El eje central de la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc es la reparación integral de las víctimas. Un punto que ha sido objeto de álgida discusión por más de un año en la mesa de La Habana (Cuba), a la que han asistido las víctimas de la guerrilla, de los paramilitares y de crímenes de Estado. Sobre este tema, los negociadores llegaron a un acuerdo histórico de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto.
Un asunto transversal en lo que se refiere a reparación y conocimiento de la verdad, pues en Colombia se cuentan por miles los desaparecidos en el conflicto, uno de los delitos más complejos, porque los familiares se mantienen a la espera de conocer el paradero de sus seres queridos y por qué fueron asesinados.
Como señaló el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, “no saber lo que ha ocurrido y estar privados al menos del último contacto para despedir a sus seres queridos, es algo atroz, realmente muy doloroso. Es una agonía permanente”.
Y es que el conflicto armado colombiano ha dejado personas dadas por desaparecidas por múltiples razones: víctimas de secuestro que murieron en cautiverio, víctimas de desaparición forzada, víctimas de masacres cuyos restos nunca fueron ubicados, integrantes de la Fuerza Pública e integrantes de las Farc muertos en combate, cuyos restos no fueron ubicados.
Esta multiplicidad de hechos hace compleja la misión de encontrar la verdad sobre los desaparecidos. El Instituto Nacional de Medicina Legal, responsable del Registro Nacional de Desaparecidos, señala que en Colombia se han registrado 89.736 casos hasta el 31 de diciembre de 2013, de los cuales, 20.944 presuntamente corresponden a desapariciones forzadas.
En cuanto a las Farc, el procurador Alejandro Ordóñez presentó un informe de 80 páginas en el que se documentan 2.760 casos de desapariciones de personas por parte de esta organización, en especial en las regiones de Meta, Caquetá, Antioquia, Nariño y Putumayo. Por su parte, la Unidad de Víctimas tiene registradas como desapariciones forzadas por agentes del Estado cerca de 4.500 personas, entre las que están los denominados falsos positivos.
Se trata entonces de diferentes informaciones en las que no hay claridad sobre el número y cuáles están realmente relacionadas con el conflicto. Por eso, las partes acordaron que la columna vertebral será el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), encargado del diseño y puesta en marcha de planes humanitarios para la búsqueda, con base en la información entregada por el Gobierno y las Farc.
El CICR recibirá también información proveniente de las organizaciones de víctimas, dejando claro que en la Mesa de Conversaciones se definirá un plan de trabajo para que con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses diseñen y pongan en marcha los planes especiales humanitarios, con información y apoyo de la Fiscalía.
Al respecto, Christoph Harnisch, jefe de Delegación del CICR en Colombia, por medio de un comunicado, señaló que “lo haremos con el fin humanitario que guía siempre nuestra acción: aliviar el sufrimiento de las víctimas. Pondremos toda nuestra experiencia en función del apoyo a los familiares, la exhumación de restos mortales en zonas donde no pueda hacerlo el Estado y la asesoría a las instituciones responsables”.
El jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, ratificó el compromiso al señalar que “tanto el Gobierno como la insurgencia colaborarán en función de acelerar el trabajo para ubicar, identificar y entregar los restos de las víctimas”. Hizo énfasis en la participación de las víctimas en las diferentes entidades que se van a crear.
El sistema de las Naciones Unidas en Colombia también manifestó su satisfacción con el acuerdo y destacó que “los procesos se adelanten con total respeto a las costumbres, tradiciones y cultura de los familiares de los desaparecidos. Así como que se garantice el apoyo psicosocial”. Sin embargo, señalan que es importante que se disponga de suficientes recursos humanos y financieros. porque se trata de un proceso complejo que debe perdurar durante varios años.
Uno de los aspectos más importantes de este acuerdo es la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el país (ver infografía ), una entidad de carácter humanitario y extrajudicial encargada de buscar a las personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto.
A juicio de De la Calle, “es importante destacar la condición extrajudicial, porque es la que permite que se genere el ambiente adecuado para que la información pueda ser plenamente compartida. Igualmente es necesario enfatizar que el trabajo que hará no sustituye ni impide las investigaciones de carácter judicial, tal como quedó establecido en el acuerdo”.
Luego de décadas de conflicto, este acuerdo resulta trascendental para la tranquilidad de miles de víctimas y sus familiares que no han podido conocer los motivos, ni la ubicación de sus seres queridos, un asunto en el que tienen responsabilidad todos los actores del conflicto: Estado, guerrilla y grupos paramilitares.
