Asesinatos en Cali: la nueva generación del narcotráfico

¿Es correcto atribuir los 19 homicidios ocurridos entre el viernes 17 y el lunes 19 de marzo al regreso de los temibles narcotraficantes?

Cali es uno de los epicentros del narcotráfico en Latinoamérica. Esto se debe a que muchos narcotraficantes del suroccidente del país han escogido a Cali como su lugar de residencia y centro de negociosPixabay

Regresaron los capos

El vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, advirtió que los niveles de violencia podrían aumentar en algunas zonas del país debido al regreso de 25 narcotraficantes que pagaron sus penas en cárceles estadounidenses tras ser extraditados en la década del 2000.

Entre el viernes 17 y el lunes 19 de marzo, Cali vivió el fin de semana más violento en lo que va de este año. En tan solo tres días se registraron 19 asesinatos.

La advertencia de Naranjo es por supuesto razonable: el que 25 capos del narcotráfico regresen a Colombia aumenta las posibilidades de episodios violentos a causa del ajuste de cuentas con quienes los delataron, así como el reclamo de propiedades, rutas, deudas y negocios incumplidos durante su ausencia.

Pero, ¿es correcto atribuir los 19 homicidios ocurridos entre el viernes 17 y el lunes 19 de marzo al regreso de los temibles narcotraficantes?

Legales e ilegales

Cali es uno de los epicentros del narcotráfico en Latinoamérica. Esto se debe a que muchos narcotraficantes del suroccidente del país han escogido a Cali como su lugar de residencia y centro de negocios.

Para nadie es un secreto que tras la caída de los grandes capos del narcotráfico del siglo pasado, una nueva generación de traficantes se tomó el negocio y lo transformó. Esta nueva generación logró lo que los antiguos capos no lograron: mezclar negocios legales e ilegales hasta hacerlos indistinguibles entre sí.

Los nuevos narcotraficantes ya no son bandidos al margen de la ley, sino empresarios que controlan el tráfico ilegal de drogas en los vecindarios más pobres, pero también manejan grandes redes financieras, prestan dinero a tasas de usura, venden vehículos de alta gama e invierten en finca raíz, construcción y negocios inmobiliarios.

Al tener tantas líneas de acción diversificadas e interconexiones tan profundas con la vida económica y social de la ciudad, no es extraño que las diferencias entre los nuevos narcotraficantes y sus operadores se resuelvan con violencia.

Algunas características de las víctimas de los homicidios registrados el primer puente festivo de marzo permiten sustentar esta hipótesis.

El primer aspecto que llama la atención es la edad de quienes murieron: mientras que en el pasado reciente la mayoría de las víctimas de homicidio eran jóvenes entre los 15 y los 24años de edad, varias de las víctimas del puente en cuestión superan los 35 e incluso los 50 años de edad.

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El segundo elemento llamativo consiste en que muchas de las víctimas se dedicaban, aparentemente, a actividades legales: joyeros, comerciantes y prestamistas gota a gota se cuentan entre los asesinados. Varios de ellos ya habían sido blanco de atentados fallidos. Uno, por ejemplo, había sobrevivido a un intento de homicidio eliminando a un sicario.

La edad de las víctimas, los oficios en apariencia legales que muchas de ellas desempeñaban y la ejecución de los homicidios a manos de sicarios, sugiere que la intrincada mezcla de negocios legales e ilegales es la responsable de los homicidios ocurridos en Cali en lo que va del año.

Los jóvenes, principales víctimas

Por otra parte, si bien es cierto que el número de jóvenes asesinados es menor que antes, es importante mencionar que este grupo sigue siendo uno de los más afectados por el narcotráfico.

Los homicidios de jóvenes siguen ocurriendo predominantemente en las comunas del oriente y de la ladera de la ciudad, en donde diariamente se libran pequeñas guerras por el control del tráfico de drogas, la extorsión y el territorio que, al igual que los conflictos personales entre miembros de pandillas juveniles, se revuelven mediante el uso de las armas.

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Detrás de las ejecuciones de jóvenes a manos de otros jóvenes está el crimen organizado, que ordena la ejecución de muchachos que realizan actividades de narcotráfico por cuenta propia o que participan en programas de reintegración a la vida social como el programa TIP-Jóvenes sin fronteras liderado por la administración municipal, la Policía Metropolitana y la Universidad del Valle.

Posibles salidas

La administración municipal ha venido combinando tres grandes líneas de acción para combatir el homicidio en la ciudad:

1. La reintegración de los jóvenes vulnerables a la sociedad a través del empleo y la educación;

2. La desarticulación de las organizaciones criminales;

3. El aumento del pie de fuerza y la mejora de la tecnología de la policía metropolitana, incluyendo el uso de unidades de la Policía Militar en ciertas comunas.

Esta última estrategia es el Plan Fortaleza, el cual ha incluido la adición de 276 patrulleros de la Policía, 50 hombres de la Policía Militar, agentes del CTI y 60 guardas de Tránsito, y hasta de un helicóptero que vigila los cielos de Cali y ha mejorado la velocidad de respuesta de la Policía ante la ocurrencia de actividades criminales.

Mientras que la primera estrategia podría tener efectos a mediano y largo plazo, las otras dos son medidas reactivas con efectos variables que dependen de los cambios en las interacciones entre los distintos actores, legales e ilegales, del narcotráfico.

Lo ocurrido entre el 17 y el 19 de marzo volverá a ocurrir, en distintas circunstancias y con otros protagonistas, debido a las contingencias propias de un negocio ilegal que se ha mezclado con negocios legales, afectando de forma profunda e irreversible la vida social y económica de la ciudad.

Las políticas de ampliación de la fuerza y de la capacidad de reacción de las autoridades solo tendrán incidencia marginal sobre los hechos de violencia.

Para cambiar de forma radical ese escenario habría que romper los vínculos que unen a los negocios legales con los ilegales, acabar el tráfico de drogas en las comunas más vulnerables y generar alternativas para que los jóvenes se reintegren a la vida social desde la legalidad. Una agenda obvia que nadie ha puesto en marcha.

* Profesor de la Universidad del Valle y analista de Razón Pública

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