Adopción gay, más allá de lo científico

La demanda que actualmente estudia la Corte Constitucional prioriza el derecho fundamental de los niños a una familia, sin importar si son padres del mismo sexo. / Archivo

Controvirtiendo los informes presentados por el Ministerio de Salud ante la Corte Constitucional que hablan de la no afectación del desarrollo de los niños adoptados por parejas del mismo sexo, la senadora liberal Viviane Morales realizó ayer un debate de control político en la Comisión Primera del Senado al que fueron citados el jefe de la cartera de Salud, Alejandro Gaviria, y la directora del ICBF.

De acuerdo con Morales, dentro de los estudios presentados por el Ministerio no se incluyeron aquellos que mostraban evidencia que concluía que en algunos casos los niños adoptados por parejas del mismo sexo presentan problemas de estrés, baja autoestima y trastorno de identidad sexual. “¿Por qué desconocieron ese otro universo de estudios que descalifican por sus deficiencias metodólogicas esos informes con los cuales se pretende afirmar que no hay ninguna diferencia entre los niños criados por padres heterosexuales y los criados por padres homosexuales”, preguntó la senadora liberal.

Sin embargo, para el ministro Alejandro Gaviria el resultado de los estudios es contundente y no hay ningún tipo de evidencia científica que señale la existencia de riesgos ni para la salud ni para el bienestar de los menores de edad derivados de la adopción de parejas del mismo sexo y, por tanto, su desarrollo cognitivo y emocional es similar en ambos tipos de parejas. “En ese sentido la posición del Gobierno es clara. Creemos en la igualdad ante la ley y por eso el Gobierno está de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas homosexuales”, aseguró el minsalud.

De acuerdo con Gaviria, más allá de las discusiones sobre la veracidad de los estudios científicos, los factores diferenciadores que pueden influir en el bienestar de menores criados por parejas homosexuales están relacionados con el estrés que ocasiona el estigma.

Un argumento que fue retomado durante su intervención por la senadora Claudia López, para quien lo único que puede afectar el normal desarrollo de un niño adoptado por una pareja homosexual es la discriminación tanto social como legal, que genera “estigma, bulling y formas de estigmatización inaceptable”.

Sin embargo, para la senadora de la Alianza Verde, la preocupación mayor es que en Colombia se sigue tratando a la comunidad LGBTI como “ratones de laboratorio”, hablando de estudios que no son válidos para el debate político y constitucional. “Los ciudadanos LGBTI de Colombia no tenemos por qué ser objetos de estudios previos para demostrar que somos ciudadanos. Es absolutamente inaceptable que nos pidan pruebas científicas”, manifestó López, señalando además que la ciencia no puede ser la fuente de los derechos en una democracia.

Aún así, para algunos sectores el debate de fondo sigue siendo sobre cuáles derechos priman: los de los niños a tener una estructura familiar o los de las parejas LGTBI a ejercer su derecho a la adopción, como cualquier otro ciudadano. Para la procuradora delegada para la infancia y la familia, Ilva Myriam Hoyos, la adopción no puede verse como un derecho fundamental, sino como un mecanismo de protección del derecho de los niños a tener una familia. “La posición del Ministerio Público es ya bien conocida. Estimamos que para admitir la adopción se requiere una reforma constitucional. La adopción debe verse desde el principio del interés superior del niño y no desde los intereses de las parejas del mismo sexo”, puntualizó.

Con esa discusión de fondo cobra relevancia la pregunta que durante el debate dejó sobre la mesa la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia: ¿Para un niño considerado de difícil adoptabilidad (ya sea por edad o por tener algún tipo de discapacidad) tienen alguna importancia las características de la estructura familiar a la que llega?

El debate continúa y la decisión sigue en manos de la Corte Constitucional, que hace cuatro meses tuvo que nombrar al conjuez Jaime Córdoba Triviño para disipar el empate entre los magistrados que no lograran un acuerdo. La demanda sobre la que se quiere fallar prioriza el derecho a una familia adoptiva, independientemente de su orientación sexual.