Parmenio Molina, Julio Rincón, Gilberto Molina y Víctor Carranza, este último asociado con Juan Beetar, quien, definitivamente, fue fundamental para dar contactos internacionales de alto nivel a este grupo.
La segunda guerra -la única que se ha declarado “oficialmente”- comenzó alrededor de 1984 y surgió entre el emergente grupo de Coscuez, dedicado a la minería clandestina, y el poderoso y consolidado grupo de Muzo-Borbur. Este enfrentamiento trajo grandes sorpresas porque, si bien en un comienzo los patrones de Muzo, como Víctor Carranza y Gilberto Molina, creyeron que vencerían con facilidad, con el tiempo las cosas se les complicaron al punto de que buscaron el apoyo de otros actores con gran capacidad para ejercer la violencia, como el poderoso capo de la cocaína Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, quien, a pesar de haber trabajado con Molina en el pasado (fue gatillero de la Pesada en la primera “guerra verde”, así como guaquero en las minas), decidió, por cuenta de algunos desacuerdos, apoyar al grupo de Coscuez. Esta guerra dejó alrededor de 3.500 muertos (Cepeda & Giraldo S. J., 2012) y la división de la zona -con la quebrada La Mioca como límite entre las dos facciones-, a tal punto que ningún hombre podía pasar de un territorio a otro, pues sería asesinado. Con la muerte del Mexicano, el 15 de diciembre de 1989, los patrones sobrevivientes, encabezados por Carranza, representando a Muzo, y Luis Murcia, el Pequinés, representando a Coscuez, firmaron el 12 de julio de 1990 la paz, con el compromiso de completo perdón y olvido, así como de la promesa de establecer negocios conjuntos, con lo cual los viejos enemigos se convirtieron en cercanos socios.
La tercera “guerra verde” se presentó a comienzos del siglo XXI entre el grupo de Víctor Carranza y un grupo de esmeralderos emergentes, principalmente del municipio de Maripí, y que, a pesar de no haber sido nunca declarada, estalló por cuenta de la cantidad de personajes importantes que cayeron abatidos, entre patrones, planteros, abogados y lugartenientes (Baquero, 2017). El conflicto surgió luego de la captura, el 24 de febrero de 1998, de Víctor Carranza, al ser acusado de paramilitarismo, cuestión que fue aprovechada por un grupo de esmeralderos emergentes, principalmente del municipio de Maripí, para fortalecerse y cuestionar el poder del famoso “zar”. Carranza, quien no estuvo en una cárcel, sino en Aquimindia, un centro de entrenamiento para agentes del DAS, salió de su detención en 2001, pero ya la zona esmeraldera contaba con un nuevo grupo de “patrones”, capaz de ejercer la violencia con gran efectividad y relacionarse con grupos cercanos al narcotráfico y el paramilitarismo, como las Auc. Esto se tradujo en fuertes -fortísimos- golpes de lado y lado que terminaron con la derrota del bando emergente, mientras que Carranza, el poderoso “zar”, moría de causas naturales.
En general, las “guerras verdes” surgieron cuando un grupo emergente de esmeralderos buscaba, por medio de la violencia, consolidarse al enfrentarse con el grupo establecido. Generalmente, luego de numerosas acciones violentas que, más de una vez, dejaron varios muertos y heridos, se llegó a acuerdos que convirtieron a los antiguos enemigos en cercanos socios, volviendo a los tiempos de “paz”, en los que se presentaron pequeñas escaramuzas que no alteraron la tranquilidad del negocio. No obstante, es claro que en esta última guerra el grupo emergente de Maripí fue derrotado, no solo violentamente por sus enemigos, sino sobre todo por las acciones de las autoridades nacionales y extranjeras que capturaron y extraditaron a gran parte de sus líderes.
El auge y la caída de los patrones de Maripí
Maripí es un municipio que pertenecía a la zona esmeraldera más por razones culturales y políticas en el occidente de Boyacá que por sus minas, pues varios de sus líderes formaron parte del grupo de Coscuez y eran considerados patrones de segundo nivel. Sin embargo, todo cambió cuando, a finales de los años noventa, se hallaron dos importantes vetas, muy cerca una de la otra, bautizadas como “Cunas”, de propiedad de Horacio Triana, y “La Pita” de Diosdé González y los hermanos Rincón -cuñados de Triana-, quienes incorporaron a otros inversionistas como Yesid Nieto, José María Chepe Ortiz, Gilberto Garavito, Orlando Espejo, entre otros. Esto permitió que los esmeralderos de Maripí se convirtieran, dado su capital económico y, por supuesto, su capacidad para ejercer la violencia, en importantes patrones, capaces de imponer sus agendas particulares a otros actores del gremio.
Pero las tensiones generadas por los socios de “La Pita”, primero por cuenta de Yesid Nieto (un narcotraficante oriundo, al parecer, del Guaviare que pretendió, de manera bastante ostentosa, ser reconocido como el “nuevo zar de las esmeraldas”) y luego por Pedro Rincón, alias Pedro Orejas, hicieron escalar la violencia a grandes niveles, al punto que se llegó a pensar que la guerra de los años ochenta -que dividió la zona- volvería con toda su fuerza. Nieto, por ejemplo, llevó a la región a integrantes del bloque Élmer Cárdenas de las Auc, desatando una serie de acciones que generaron más de un centenar de personas asesinadas y fomentando, además, tensiones con bloques paramilitares del Magdalena Medio y Cundinamarca, que sentían contar con más derecho sobre la zona esmeraldera que los grupos venidos del Urabá. Al mismo tiempo, Rincón mantuvo públicos enfrentamientos con Luis Murcia, el Pequinés; Maximiliano Cañón, excuñado de este; Jesús Hernando Sánchez, y el mismo Víctor Carranza.
En ese contexto, la violencia escaló hasta llegar al asesinato de trabajadores y colaboradores de los patrones, así como de abogados y asesores, para terminar en la muerte de personajes como Yesid Nieto (en 2008), Mercedes Chaparro (en 2012), Luis Murcia (en 2014) y Martín Rojas Capotera (en 2014), así como en los atentados a Víctor Carranza (en 2009 y 2010), Jesús Hernando Sánchez (en 2012) y Pedro Rincón (en el que murió su hijo Pedro Simón, en 2013).
Sin embargo, a pesar de que la violencia se dio de lado y lado, las acciones sangrientas -bastante evidentes y desmedidas- por parte de algunos personajes del grupo de Maripí llevaron a que las autoridades investigaran, persiguieran y capturaran a sus más importantes líderes, tal vez, con pocas excepciones. Es así como Horacio Triana y los hermanos Rincón -quienes, por cierto, tenían una tensa relación- fueron encarcelados al ser acusados de concierto para delinquir, homicidio y, finalmente, narcotráfico.
Cabe decir que si bien hay numerosos indicios de las actividades delincuenciales de estos individuos, resulta curioso que, en un entorno en el que las relaciones entre algunos comerciantes de esmeraldas y traficantes de drogas han sido comunes y permanentes desde el comienzo mismo del narcotráfico en Colombia, solamente se ha perseguido con fuerza, en los últimos años, a los patrones de Maripí, dejando de lado a otros importantes personajes que, en más de una ocasión, han sido presa de rumores sobre sus estrechas relaciones con capos de la droga.
Un ejemplo de ello son las acusaciones que el mismo Pedro Orejas hizo contra Jesús Hernando Sánchez, uno de los más importantes esmeralderos del país y, según muchos, el verdadero heredero de Carranza, afirmando que tiene cercanos vínculos con el narcotraficante Julio Lozano Pirateque, cabeza de una junta de narcotraficantes que, por varios años, fue la organización de tráfico de drogas más poderosa del país (Durán, 2010). Al respecto, Orejas dijo en una entrevista al diario El Tiempo que “Hernando Sánchez toda la vida fue socio de Julio Lozano. Sus empresas son de fachada, para lavar plata. Lo sé y lo puedo comprobar. Nosotros nos habíamos quedado callados, pero aquí nos tocaron el corazón y se nos metieron a la casa” (El Tiempo, 2013). Al parecer, Lozano Pirateque, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en 2010 -y ya regresó a Colombia-, declaró en contra de Triana y los hermanos Rincón.
En esa medida, algunas voces de la zona esmeraldera afirman que la persecución inclemente -y legal- contra el grupo de Maripí se relacionó realmente con su pública oposición a las acciones implementadas por algunas empresas extranjeras que, en los últimos años, han hecho presencia permanente en la zona cambiando las dinámicas de la exploración, producción y comercialización de esmeraldas en Colombia.
Las empresas extranjeras: los nuevos patrones
El 27 de noviembre de 2009, el “Zar de las esmeraldas” Víctor Carranza formalizó la venta de un importante porcentaje de la concesión para explotar Puerto Arturo —su mina consentida— a la empresa Minería Texas Colombia S.A. (MTC). Su gerente Charles Burgess anunció una inversión de más de cien millones de dólares y afirmó que la explotación de esmeraldas apenas iba a comenzar en Colombia, pues nunca antes se había trabajado con “tecnología de punta” (Contexto ganadero, 2015). El 20 de diciembre de 2013 —nueve meses después de la muerte de Carranza—, la empresa Texma Group, conocida en el occidente de Boyacá como MTC y posteriormente llamada Grupo Muzo por sus otras actividades en la transformación y comercialización de piedras preciosas, se convirtió en la única dueña de esa concesión para explotar la mina de mayor producción de esmeraldas del mundo (Semana, 2013; Baquero, 2017).
Pero el Grupo Muzo no estaba solo, pues empresas como la Gad International LTD., una empresa radicada en Nueva York, ya era dueña de la concesión, entre otras, de “Polveros”, en cercanías de Maripí. Posteriormente, en 2015, la Gemfields Group Company, adquirió las licencias de exploración y explotación en la zona de Coscuez, y la Thorn Investment Limited, una empresa de Houston que compró a Carlos Julio Molina el 15% de las acciones de la mina “Cunas”.
A comienzos de 2018, la empresa de capital canadiense Fura Gems se hizo con el 76% de las acciones de Esmeracol S.A., en poder de la firma Emporium HS, cuyo socio mayor —pues controla el 97,71%—, es Jesús Hernando Sánchez. Fura Gems hizo esa transacción, ante la sorpresiva salida de la empresa Gemfields, para controlar y explotar la importante mina de Coscuez, mientras que Emporium conservó una participación de 21,71% en el proyecto y los accionistas minoritarios se quedaron con el 2,29%.
Esos son solo unos pocos ejemplos de las empresas foráneas que hacen presencia en la zona, pues es bien sabido de las constantes ofertas a los viejos patrones para vender sus concesiones, lo cual, en un entorno de inseguridad e imperiosa necesidad de llevar a cabo grandes inversiones económicas, ha sido visto con buenos ojos. Algunos han vendido la totalidad de sus acciones, mientras que otros, con mayor fortaleza en el negocio, han cedido solamente unas cuantas acciones convirtiéndose en socios de estas empresas. Por otro lado, no sobra recordar que varias de estas empresas son sociedades anónimas cuyos accionistas tienen distintos orígenes y prefieren no ser conocidos públicamente.
La llegada de estas empresas ha sido vista con entusiasmo por sectores del gobierno nacional, quienes afirman que es un paso vital para la formalización del negocio, el cual, a pesar de la belleza de las gemas, ha tenido una imagen bastante negativa por cuenta de las acciones violentas y los vínculos con actividades ilegales de algunos miembros del gremio. En esta medida, varias de estas empresas han cambiado las prácticas tradicionales para el trabajo en las minas, dada la existencia de salarios y seguridad social para los trabajadores, así como medidas de seguridad y el desarrollo de fundaciones dedicadas a la inversión social (Güesguán, 2015). De igual manera, se ha desarrollado el “Certificado de Origen”, para determinar el lugar de dónde vienen las piedras que se venden en el mercado (Caraballo, 2018), con lo cual se busca garantizar la calidad y trazabilidad de la esmeralda. Todo esto ha sido acompañado de una agresiva campaña publicitaria con elegantes reuniones con sectores de la élite económica y política (Pérez, 2015; Baquero, 2017), publicaciones patrocinadas, congresos esmeralderos (Diario laeconomia.com, 2015) y entrevistas a medios previamente seleccionados.
Sin embargo, no todo es color de rosa, pues se sabe de quejas de la población de municipios como Muzo ante las prácticas que están implementando las empresas extranjeras. Por ejemplo, varias personas hablan de las dificultades que hay en la actualidad de trabajar informalmente en cercanías de las minas y obtener el tambre, así como de la poca relación con los establecimientos comerciales de la región y, por supuesto, de la salida masiva de grandes capitales que anteriormente se distribuían —claro, de forma muy desigual— en los habitantes de esos municipios.
Esto quiere decir que los cambios que se presentan en el negocio esmeraldero en la actualidad son motivo de una fuerte tensión, pues cambiar las prácticas tradicionales que se resumían en la existencia de un jefe o patrón específico, la participación de los trabajadores en las ganancias —aunque sin recibir sueldos— y una clientela organizada en torno a una jerarquía particular, por un nuevo esquema de relaciones impersonales, salarios fijos y jornada laboral única, que, para muchos, significaba la llegada de la modernidad a las minas del occidente de Boyacá, lleva, a la larga, grandes dificultades. Esto, casi 30 años después de la firma oficial de la paz esmeraldera, genera grandes incertidumbres, no tanto para las empresas que se han hecho de las concesiones mineras, sino para los habitantes de una región que —con pandemia o sin pandemia—ven profundas transformaciones en sus modos de vida.
* Petrit Baquero es historiador y politólogo. Autor de “El ABC de la mafia” (Planeta, 2012) y “La nueva guerra verde” (Planeta, 2017).
* Lea enseguida los otros tres reportajes de esta serie: