La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), en su seccional del Valle del Cauca, confirmó que con corte al 20 de abril, 146 restaurantes comenzaron a realizar gestiones para entrar en la ley de insolvencia; 432 cerraron de manera definitiva, mientras que 899 más dependen de la modalidad de domicilios para seguir abiertos.
El panorama es más desolador teniendo en cuenta que estas cifras oficiales no están contemplando a los negocios informales, de los que también se presumen pérdidas de gran cuantía y se pueden sumar a los más de 2.000 establecimientos que se declararon suspendidos.
Brany Prado, director de Acodres precisó que esta situación ha generado el desempleo de 1.296 personas y que tan solo el 4% de los locales que están bajo arriendo han podido tener algo de flujo de caja para no cerrar.
Enfocándose solo en Cali, el gremio calcula que las pérdidas ascienden los 40 mil millones de pesos.
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A pesar de que los domicilios están siendo el brazo fuerte de este tipo de negocios durante la cuarentena, Acodres dice que estas ventas tan solo han representado un 11% en comparación con los días previos a la llegada del COVID-19 al país.
Dentro de las alternativas y soluciones que piden gremios y restaurantes está la posibilidad de que el pago de sus impuestos (como el ICA) se aplace para 2021 y que el cobro de servicios públicos sea considerado como de lugares residenciales y no comerciales.
De momento, estas propuestas están siendo evaluadas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, pero se tiene la esperanza de que este debate trascienda al departamento y esté en la agenda nacional.