Cambio Radical da un paso al costado y no votará reglamentación de la JEP

Cristian Garavito - El Espectador

“Esta iniciativa premia de manera significativa y desequilibrada a los miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc”. Este fue uno de los argumentos que esgrimió el partido Cambio Radical –otrora uno de los incondicionales del Gobierno Nacional y miembro de la denominada Unidad Nacional– para apartarse de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Congreso, donde se comenzó a discutir esta ley estatutaria que guiará el funcionamiento de ese nuevo tribunal. 

(Lea: En Congreso se debate la ley que pone en marcha la JEP)

A través de un comunicado de prensa, la colectividad anunció que no votará la iniciativa y se declara ‘insatisfecha’ por la forma como quedó integrado el Tribunal Nacional de Paz. La decisión fue adoptada al término de una ‘reunión de urgencia’ encabezada por el director del partido, Jorge Enrique Vélez, y los congresistas del movimiento.

“Cambio Radical considera que la justicia ordinaria debe preservar su autonomía e independencia, como lo consagra todo Estado de Derecho, que debe respeto por las funciones jurisdiccionales ya establecidas, y no entregarle todas estas competencias a una justicia de excepción”, advierte el partido, que resalta los cuestionamientos sobre la ‘idoneidad’ de todo lo relacionado con la JEP en la composición del Tribunal Nacional de Paz.

La colectividad también la emprende contra los recién elegidos 51 magistrados que se encargarán de tomar las decisiones en las investigaciones adelantadas a los actores del conflicto que se sometan a ella. Según Cambio Radical, con “contadas excepciones”, la mayoría de los nombrados “tiene una clara tendencia política que no genera ninguna clase de garantías”.

Aunque la iniciativa deja claro que a esta justicia no podrán someterse, de ninguna manera, los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley ni bandas criminales, el partido indica que el Tribunal Especial de Paz “no puede convertirse en una herramienta para vincular a terceros que no han hecho parte de los grupos armados al margen de la ley” y señala que se trata de una instancia que “no ofrecerá las garantías jurídicas suficientes”.

La discusión de la reglamentación de la JEP es la última que queda en Congreso, en cuanto a justicia, en lo que la implementación del Acuerdo de Paz se trata. Una vez aprobada la ley estatutaria, debe pasar a revisión en la Corte Constitucional, que, por cierto, en la actualidad estudia el aval del acto legislativo de la JEP y la Ley de Amnistía.