Crisis en la concertación con comunidades indígenas

Un tierrero por decreto

Indígenas advierten que el Gobierno incluyó en el decreto de tierras apartes que ponen en riesgo la consulta previa y los beneficios para campesinos

Gobierno concierta con pueblos indígenas la propuesta de decreto de tierras. / Óscar Pérez

Una nueva diferencia sobre la manera como se lleva a cabo la implementación de los acuerdos de paz viene subiendo de tono entre el Gobierno y las Farc. A la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin piso dos apartados del acto legislativo de fast track, ahora se suma una polémica por la consulta previa del decreto de tierras que impulsa el Ejecutivo.

Al decir de los voceros de las Farc, en la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Implementación (Csivi), el Gobierno trata de meter un mico en el decreto de tierras que se consulta con las comunidades indígenas. “Conocimos que el proyecto radicado no sólo no corresponde a la versión elaborada conjuntamente por la Csivi, sino que también introdujo cambios abiertamente contrarios a las disposiciones acordadas. Leal al Acuerdo Final de Paz, la versión acordada reconocía como beneficiarios del acceso a tierras a campesinos. La versión amañadamente radicada amplía los beneficios a grandes propietarios con el otorgamiento de derechos de uso”, advierten las Farc.

Además, sostienen que la propuesta limita la participación de las comunidades. “Con este acto tramposo, el Gobierno nacional no sólo traiciona el Acuerdo Final de Paz, sino a los campesinos y campesinas que albergan la esperanza de que la Reforma Rural Integral haga posible la desconcentración y democratización de la tierra, que este decreto viabilizaba a través de la creación del Fondo de Tierras, los procedimientos para adjudicación y formalización y la participación comunitaria”, explican y agregan: “Está en riesgo la oportunidad histórica de lograr el cierre del ciclo de violencia cuyo origen ha estado en el problema irresuelto de la tenencia de la tierra”.

Tras un ejercicio de comparación entre el borrador de decreto conocido la semana pasada —que tenía 70 artículos— y el actual —que cuenta con 78—, saltan a la vista algunos asuntos. Por ejemplo, desaparecen las figuras de pequeños, medianos y grandes trabajadores del campo. En contraste, resurge la clasificación de beneficiario “a título gratuito, parcialmente gratuito y oneroso”, criterios que se basan en el patrimonio de las personas.

Enseguida se introducen varias obligaciones. El trabajo agrícola deberá hacerlo directamente la familia beneficiaria, aunque, en época de cosecha, podrá contar con la participación de otras personas. Pero el nuevo borrador hace una excepción: “La explotación podrá realizarse directa o indirectamente con el apoyo de terceros” cuando se confiera el derecho de uso de la tierra a personas cuyo patrimonio exceda los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (grandes productores).

Con respecto al fondo de tierras, se amplía el espectro de los beneficiarios: mientras en la versión pactada con las Farc sólo cabían “pequeños trabajadores del campo”, en la actual texto también serían beneficiarios medianos y grandes productores. De igual forma, se contempla la posibilidad de titular menos de una unidad agrícola familiar (UAF) en caso de que sea imposible otorgar al ocupante otro inmueble “sin afectar su calidad de vida”.

Las principales comunidades indígenas, agrupadas en la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), ya alertaron del riesgo de que se vulnere el derecho a la consulta previa, libre e informada, por cuenta de las disposiciones que el Gobierno introdujo a última hora en el decreto. “En el proyecto sobre acceso, formalización y Fondo de Tierras, presentó textos que benefician a grandes propietarios, lo que indica que nos están utilizando para expedir normas que van en contra de la construcción de la paz pactada en La Habana”, denuncian los indígenas.

Además, estas comunidades señalaron que el Gobierno ha incumplido los compromisos pactados para regular el derecho a la consulta, tal y como está establecido en la Ley 70 de 1994. “El primer incumplimiento del Gobierno es que no ha radicado los proyectos normativos en la Mesa Permanente de Concertación y en los pocos que hemos discutido no se han incluido satisfactoriamente nuestras propuestas. Eso vulnera nuestro derecho a participar en la construcción de una paz con la visión indígena”, explican.

Otro elemento polémico, al comparar los textos, es que la cuenta del Fondo de Tierras para otorgar predios a las comunidades étnicas ya no se nutrirá de “las tierras baldías ancestralmente ocupadas por las comunidades indígenas o negras”, como decía el primer borrador, sino de “tierras que sean reconocidas por la autoridad competente”.

El tierrero que levantaron estos súbitos cambios en el borrador del decreto se suma a la revelación hecha por este diario la semana pasada. Se trató del borrador de la Ley de Tierras que incluyó un artículo que concede amnistía a quienes han acumulado ilegalmente terrenos baldíos que son de propiedad de la nación y tienen como finalidad ser entregados a campesinos sin tierras.

Eso ocurrió luego de que el Gobierno decidió dividir en dos partes la propuesta de marco normativo para las tierras: en el proyecto de decreto ley y el proyecto de ley que pasará por el Congreso. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, antes de su reunión con la ONIC, insistió en que el proceso de concertación continúa y que se han presentado “las discusiones normales que tienen estos procesos para construir un documento que sirva a todos los sectores. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero creo que vamos por buen camino. Hay que hacer unos ajustes sobre lo que hemos adelantado”. Finalmente, fue enfático en que, en todo caso, se respetará la propiedad privada, la libre empresa y el libre comercio.

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